Las 18 cabezas del millonario negocio del gota a gota

¿Cuántas veces le han entregado en la calle tarjetas en las que le ofrecen préstamos inmediatos, “sin importar el monto” y sin fiador?

Si está pensando en atender esos cantos de sirena, piénselo dos veces: no solo va a tener que pagar 10 veces o más de lo que cancelaría en intereses por un crédito bancario, sino que estará aceitando una máquina que lava la plata manchada de sangre de todas las bandas criminales, incluido el ‘clan Úsuga’.

Tarjetas y volantes repartidos puerta a puerta son los ganchos del ‘gota a gota’, una modalidad de préstamo a la que recurren usualmente los colombianos más pobres�o los que no tienen perfil crediticio por haber estado reportados o porque no tienen una fuente de ingreso formal.

Lo que no se ve detrás de esas ofertas y de los cobradores que rondan en moto por ciudades y pueblos es un millonario negocio que, según las autoridades, mueve cada día hasta 2.500 millones de pesos, y que en un solo mes puede cobrar, muchas veces a la brava, el 20 por ciento o más de intereses.

Se manejan préstamos rápidos hasta por cinco millones, a los que acuden desde amas de casa hasta pequeños comerciantes, y otros por montos superiores a los 100 millones de pesos que se respaldan con escrituras e hipotecas. De la gravedad de los cobros dan fe decenas de denuncias por estafa, usura, amenazas, lesiones personales, falsedad en documentos y hasta homicidios que han puesto a Policía y Fiscalía tras la pista de las poderosas redes que manejan el ‘gota a gota’.

Tan solo el año pasado las autoridades abrieron casi 400 procesos por delitos relacionados con esta modalidad delictiva. Una investigación adelantada en los últimos ocho meses por la Dijín revela que hay 18 grandes cabezas de ese negocio en el país.�

En Bogotá, las cabezas visibles son dos mujeres y un hombre. La más conocida, la ‘gorda Mayerli’, opera en la central de alimentos más grande del país, Corabastos, y desde allí controla unas 20 redes de ‘gota a gota’ que cubren las localidades de Kennedy, Bosa y el municipio de Soacha.

En Corabastos hay decenas de historias de familias que entregaron sus puestos por créditos que no lograron pagar. Incluso, la Policía instaló allí un Gaula para enfrentar una actividad que, se cree, está relacionada con varios homicidios. El último caso en investigación es el crimen del comerciante de frutas Yoisen Salazar, al que sicarios mataron en enero cuando salía de su casa hacia la mayorista.

Tan solo en Bogotá, cada día se mueven 1.000 millones en esos préstamos. El sector de San Victorino y el Sanandresito de la calle 38 son otros epicentros del negocio en la capital.

Los préstamos rara vez pasan de 26 días (todos los días del mes, descontando los domingos), y cuando se cumple el plazo el deudor habrá pagado el monto del préstamo más un 20 por ciento de intereses. Es decir, si le entregaron un millón de pesos, al terminar el mes el agiotista tendrá de vuelta 1,2 millones. Eso equivale a rendimientos del 240 por ciento anual, una tasa de ganancia solo comparable a la del narcotráfico.

“En el año 2014 se me cayó el negocio, un restaurante. Me atrasé en el pago del arriendo, los salarios y servicios”, narró a EL TIEMPO un empresario que, aconsejado por un amigo, recurrió a un ‘gota a gota’ de alto nivel. El prestamista le dijo que podía entregarle los 75 millones de pesos que necesitaba, pero que tenía que poner como garantía las escrituras de un inmueble a su nombre.

“Ningún banco me prestaba por no cumplir los requisitos y las deudas me asfixiaban.�Pensé: ‘en unos meses me repongo y vendo el local, pago el préstamo y los 15 millones de intereses’ ”, dijo el comerciante.

Entregó las escrituras de un apartamento de Bogotá avaluado en 420 millones de pesos: “Me atrasé y me amenazaron a mí y a mi familia. Prácticamente me obligaron a traspasarles el apartamento y así saldé mi deuda”.

Por temor no interpuso la denuncia. Hoy cuenta que “esos tres meses fueron un infierno”. “Uno no se da cuenta, pero está negociando con criminales organizados”, asegura.

Historias como esta, de expropiación de bienes a la fuerza, se cuentan por centenares. En Colombia, la Policía ha identificado 137 municipios en donde el fenómeno del ‘gota a gota’ es un mal crónico: en 17, el control directo lo tiene el crimen organizado.

Así se mueve el negocio

Volanteros

El negocio empieza con los ‘volanteros’, que se encargan de repartir las tarjetas, especialmente en zonas comerciales de barrios de clase media y baja y sectores residenciales, donde pescan a los clientes más necesitados o más incautos.

Administrador

Hay también un ‘administrador’, que se encarga de recibir las llamadas y verifica personalmente a quién se le va a entregar la suma solicitada y la garantía que ofrecerá, que va desde cheques en blanco hasta escrituras de bienes.

Cobradores

Los ‘cobradores’ se desplazan en su gran mayoría en moto y se encargan de recaudar a diario los intereses y, en la fecha, el capital prestado. Aunque pueden recoger millones de pesos, no se conoce de atracos en su contra.

Jefes de seguridad

Y cuando el cliente ‘se cuelga’, entran a escena los llamados ‘jefes de seguridad’, que se encargan de presionar los pagos. Las amenazas y la violencia armada son su especialidad.

Delito que no se ha tipificado

Como en otros negocios ilegales, el que quiera ‘invertir’ tiene que ‘tributar’ al poder criminal de la zona. En el caso de ‘franquicias’, el 5 por ciento del valor del crédito va para esos fines. O se paga una suerte de ‘derecho de entrada’: 2 millones de pesos.

El modelo, que es copiado de la mafia italiana, ha sido exportado por colombianos a México, Brasil, Honduras, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. En México se tiene noticia de al menos una docena de colombianos asesinados por ser cobradores del ‘gota a gota’.

“En la mayoría de esos países, esa actividad no existía y por lo tanto no es delito. No está tipificada en las legislaciones y colombianos aprovecharon esa situación. Por eso controlarlo ha sido tan complejo”, dice el general Jorge Luis Vargas, director de la Dijín.

De hecho, la Policía colombiana, como lo hace en cuestiones de drogas y terrorismo, está asesorando a varios países del hemisferio para atacar esa actividad.

Los dueños de la plata

En Urabá, el ‘clan Úsuga’ es el verdadero dueño del ‘gota a gota’.�Allá están identificadas unas 50 redes que dependen de un delincuente conocido como ‘Jimmy Luma’.

La situación es similar en Córdoba, donde tres fichas del clan controlan unas 75 estructuras dedicadas a promover créditos venenosos.

‘Rafael’, ‘Negro Valle’ y ‘Leonardo el Gordo’ responden por esas platas. “Utilizan los préstamos para lograr control territorial porque el comerciante y el ciudadano del común que les debe plata terminan de una u otra forma advirtiendo de la presencia de las autoridades y otro tipo de situaciones”, dice una fuente de la Dijín.

En Montería, el control del negocio está en manos de alias Elkin.

Los cobradores en moto suelen ser los ‘carros de valores’ de otros negocios ilegales: microtráfico y pequeñas extorsiones en los territorios azotados por la delincuencia del clan.

En Antioquia y Medellín, el crimen organizado controla los préstamos ilegales. En la capital paisa, unas 30 redes de prestamistas tienen que rendirles cuenta a las cabezas de la banda de ‘los Triana’, que delinque en el sur de la ciudad y en los municipios de Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

Uno de los herederos de ese clan maneja a la vez extorsiones a pequeños negocios y los préstamos a esa misma clientela. Investigaciones de la Policía Metropolitana y la Dijín señalan que bandas como ‘los Cocuelos’, que son un flagelo por los robos que cometen, maximizan ganancias mediante el ‘gota a gota’, pero pagan tributo a ‘los Triana’.

Lo mismo le pasa al ‘Gordo’, cabeza de una estructura delictiva que opera en la comuna 13. Son aproximadamente 13 redes de préstamos a su cargo, con las que financia el microtráfico y la guerra territorial que libra con otros grupos.

En Cali, los capos son conocidos como ‘Guillo’ y ‘Luis’; el negocio está amarrado a bandas y ‘oficinas de cobro’ del narcotráfico. Un caso famoso es el incendio de una humilde casa en el barrio Córdoba en marzo. Según la dueña, el fuego fue el castigo por haberse ‘colgado’ en un préstamo.

La cabeza del negocio en el Eje Cafetero, que presta plata por esa zona y parte del Tolima, es conocida como ‘David’.�Su base, dicen informes de inteligencia, es el municipio de Calarcá. En Ibagué, la capital, hay un capo del negocio conocido como ‘Miguel’.

Los conocidos como ‘Romo’, en Pasto; ‘Riofrío’, en Buenaventura, y ‘Esmit’, en Tunja, también están en la mira de las autoridades. Sus verdaderos nombres no son revelados para no afectar los procesos de judicialización ya en curso.