Mancuso enfrenta millonaria deuda por reparación de víctimas

Mancuso enfrenta millonaria deuda por reparación de víctimas

Mancuso enfrenta millonaria deuda por reparación de víctimas

Fuente: LA FM (Ver Noticia Original)

A Salvatore Mancuso y a otros 45 exparamilitares se les halló culpable de cometer más de 1.300 crímenes. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, condenó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y a otros  45 exintegrantes del Bloque Catatumbo de las Autodefensas  por su responsabilidad en un total de 1.323 hechos criminales ocurridos entre mayo de 1999 y diciembre de 2004, en Norte de Santander.

Ante las pruebas recolectadas, Salvatore Mancuso y los demás exparamilitares fueron condenados a la máxima condena de justicia y paz de ocho años de prisióny al pago de multas de hasta 6.500 millones de pesos.

El fallo del Tribunal ordenó a Salvatore Mancuso y a los demás exparamilitares a reparar patrimonialmente los daños morales y materiales causados a las víctimas acreditadas en el proceso.

En el marco del proceso se establecieron 568 casos de homicidios,entre ellos los cometidos durante las masacres de Villa del Rosario, Arboledas, Los Patios, El Tarra y Tibú.

La Fiscalía también demostró la responsabilidad de este grupo de exparamilitares en 55 casos de desaparición forzada, la mayoría relacionados con población civil y representantes de las comunidades que fueron retenidos en zona rural y sobre los cuales se desconoce su paradero; y 700 eventos asociados con desplazamientos forzados.

Para la Fiscalía, las diferentes estructuras armadas del Bloque Catatumbo, por directriz de los máximos cabecillas, adoptaron patrones de macrocriminalidad «constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad,como masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, secuestros, amenazas y accesos carnales violentos».

Según las investigaciones se logró probar que las víctimas de estas conductas criminales  fueron personas protegidas, entre población civil y representantes de las comunidades, quienes fueron instrumentalizados para ejecutar actos delictivos en la región o señalados equivocadamente de colaborar con otros grupos armados al margen de la ley.

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