Las nuevas pruebas contra Aguilar por el cartel de la chatarrización

Las nuevas pruebas contra Aguilar por el cartel de la chatarrización

Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)

Fiscalía sustentará la necesidad de que miembros de su familia capturados vayan a la cárcel.

El imperio de Pedro Antonio Aguilar, el hombre que fundó la Asociación Colombiana de Camioneros y tuvo bajo su control el gremio de los transportadores de carga por más de dos décadas, se sigue derrumbando.

Al proceso que se lleva en su contra por fraude en lo que se conoce como el ‘cartel de la chatarrización’, y que hoy lo tiene tras las rejas, se suma la captura de este miércoles de su esposa, Liliana Duque; de su hija María Alejandra; del esposo de esta última, Felipe Lloreda Cucalón; y de su hermano Luis Eduardo Aguilar.

Los cuatro enfrentan cargos por lavado de activos, concierto para delinquir y falsedad en documento público, delitos que tienen una pena de entre 10 y 30 años de prisión.

La investigación, que adelantan desde hace dos años la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía y la Policía Judicial-Dijín, vincula directamente a Aguilar y a su entorno familiar en una compleja maniobra ilegal para la adquisición de bienes y la conformación de empresas de papel.

 

Aguilar, dice el expediente, se valió de varias trampas, entre ellas sobornar a funcionarios del Registro Único Nacional de Transporte, Runt, desde el 2006,�para hacerse con los subsidios de chatarrización por sacar de uso camiones y tractomulas en mal estado.

El fraude en contra del Estado asciende a 600.000 millones de pesos.�
La investigación llevó además a que la Fiscalía solicitara ante Interpol la emisión de circular azul (de ubicación) de Johanna Castillo. Ella está en España y tiene un hijo con Aguilar. También hay solicitud de ubicación para Liliana Aguilar, hija del ‘zar camionero’ y quien reside en Canadá.

La legalización de las capturas está prevista para este jueves y viernes ante jueces de Cali. Allí los investigadores mostrarán los hallazgos del proceso como las anomalías en 20 subsidios de chatarrización, por valores entre los 30 y los 90 millones de pesos cada uno, sobre los que se ha comprobado o que no existieron los tractocamiones o que su valor y capacidad de carga fueron inflados para lograr mayores subsidios del Estado.

Tres peritos contables que forman parte del equipo investigador le vienen siguiendo la huella a cada movimiento económico del clan Aguilar. Documentaron que de un patrimonio declarado de 1.080 millones de pesos pasaron en menos de dos años a 10.000 millones. Esa multiplicación de su capital es una de las explicaciones que deberán dar los capturados.

“La Fiscalía y la Policía tienen como prioridad el proceso de la chatarrización y todo lo que tenga que ver con corrupción. En el caso de Aguilar, una de las tareas es identificar si las finanzas criminales y los bienes adquiridos los pudo haber traspasado a terceros o a miembros de su familia”, dijo a EL TIEMPO el general Jorge Luis Vargas, director de la Dijín- Interpol.

En total son 85 bienes de los Aguilar avaluados en 50.000 millones de pesos los que entraron ayer al proceso de extinción de dominio. Entre esos bienes hay un apartamento que estaba en poder de la esposa de Aguilar en Cali y que está avaluado en más de tres mil millones de pesos. Frente a ese y otros bienes se trata de documentar si ocurrió algo que es considerado ya un modus operandi del líder camionero: de tener inicialmente los bienes a su nombre pasó a cederlos a su entorno directo en un lapso de tres años.

En el expediente se dice que para enmascarar la plata del saqueo al Estado, Aguilar conformó por lo menos 20 empresas, unas legales y otras de papel, dedicadas al transporte de pasajeros, transporte de carga y venta de repuestos que figuran a nombre de familiares y allegados.

Uno de los casos es el de un vigilante y dos empleadas domésticas que aparecen como propietarios de millonarios bienes.

Ante los jueces, y con todo este arsenal probatorio, la Fiscalía y la Policía tratarán de lograr que los detenidos sean enviados a prisión, pues consideran que hay alto riesgo de que obstruyan la justicia o de que huyan del país.