Círculo cercano de Juan Guaidó enfrenta nueva denuncia por corrupción

Círculo cercano de Juan Guaidó enfrenta nueva denuncia por corrupción

Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)

Washington Post reveló cuestionadas actividades del comisionado para la gestión de activos. El presidente interino de Venezuela, reconocido por más de 60 países, Juan Guaidó, enfrenta intensas presiones dentro y fuera de Venezuela por cuenta de las revelaciones del Washington Post�en el que se señala de una presunta trama de corrupción dentro de su entorno cercano.

Un día después de las explosivas revelaciones, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, le pidió a Guaidó que rinda cuentas de los recursos recibidos y recuperados por parte del Gobierno interino.

El Post�agrega que tras conocerse dicha información, Guaidó mostró su interés en abril de 2018 lo que llevó a que parte del círculo cercano del presidente interino sostuviera más de 12 reuniones con los empresarios.

Ledezma reiteró en su exigencia de rendición de cuentas que Guiadó aclare qué se hizo con esos activos y qué recursos han manejado las embajadas designadas por el opositor. «Eso lo pedimos en nombre de todos los venezolanos en aras de salvaguardar la confianza e integridad del Gobierno interino», dijo en una entrevista a un medio local venezolano.

Hasta el momento, es el embajador de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, quien se ha pronunciado frente al tema y le solicitó al gobierno estadounidense que lleve a cabo su propia investigación sobre el caso.�“No pongo mis manos en el fuego por nadie”, dijo Vecchio. “Creo que si hay pruebas, tenemos que investigar”.

Según las revelaciones del diario estadounidense, los actos de corrupción en el gobierno de Guaidó están relacionados con el manejo irregular de activos del país en el extranjero y que fueron recuperados en conjunto con la gestión del gobierno de Donald Trump.

La trama de corrupción involucraría a Fernando Blasi y Javier Troconis, este último nombrado por el líder opositor como comisionado presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos. También se menciona a José Ignacio Hernández, nombrado en 2019 por Guaidó como procurador, y al abogado argentino Sebastián Vidal que, según detalla el Post, pactó el pago de una comisión por 26 millones de dólares.

Según la Fiscalía venezolana, en septiembre del año pasado el Ministerio Público abrió una investigación contra cuatro funcionarios nombrados por Guaidó por intentar el cobro de sobornos para la firma de un contrato�que le otorgaría poderes a un consorcio de empresas radicadas en Miami, con el propósito de “robar activos del país en el exterior”.

La investigación del diario, que incluye más de 20 entrevistas y la revisión de múltiples documentos y contratos, siguió las pistas de una denuncia anterior realizada en septiembre de 2020, por Factores de Poder, medio de la periodista de investigación y exiliada política venezolana, Patricia Poleo, que tiene sede en EE. UU.

En ese entonces, el Comisionado Presidencial Troconis, compareció ante la Subcomisión Especial de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que investiga las denuncias manifestadas por los representantes legales de la empresa Caribbean Recovery Assets (CRA) Consortium, vinculada con la supuesta trama de corrupción durante un proceso de recuperación de activos en el extranjero que revive de nuevo el Post.

Troconis, voluntariamente, envió una carta solicitando acudir ante la Comisión de Contraloría para declarar las denuncias formuladas por el consorcio CRA, en donde rechazó los señalamientos y ratificó que nunca se suscribió algún contrato de servicios con el citado consorcio.

Inclusive, para entonces, Troconis alegó que la decisión de no firmar el contrato con CRA se debió a que sus representantes legales, los ahora informantes, Jorge Reyes y Pedro Antar, habían sido sujetos de medidas disciplinarias por fraude corrupción, por parte de la autoridad supervisora financiera FINRA de Estados Unidos.

El comisionado presidencial denunció que luego de varios días, el embajador Carlos Vecchio y Gustavo Tarre Briceño «recibieron una carta que afirma que hay un equipo que estaba actuando en nombre del Gobierno interino en Santa Lucía y en otros países, donde ese consorcio se estaba atribuyendo la representación del Estado» y señaló que notificó al Departamento del Tesoro de EE. UU de lo que estaba ocurriendo.

De esta manera, para finales de septiembre de 2020, el Gobierno interino de Juan Guaidó emitió este comunicado en el que respalda la versión de Troconis.

Ahora bien, los nuevos informes revelados por el Washington Post exponen no solo las contrataciones fraudulentas del caso Petrocaribe, sino que habla sobre deuda petrolera en Paraguay y una cuenta del Ministerio de Alimentación por 1.700 millones de dólares en Reino Unido. Todos firmados ilegalmente por Troconis.

Según relata el diario, la oposición venezolana necesitaba dinero para poder poner en marcha su plan en el exterior para socavar su base chavista. Para eso, los empresario Reyes y Antar ofrecieron un plan para conseguir ese dinero buscando activos de Venezuela en el Caribe.

“El comité de la Asamblea Nacional también investigó un contrato que Troconis firmó con un bufete de abogados del sur de Florida para recuperar una cuenta en Gran Bretaña que contenía casi $1,7 mil millones del Ministerio de Alimentos de Venezuela”, señala el diario.

No obstante, Troconis dijo en declaraciones al mismo diario que los acuerdos fueron pactados con total conocimiento de Juan Guaidó.

Si bien, las acusaciones de Reyes y Antar fueron desestimadas en septiembre de 2020 por el Gobierno de Guaidó, ante las nuevas evidencias expuestas por el Post, el actual fiscal general del presidente interino, Enrique Sánchez Falcón, señaló que Troconis no estaba autorizado para ejercer funcione propias del fiscal general.

“El único autorizado para firmar contratos con bufetes de abogados o empresas de recuperación, en nombre de la República o empresas estatales, es el fiscal general de la República… Cualquier contrato firmado por personas distintas de las mencionadas en la respuesta anterior será ilegal y, por lo tanto, inválido”, dijo Sánchez en un correo electrónico enviado al Washington Post.