Por desfalco de $38 mil millones a universidad en Chocó, judicializan a 9 personas
Por desfalco de $38 mil millones a universidad en Chocó, judicializan a 9 personas
Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original)
Entre los judicializados que fueron enviados a la cárcel están directivos de la Universidad Tecnológica de Chocó (UTCH).
Las autoridades investigan cuál fue el paradero de un poco más de $38 mil millones que están refundidos en la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH). La Fiscalía puso la lupa sobre nueve personas que llevó ante los estrados judiciales por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documentos público.
Bajo el radar de la Fiscalía están: Eduardo Antonio García Vega exrector de la UTCH; Manuela Gómez Córdoba, extesorera; César Augusto García Pino, representante legal Consorcio Atrato; Yesid Emilio Aguilar Lemus, coordinador del proyecto maderero y Ángel María Melo Chaverra, interventor de un contrato. Todos fueron enviados a la cárcel.
Mientras que quedaron en libertad, pero vinculados al proceso: Fredy Iván Paz Perea, tesorero de la UTCH; Alexander Palacios Mosquera, actual vicerrector administrativo de la UTCH; Lilia Mercedes Mena López, hoy jefe financiera de la UTCH y Edinson Ledezma Ramírez supervisor del contrato.
Los hechos por los que están ante los estrados, según la Fiscalía, es porque, al parecer, suscribieron varios contratos relacionados con el suministro de maquinarias y equipos industriales, además, de la construcción de un Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera en el municipio de Atrato. Estas acciones, de acuerdo con la investigación, se registraron en el marco de la implementación de dos proyectos de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria.
La finalidad inicial era capacitar a los habitantes de los municipios de Riosucio, Acandí, Quibdó, Carmen de Atrato, Tadó, Itsmina, Bahía Solano y Juradó (Chocó). Sin embargo, las investigaciones dejaron en evidencia que los hoy procesados, al parecer, suscribieron, tramitaron y autorizaron el pago de los contratos sin que existieran estudios previos para su ejecución.
Igualmente, la Fiscalía estableció que los recursos destinados para esos contratos no tuvieron una póliza vigente y que, además, no fueron depositados en una fiducia si no que, por el contrario, fueron girados a cuentas de particulares. Además, no se evidenciaron avances en las obras a pesar de tener como fecha límite para la ejecución el mes de diciembre de 2019.
