Abren investigación por posible desfalco en chatarrización de carros en Medellín
Abren investigación por posible desfalco en chatarrización de carros en Medellín
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
La Procuraduría busca precisar qué funcionarios de la Alcaldía de Medellín están involucrados. Un cuestionado contrato suscrito entre la Alcaldía de Medellín y la Unión Temporal RYM para la chatarrización de 50.000 vehículos en la ciudad es el centro de una nueva investigación de la Procuraduría, ante supuestas irregularidades en su elaboración y firma.
Se trata del contrato 4600094209, que fue suscrito luego de realizarse el proceso de selección abreviada por subasta 9014404 de 2022 por la alcaldía de Daniel Quintero para chatarrizar esa cantidad de vehículos que se encuentran abandonados en los patios de la Secretaría de Movilidad.
El lío del asunto reside en que se pactó un valor de 98 pesos por kilogramo, cuando el valor comercial en el país oscila entre los 1.000 y 1.800 pesos por kilogramo, lo que habría implicado que la Alcaldía dejara de recibir una millonaria suma al pactarse un valor más bajo del debido.
Según la entidad, por cada kilogramo vendido de chatarra, se habrían perdido más de 900 pesos para el erario, lo que constituiría una disminución del patrimonio público.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Novena y Cuarta para la Contratación señaló que también se examina si los “requisitos para participar en el proceso de subasta que precedió el referido contrato fueron establecidos ‘a la medida’ de la Unión Temporal RYM”.
En ese sentido, el Ministerio Público comenzó una etapa probatoria para determinar qué personas intervinieron en las etapas precontractuales y en las contractuales y precisar, además, si la función de contratación se delegó a una autoridad distinta al alcalde Daniel Quintero.
Igualmente, se le pidieron a la Alcaldía copia de todos los estudios y documentos previos que se hicieron para la subasta y copia del contrato, así como la certificación laboral de quienes los suscribieron.
También se solicitó una certificación que contenga el nombre del funcionario encargado de administrar el perfil en la plataforma Secop II, con el rol de ordenador del gasto, y que aprobó de manera electrónica el contrato cuestionado. Los documentos solicitados incluyen una certificación del alcalde Quintero en la cual “se acredite dirección de residencia, correo electrónico, salarios devengados y funciones del cargo”.
¿Qué ha dicho la alcaldía?
En un debate de control político en el concejo de Medellín, el corporado Daniel Duque (Alianza Verde) presentó la denuncia por posibles irregularidades y sobre costos en la subasta del contrato.
En la plenaria, Duque aseguró que el precio base de la puja -que se fijó en 98 pesos por kilogramo- fue muy bajo, si se compara con procesos similares en otras ciudades. «Se pidieron 4 cotizaciones y solo 2 empresas respondieron, 3 de ellas por fuera del Valle de Aburrá«, dijo el concejal. Además, sobre los contratos que se analizaron para establecer el precio aseguró que: «no se tuvo en cuenta elementos como la cantidad de vehículos a chatarrizar, la modalidad contractual o el número de oferentes».
Frente a lo denunciado por Duque, el secretario de Movilidad de Medellín, Víctor Piedrahíta, aseguró en el concejo que se pidieron estudios de mercado a 4 de las 5 empresas certificadas para el proceso de chatarrización.
«Eso hace que la presunta mafia que plantea el concejal puede ser cierta. Casi siempre son los mismos los que se pelean este tipo de cosas en el país», apuntó el funcionario.
Además, explicó que en Medellín no se pone disponibilidad presupuestal para el proceso y que, en la ciudad, a diferencia de otras, se busca garantizar la venta de material ferroso y no chatarra. Sobre el precio que se fijó para la subasta, el secretario dijo que llegó a un precio que garantice que ese volumen será evacuado en el menor tiempo posible y que no se entre en el negocio de las autopartes.
Por su parte, la secretaria de Suministros y Servicios de Medellín, Karen Delgado, aclaró que tres días después de la adjudicacióndel proceso se recibió una solicitud de oposición por parte del segundo proponente, que llevó a la suspensión de la firma del contrato.
«Iniciamos los trámites para verificar que era lo que estaba sucediendo que hacía que un proponente se opusiera», indicó Delgado. EL TIEMPO consultó con la alcaldía de Medellín por la apertura de indagación de la Procuraduría, pero desde allí aseguraron que por ahora no habrá ningún pronunciamiento
