Carlos Albornoz, exdirector de la DNE, fue hallado culpable en caso Villa Country

Durante el tiempo que Carlos Albornoz estuvo al frente de la Dirección Nacional de Estupefacientes (2006-2009), una entidad que se encargaba de administrar los bienes decomisados al crimen organizado, propiedades bajo su gestión fueron vendidas a millonarios empresarios, quienes se hicieron con los bienes a través verdaderas “gangas”. El capítulo se conoce como parte de lo que fue llamado “el desfalco a la DNE”. Uno de esos edificios es el Centro Comercial Villa Country, ubicado en Barranquilla, el cual le fue entregado en 2009 a Leo Eisenband Gottlieb, dueño de una importante marca de productos de belleza (Fedco), por un valor menor al de su avalúo catastral. Por estos hechos, un juez acaba de condenar a Albornoz y, además, ordenó su captura inmediata.

El juez 37 del Circuito de Bogotá encontró que la Dirección Nacional de Estupefacientes le vendió de forma corrupta a Leo Eisenband, dueño también de Inversiones Eliat Ltda., el centro comercial por $18.362 millones. Durante la fase investigativa, la Fiscalía comparó tal cifra con los registros del Instituto Agustín Codazzi, que determina el avalúo catastral de los predios en Colombia, y demostró que la propiedad fue entregada $3.643 millones más barata. El intermediario del negocio fue Camilo Bula, exliquidador en la DNE, quien se sometió a un principio de oportunidad con la Fiscalía para explicar cómo altos funcionarios habrían participado en el desfalco, a través de trueques en los que se adulteraban documentos y se falsificaban actas notariales.

“El suscrito juez no tiene otro camino que proferir sentencia condenatoria por cuatro delitos: peculado por apropiación en beneficio propio y de terceros, agravado por la cuantía, en concurso con el delito de fraude procesal, por el engaño a diferentes funcionarios durante su gestión como director Nacional de Estupefacientes. Además, tenemos la autoría en los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en expedición de documento público”, decretó el juez 37 penal de Circuito de Bogotá, en audiencia de sentido de fallo. Tras valorar los testimonios allegados y las pruebas documentales, el togado determinó que Albornoz es culpable por el manejo irregular de los bienes del Estado.

En principio, ante lo que consideró como una incompetencia de la misma Fiscalía, el juez absolvió a Carlos Albornoz por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por omisión y obtención de documento público falso, pues el exfiscal Santiago Gonzales, quien llevaba el caso con anterioridad, hizo una depuración del 40% de las pruebas que llegaron a la audiencia de juicio oral. Se trataba de una presunta vinculación del exdirector de la DNE con la venta irregular de otros tres bienes, casos que quedaron congelados porque el ente investigar no los llevó a discusión para la presente audiencia. Seguido de esto, el togado dio inicio a la lectura del sentido del fallo.

El juez le dio total credibilidad al testimonio de Camilo Bula, quien está condenado desde el año 2013 por cohecho (soborno) y peculado (fraude) a favor de terceros. De acuerdo con las declaraciones, Bula fue contratado por el propio Albornoz en 2007, luego de haberse conocido en un tramite de la Fiscalía, donde trabajaba el antiguo liquidador de la DNE. El testigo aseguró que la venta del centro comercial Villa Country se pactó en Miami, luego de varias conversaciones con Leo Eisenband y la inmobiliaria Araujo&Segovia. El edificio pertenecía al clan mafioso de los Nasser Arana, investigados por narcotráfico, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Camilo Bula le explicó a la Fiscalía que, además, se pactaron diversos negocios, en reuniones clandestinas en restaurantes y en el propio apartamento del entonces director, en los cuales Albornoz habría recibido comisiones por liquidar bienes a favor de empresarios. “Dijo que quería $800 millones, dinero que se le entregó por concepto de la venta del Centro Comercial Villa Country. Se le entregaron en varios contados. Fue un negocio de palabras y en esto no había garantías. Una vez vendido, a mediados de 2009, Albornoz se retira de la dirección”, testificó el liquidador del bien en cuestión.

Luego de eso, el juez 37 penal de circuito comenzó a dar pistas de la decisión que estaba por venir, pues explicó en medio de la audiencia que Albornoz “tenía un rol de garantía porque era su obligación realizar vigilancia sobre esa administración, sobre todo para la venta del centro comercial Villa Country”. Una vez inició con las consideraciones previas, se refirió al testimonio de una de las funcionarias de la DNE, quien aseguró que toda decisión debía pasar por el escritorio de Albornoz. Desde la elección de los liquidadores, hasta las resoluciones de venta de predios. “¿Cómo se puede pregonar que el director era ajeno y que no tenía responsabilidad?”, sentenció el juez.

El exdirector Nacional de Estupefacientes renunció a su puesto a mitad de 2009, sin embargo, el negocio por el centro comercial Villa Country se dio en diciembre de ese año. Para el juez, que Camilo Bula no haya denunciado al siguiente director, Omar Figueroa, significa que todo el entramado criminal se fraguó durante la gerencia del hoy condenado. “Desde diciembre de 2007 se empiezan a dar unos pasos. Hoy el estrado da cuenta de cuatro escrituras públicas que explican la asociación criminal (entre Bula y Albornoz). Una de ellas es una reforma a la propiedad horizontal del centro comercial, que permitió que el predio quedara a un menor precio”, explicó.

El juicio paralelo por el predio Granja 32

El 6 de septiembre de 2019, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la absolución de Carlos Albornoz, por la venta en supuestas condiciones irregulares del precio Granja 32, ubicado en Cota (Cundinamarca). El bien, que estaba en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, fue vendido en junio de 2007 al médico Tito Arcadio Perilla y a su esposa, por la suma de $1.200 millones. De acuerdo con la Fiscalía, esos eran uno números que nada tenían que ver con el avalúo catastral. Se trataba de una antigua propiedad del narcotraficante tolimense Guillermo Ortiz Gaitán, quien murió en febrero de 2002 y, además, era requerido por la justicia italiana por distribución de drogas.