Fiscalía imputó a involucrados en construcción ilícita de complejo funerario en La Calera

Fiscalía imputó a involucrados en construcción ilícita de complejo funerario en La Calera

Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original)

Las investigaciones permitieron conocer que el proyecto no tendría autorización del municipio ni licencia ambiental, entre otras presuntas irregularidades.

Las investigaciones permitieron conocer que el proyecto no tendría autorización del municipio ni licencia ambiental, entre otras presuntas irregularidades. Sin embargo, la empresa de servicios funerarios habría iniciado las obras.

Ante un juez de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación presentó a cuatro personas, entre ellas un exfuncionario, por su presunta responsabilidad en varias acciones ilícitas que permitieron avanzar con la construcción de un ‘parque cementerio ecológico’ en la vereda Altamar, en zona rural de La Calera (Cundinamarca).

Durante la audiencia, realizada de forma virtual, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los procesados diferentes delitos, según el nivel de participación que tendrían en los hechos investigados.

Los imputados son:

• Jairo Andrés Díaz Rodríguez, secretario de Planeación de La Calera entre 2013 y 2015. Imputado por prevaricato por acción.
• María Adelaida París Gómez, representante legal de la empresa Capillas de la Fe. La Fiscalía le formuló cargos por obtención de documento falso, fraude procesal y urbanización ilegal.
• Wilson Felipe Ortegón Medina, arquitecto y director de obra del proyecto. Imputado por fraude procesal.
• Johana Melissa Castro Rojas, abogada de la empresa Capillas de la Fe. Se le formularon cargos por los delitos de fraude procesal y urbanización ilegal.

Inicialmente, el 11 de diciembre de 2015, Jairo Andrés Díaz Rodríguez, entonces secretario de Planeación de La Calera (Cundinamarca), habría modificado el condicionamiento de uso del suelo en el lugar donde se proyectó la construcción del cementerio. Al parecer, declaró el terreno Zona de Utilidad Pública, en contravía de las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que prohíbe la existencia de cementerios en áreas pobladas o residenciales, con centros educativos o jardines infantiles, como es el caso de la vereda Altamar.

Con este cambio, la funeraria solicitó a la alcaldía municipal licencia de construcción para la parcelación y urbanización. La petición fue negada. La decisión fue comunicada mediante aviso, en el entendido de que los interesados supuestamente no atendieron el llamado de notificación presencial.

La representante legal de la funeraria argumentó que no fue informada oficialmente de la negativa y, amparándose en el silencio administrativo positivo, obtuvo en una notaría las escrituras públicas que, a su parecer, le daban viabilidad para iniciar obras en La Calera.