Funcionarios de la Registraduría pasaban bases de datos a campaña Merlano Fiscalía

«Esta organización contaba con un departamento de sistemas, con Jefferson Viloria y Edwin Martínez, quienes cumplían la función en asocio con Sara Jiménez, para contactar a los funcionarios de la Registraduría para tener la base de datos de los votantes. (…) A Jiménez le pasaban de forma irregular las bases de datos en la Registraduría previo a la publicación oficial, para aglomerar a votantes en puestos de votación específicos y tener mayor control», indicó el investigador.

Estos funcionarios del ente electoral, que están en investigación en Barranquilla, les entregaban de manera ilegal estas bases de datos para que la supuesta organización criminal pudiera cambiar de puestos de votación a sus votantes ‘comprados’ y que los líderes de la compra pudieran controlarlos de mejor manera en los puestos de votación que estaban ‘monitoreando’.

Esto en medio de la audiencia de imputación de cargos que se cumple a esta hora en el Juzgado 9 de Control de Garantías de Bogotá contra los Hermanos Sara Luz y Carlos Jiménez, por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, corrupción al sufragante y falsedad en documento privado. A la primera, además, se le fórmula el cargo de obtención de documento público falso.

El fiscal del caso indicó que la investigación se inició por el allanamiento del 11 de marzo pasado a la sede política de la representante Aída Merlano, «donde existía una presunta organización criminal que funcionaba desde las elecciones de 2015, para elegir concejales de Barranquilla y diputados del Atlántico (…), entre los que se encontraban Margarita Ballén,  Aissar Castro y Lilibeth Llinás».

Agregó el ente acusador que esta organización trascendió a las parlamentarias de 2018, en las que Merlano obtuvo una votación aproximada de 79 mil votos al Senado.

La red contaba con una sede en el barrio El Golf, de la capital atlanticense: «Ahí también se guardaba el dinero, letras de cambio, ‘stickers’ con el eslogan ‘Gracias por tu apoyo’ y con códigos QR».

Puso de presente además el investigador que Merlano fungía como coordinadora desde 2015 en las elecciones a Asamblea y Concejo: «Había actas de devolución para los líderes que devolvían el dinero porque no podían lograr la corrupción al votante. A los líderes se les pagaba mensualmente un sostenimiento de $4 mil por voto, y auxilio de transporte de $5 mil por voto. (…) Tenían casas de apoyo cercanas a los puestos de votación para que el líder fuera con el votante, para determinar si era apto o no, es decir, si sabía cómo sufragar o no, para votar y comprale su voto por $50 mil».

En toda esta red, Sara Jiménez, según el fiscal, les pagaba a los líderes y suscribía las letras de cambio. Entre tanto, la función de Carlos Jiménez era evitar que la Fiscalía y la Corte Suprema pudiera judicializar a los integrantes de la organización criminal, a través de acciones aparentemente ilegales.

«Carlos defendía a los capturados tras el allanamiento a la sede de Merlano. El 9 de abril radicó ante la Fiscalía una solicitud para que se le devolvieran los 11 computadores incautados allí, diciendo que los computadores eran de Sara Luz, quien declara ante notaría que en febrero de 2011 compró los computadores en el almacén Central Park, que a su vez expidió una certificación de compra de los computadores, pero por solicitud de Edwin Martínez, vinculado al proceso. Sin embargo, los computadores no habían sido vendidos en este almacén. Es decir, todo esto era para hacer incurrir en error al fiscal del caso de los primeros capturados, el fiscal 197 Anticorrupción, Andrés Rincón, para que este ordenara entregar los computadores», expuso el fiscal Berdugo.

El defensor de los indiciados, Noé Gómez, renunció a la defensa de Sara, por lo que la detenida recurrió a un defensor de confianza que llegará este viernes. Razón por la cual el juez ordenó la continuación de la audiencia para este viernes a las 2 de la tarde.