El contrato 547 del 1° de abril de 2020 tiene bajo la lupa de la justicia al gobernador de Putumayo, quien suscribió el acuerdo para atender la población de su departamento en el marco de la emergencia por el COVID-19. Las irregularidades habrían comenzado desde la firma del contrato, pues el valor inicial se fijó en $3.460 millones, pero la misma Contraloría le advirtió que el costo consecuente era de $2.876 millones, con plazo de ejecución de un mes y con un anticipo del 50%.

Sin embargo, para la Fiscalía hubo sobrecostos por más de $1.000 millones en el valor total de las ambulancias y el anticipo, solicitado bajo las reglas de la Contraloría, habría sido consignado en una cuenta corriente del contratista designado por el gobernador Rosero Peña, “una actuación contraria a las normas de la contratación pública”, de acuerdo con el ente investigador. Incluso, se dijo ante la Corte Suprema, el funcionario supuestamente direccionó el acuerdo para que quedara en manos de un único proponente: Carrocería Innovas S.A.S.

“El gobernador Rosero Peña decretó la calamidad pública en el departamento, cuatro días antes de la declaratoria de Emergencia Económica Social y Ecológica que hizo el Gobierno Nacional. A la luz de ese acto administrativo, el departamento suscribió el contrato de los vehículos medicalizados”, fue otra de las posibles irregularidades encontradas por la Fiscalía, agravadas por la situación de crisis que se vive desde entonces.

De acuerdo con la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, las audiencias preparatorias de juicio contra el gobernador Rosero Peña iniciarán el 15 de abril de este año, diligencia ante la cual también responderá privado de su libertad en casa, como lo decretó el mismo alto tribunal en noviembre de 2020. Por los hechos descritos por la Fiscalía, también son investigados el secretario de Salud del departamento, Jorge Alberto Molina, y las jefas de la oficina de Prestación y Desarrollo de Servicios, Fanny Chávez, y de Salud Pública, Alexandra Benavides.

“Esta contratación de compra-venta de las ambulancias medicalizadas implicó la movilización de recursos del presupuesto departamental desde diferentes rubros para acumular los dineros para pagar este contrato, de lo cual obra evidencia que corrobora que el gobernador Beanerges Rosero Peña conocía del costo o precio, como de las modificaciones y demoras presentadas en el contrato, del cual nunca fue ingenuo”, agregó la Fiscalía en su intervención ante la Corte Suprema de Justicia.

La Procuraduría también le viene siguiendo la pista al gobernador de Putumayo, desde el 6 de mayo de 2020 cuando le abrió una investigación disciplinaria. Para el Ministerio Público resultó “inconveniente” que, ante el estado de emergencia por COVID-19, los recursos del Estado hayan sido, al parecer, invertidos de forma incorrecta y generando sobrecostos como consecuencia de una “indebida” planeación. Durante el proceso, se conoció que Beanerges Rosero Peña estuvo hospitalizado en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por la misma enfermedad.