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Julieta Naranjo, exalcaldesa local de Usaquén, condenada a cinco años de prisión

Julieta Naranjo, exalcaldesa local de Usaquén, condenada a cinco años de prisión

Julieta Naranjo, exalcaldesa local de Usaquén, condenada

Fuente: HSB NOTICIAS (Ver Noticia Original)

Este martes un juez 12 de conocimiento de Bogotá condenó a la exalcaldesa menor de Usaquén, Julieta Naranjo Luján, a cinco años y ocho meses de cárcel por su responsabilidad en contratación irregular desde la administración local en el año 2015.

La exmandantaria, quien encabeza un grupo de alcaldes locales de la administración de Gustavo Petro que son investigados por la Fiscalía, fue hallada penalmente responsable por suscribir tres convenios de asociación que no cumplían con el lleno de los requisitos legales.

La sentencia se emitió por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, al evidenciarse que suscribió tres contratos. el primero por 62 millones de pesos para la conservación ambiental de la localidad, el segundo con la organización de una carrera atlética para celebrar el cumpleaños de Usaquén, por 39 millones de pesos, y el tercero fue un contrato con Asojuntas y la alcaldía local que costó 59 millones de pesos.

La juez aseguró que “la Fiscalía demostró la falta de selección objetiva, y la no apertura de una licitación pública por parte de la alcaldía menor en 2015, para adelantar esta contratación por parte de la alcaldesa”, indicando que por esa razón se emite la sentencia condenatoria.

Naranjo Luján se declaró inocente pese al fallo, además que el juzgado ordenará su detención una vez deje en firme la determinación judicial. la exalcaldesa anunció apelación a la determinación de condena.

La Fiscalía la señaló de suscribir tres convenios de asociación sin cumplir los requisitos legales y elegir contratistas que no eran idóneos para ejecutar las tareas asignadas.

La exmandataria quien estuvo en ese cargo entre abril de 2012 y mayo de 2016, aseguró al Espectador que insiste en su inocencia y que hubo “una malinterpretación de las normas, debido a que los convenios de asociación tienen respaldo legal y constitucional”.

 

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