Los falsos contratos del caso Odebrecht
Los falsos contratos del caso Odebrecht
Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original)
Hasta el fiscal general Néstor Humberto Martínez apareció en los documentos creados en julio de 2016 con los que buscaban justificar sobornos pagados en 2014 por US$4,6 millones. Fiscalía comprobó las falsedades.
Cuando estalló el escándalo de Odebrecht, el 21 de diciembre de 2016, a raíz de las revelaciones de la justicia estadounidense sobre los sobornos de la constructora brasileña en al menos 12 países, la Fiscalía colombiana tuvo pronto pistas confiables para concretar el 14 de enero de 2017 la captura del excongresista Otto Bula. Hoy queda claro que el camino para llegar a Bula lo trazaron Eleuberto Martorelli y Yezid Arocha, expresidente y representante de Odebrecht. Sin embargo, apenas se viene a saber que entre la información que entregaron incluyeron dos contratos falsos y ocultaron un tercero en el que se incluía el nombre del fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira.
En el momento en que Bula fue interrogado, luego de su captura por la Fiscalía, le preguntaron por dos contratos suscritos con Odebrecht en mayo y agosto de 2013, a través de los cuales supuestamente se aprobaba el giro de US$4,6 millones para pago de sobornos en la adición de la vía Ocaña-Gamarra. El excongresista contó que nunca existieron legalmente y que él los firmó sólo para que Martorelli y Arocha justificaran cuentas. Además entregó al ente investigador el único documento que lo relaciona con Odebrecht: un acuerdo pactado en abril de 2016 con el consorcio Navelena, para “identificar una empresa idónea” y así lograr el cierre financiero del contrato de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena.
Ante las dudas de la Fiscalía sobre la declaración de Bula, el investigado sacó de la manga un as inesperado: un contrato que aparece firmado por Odebrecht y él el 4 de junio de 2012 y que los directivos de la constructora no entregaron. El objetivo era que Bula prestara un servicio de asesoría que se pagaba por cuota de éxito, que consistía en la aprobación de un contrato de estabilidad jurídica en el proyecto Ruta del Sol Sector 2, la concesión que se ganó en 2009 Odebrecht tras pagar US$6,5 millones. Según Bula, ese contrato en el que le prometían $4.000 millones, como los otros dos, nunca existió realmente.
El dilema es que este contrato tenía un añadido que provocó sorpresa en la Fiscalía: la alusión a que Néstor Humberto Martínez actuó en nombre y representación de la Concesionaria Ruta del Sol —de la que Odebrecht es máxima accionista— y el Fideicomiso Fiduciaria Corficolombiana, para el mencionado contrato de estabilidad jurídica. El fiscal Martínez ya aceptó que sí fue apoderado de esta concesión entre 2010 y 2012, que en diciembre de este último año logró la firma de ese pacto de estabilidad jurídica, pero que nunca tuvo una relación directa con los hechos que rodean el escándalo de Odebrecht, y por eso sigue al tanto de las investigaciones.
En el curso de la investigación, la Fiscalía ya corroboró que los contratos por los cuales se inició el proceso contra Bula son falsos. Fuentes del organismo de investigación consultadas por El Espectador dejaron claro que las pruebas que entregó Bula fueron cotejadas y se confirmó que los contratos son antefechados, es decir, se crearon después de sucedidos los hechos. La fecha en que se habrían elaborado estos contratos, en los que aparecen las firmas de Bula, Arocha y el abogado brasileño Amilton Hideaki Sendai, fue realmente julio de 2016, días después de que Néstor Humberto Martínez fuera elegido fiscal general, el día 11 de julio.
Según otros testimonios recaudados por la Fiscalía, uno de los patrones que utilizó Odebrecht para tapar huecos o pagar sobornos fue este tipo de contratos antefechados. En pocas palabras, eran fachadas de convenios de asesoría o ingeniería para disimular gastos que no se podían justificar en la contabilidad oficial. El mismo Eleuberto Martorelli, expresidente de la constructora en Colombia, ya aceptó ante la Fiscalía que eso sucedió y que los contratos por los cuales se inició la investigación a Bula son falsos, lo que no lo exonera de sus responsabilidades por firmar esos falsos documentos y servir como intermediario de Odebrecht.
El propio Bula ya reconoció que firmó esos tres contratos falsos, pero sostiene que nunca recibió los dineros que aparecen en los documentos, por los cuales le imputaron los cargos de cohecho y enriquecimiento ilícito. Hoy, Bula está privado de la libertad en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) y colaborando con la justicia. Sobre todo por el episodio de la supuesta entrega de un millón de dólares que hizo a principios de 2014 a Andrés Giraldo, amigo de Roberto Prieto, en ese tiempo gerente de la campaña reeleccionista del presidente Juan Manuel Santos. El capítulo que tiene a Prieto respondiendo ante la Fiscalía.
Hoy se sabe que tanto Martorelli como Arocha negocian con la Fiscalía la concesión de principios de oportunidad, basados en información que entregaron para que el ente investigador identificara al excongresista Bula como protagonista del escándalo. No obstante, la evidencia de los contratos falsos complica su situación judicial, pues la misma Fiscalía ya adelantó allanamientos en las oficinas de Odebrecht y efectivamente no encontró registros que demuestren la existencia de esos pagos. Además constató que el número de la cédula de Bula no coincide con el original y que en mayo de 2013, fecha del segundo falso contrato, no estaba en Colombia.
Según conoció El Espectador, Bula le entregó a la Fiscalía una USB con la que se logró demostrar que los contratos de 2012 y 2013 realmente fueron creados en julio de 2016. Es más, Bula declaró que, a mediados de 2016, Eleuberto Martorelli lo contactó para que le ayudara a justificar unos gastos que la empresa Odebrecht no reportó entre 2013 y 2014. Él dice que en principio se negó a colaborarle, pero que cuando el expresidente de Odebrecht le indicó que su contrato con Navelena podía pasar de $1.500 millones a $6.000 millones, no dudó en hacerlo. Hoy, Bula está enredado con esos contratos, pero paradójicamente son también parte de su defensa.
En síntesis, salta a la vista que en el escándalo Odebrecht, además de identificar responsables y a las personas que recibieron alguna tajada de los US$4,6 millones por su gestión en el contrato Ocaña-Gamarra, la Fiscalía tiene la compleja tarea de encontrar verdades en un mar de mentiras. Con un agravante: esta misma información hace parte de los acuerdos de colaboración de Odebrecht con la justicia de Brasil y Estados Unidos. Los interrogantes abundan: ¿los directivos de la firma brasileña le están cubriendo la espalda a un protagonista desconocido? ¿Cuándo los llamarán a explicar estas nuevas revelaciones? El capítulo Odebrecht sigue su marcha.
“Soy el vocero de la Fiscalía”
Al fiscal general Néstor Humberto Martínez lo han criticado desde sectores políticos que han reclamado que se declare impedido en las investigaciones del caso Odebrecht. Los argumentos giran en torno a que Martínez fue abogado del Grupo Aval, que se encuentra salpicado en los hechos de corrupción por ser socio de la constructora brasileña en la Concesionaria Ruta del Sol.
El señalamiento más fuerte en su contra han sido los contratos que Martínez, cuando era abogado particular y lideraba su firma de abogados, tenía con la concesión para representarla en gestiones ante el Gobierno. El fiscal general ha respondido que él no maneja la investigación, que los fiscales del caso son autónomos y que él es un simple vocero de la institución.
