Los oficiales retirados investigados por las desapariciones en La Modelo

En este mismo debate, durante la intervención del entonces representante Luis Javier Castaño, se dijo que el Inpec solicitó $565.000 millones, pero solo se había aprobado el 52% de ese monto, es decir, $270.000 millones. “La administración del general Campo Silva ha buscado la transparencia, es decir, la entidad se mira con otros ojos, no como un nido de corrupción”, declaró dicho representante.

Sin embargo, en su misma intervención se comienzan a esbozar varias de las situaciones por las que Campo está siendo judicializado. Según el congresista, en los principales penales del país, entre los que está La Picota, había presencia de caciques que controlaban los patios de las prisiones. Sin embargo, les achacan dichos problemas a administraciones pasadas.

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En dicho debate tuvo la oportunidad de intervenir el entonces director del Inpec. “Es evidente que la crisis carcelaria del país tocó fondo, que la comunidad está exigiendo un tratamiento humano y socializador, que el interno ha entrado en un proceso permanente de desobediencia civil, que se tiene un hacinamiento exagerado, que hay corrupción de funcionarios”, declaró en ese momento el general (r) Campo.

No obstante, aseguró que desde su administración se estaba trabajando para fortalecer el Inpec y superar estos problemas. Y citó como ejemplo la Cárcel de la “Tramacúa” en Valledupar, centro penitenciario que fue inaugurado por el entonces presidente Andrés Pastrana, acompañado del general Campo. En dicho debate no se discutió la situación especifica de La modelo y los enfrentamientos en sus patios entre guerrilleros y paramilitares, a pesar de que ya había ocurrido la masacre del 27 de abril, en la que asesinaron a 32 detenidos.

Ya en 2001, cuando la situación era insostenible en varios centros penitenciarios, el alto oficial a cargo del Inpec declaró el estado de emergencia penitenciario y carcelario por 90 días. Sobre la Modelo, el oficial llegó a decir: “Lo que hay en la Modelo es un arsenal para la guerra. Se requiere de operativos policivos y militares. En cualquier momento vamos a entrar para hacer cumplir la ley”.

Mayor Jaime Gallo Zuleta

El mayor retirado fue asesor externo del Inpec entre 2000-2001, por eso fue vinculado en el proceso de los desaparecidos en La Modelo. Además de este caso, Gallo Zuleta fue personaje principal en otro proceso por posibles irregularidades en el actuar de la Fuerza Pública, se trata del caso de Arturo Ribón, que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 1997.

El 30 de septiembre de 1985, un comando del M-19 se robó un camión de leche y comenzó a distribuirlo en el sur de Bogotá. Miembros del Ejército, del DAS, la Policía y la Sijin aprovecharon la distracción del contingente del grupo guerrillero para rodearlos. Los milicianos trataron de huir, pero fueron perseguidos por los agentes del Estado. En varias de las persecuciones ocurrieron ejecuciones extrajudiciales, tanto de guerrileros que se encontraban en estado de indefensión como civiles.

Sin embargo, las pruebas posteriores determinaron que Ribón murió por 8 tiros, 3 de los cuales fueron disparados a una distancia de menos de cuatro metros, por lo que se pudo determinar que no pudo morir en combate, sino que fue asesinado en estado de indefensión. La justicia penal militar determinó en dos instancias que no había méritos contra Gallo Zuleta, por lo que hubo una cesación del procedimiento.

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Sin embargo, en su fallo, la CIDH señaló que había quedado probado que tanto Ribón, muerto por la acción de Gallo Zuleta, como sus otros compañeros fueron ejecutados “arbitraria y sumariamente” por agentes de la Fuerza Pública. Sin embargo, en la justicia penal nunca hubo una condena en contra de los responsables.

Hasta hace poco Jaime Gallo Zuleta estuvo dedicado a la vigilancia privada en campos petroleros en Puerto Boyacá. Allí fue mencionado en varios altercados entre miembros de la USO, sindicato petrolero, y la empresa Mansarovar. En una de las denuncias, se señala que el oficial retirado les impidió a los sindicalistas entrar urnas a los campos petroleros para realizar un proceso de votación con los trabajadores de la empresa.

El oficial retirado fue uno de los que estuvo más relacionado en la época con el escándalo por los enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros en La Modelo. Es más, por un combate que ocurrió al interior del penal fue que presentó su renuncia el 6 de julio de 2001.

Según el coronel Maldonado Bernate, su salida se dio debido a que no estaba de acuerdo con las palabras del fiscal encargado Pablo Elías González. Este último dijo que la responsabilidad de estos hechos era del subdirector del Inpec para la época. González aseguró que, días antes de los enfrentamientos, ocurridos el 2 de julio de 2001, tenía planeado un allanamiento al interior de la cárcel por el homicidio de cuatro reclusos. Pero esta no se habría hecho porque, según el entonces fiscal encargado, no había personal armado del Inpec para la diligencia, debido a unos traslados que se estaba realizando.

Por estos hechos, el exsubdirector del Inpec fue sancionado por la Procuraduría en 2005. “El Ministerio Público pudo establecer que el servidor no suministró los medios necesarios para la ejecución de dicha diligencia, cuyo propósito era incautar elementos y/o armamento utilizado en anteriores enfrentamientos dentro del penal y prevenir a su vez, la ocurrencia de nuevos hechos. Sin embargo, ésta tuvo que ser suspendida ante la falta de apoyo requerido para su puesta en práctica”, determinó la Procuraduría.

(Aquí puede ver un video�explicativo sobre lo que se vivió en La Modelo entre 1999 y 2003)

Más allá de su salida del Inpec y de la sanción, el coronel (r) Maldonado Bernate goza de un amplio reconocimiento al interior de la Policía, tanto así que entre 2013-2017 fue presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional (ACORPOL) y ahora es presidente de su tribunal ético.

Reinaldo Fierro

Fue el director de la cárcel La Modelo entre noviembre de 1999 y julio de 2000, una de las épocas de mayores enfrentamientos al interior del penal. Fue durante su administración que se consideró que era esta prisión el lugar en Bogotá donde más homicidios ocurrían. Incluso, mientras Ferro estaba al frente de la cárcel, se cometió el secuestro y violación de Yineth Bedoya por parte de paramilitares.

En varias de las denuncias hechas a Fabio Campo Silva, exdirector del Inpec, se señaló que los actos realizados al interior del penal eran bajo la complicidad del director y los guardianes del Inpec. El 27 de abril del 2000 ocurrió una de las peores masacres al interior del penal, en ella murieron 32 detenidos y otros 17 quedaron heridos. Este hecho habría sido el detonante de la salida de Fierro de la dirección y de la apertura de un proceso disciplinario en su contra por parte de la Procuraduría.

Sin embargo, tras la investigación disciplinaria, se pudo probar que Fierro solicitó la intervención de la Fuerza Pública para frenar la situación violenta que había al interior del penal, pero el ministro de Justicia de ese momento, Rómulo González, se negó a tramitar la solicitud ya que “la intervención sería una medida extrema”. Esta omisión habría facilitado la masacre, según lo expresó la Procuraduría.

La intervención pedida por Fierro solo habría ocurrido después de la masacre. La Fuerza Pública entró el 29 de abril al penal y habrían enfocado sus operaciones en los pabellones donde había guerrilleros, a pesar de que las acciones criminales fueron cometidas por paramilitares en prisión. Durante los operativos, Fierro fue relevado de sus funcion