Querían desviar un proceso de asignación de tierras Coronel y abogada fueron condenados
Querían desviar un proceso de asignación de tierras Coronel y abogada fueron condenados
Fuente: HSB NOTICIAS.COM (Ver Noticia Original)
Mediante un operativo adelantado a través de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana, las autoridades descubrieron un intento de desviar un proceso de asignación de tierras en el municipio de Cabuyaro.
Los implicados en este delicado caso fueron el coronel en retiro del Ejército, exasesor del Ministerio de Agricultura, Germán Eduardo Ayala Amaya; y la abogada Diana Lorena Saavedra Escobar, quienes según las autoridades se en-cargaban de ofrecer dádivas a la directora de la Unidad de Restitución de Tierras de Meta para desviar un proceso administrativo.
Las investigaciones evidenciaron que con esta actuación ilícita, los señalados pretendían evitar que la finca Zimarua, ubicada en Cabuyaro, la cual estaría compuesta por un área de 2.484 hectáreas, fuera entregada a una reclamante. Frente a las pruebas del material recopilado, durante las audiencias que les realizaron los dos procesados aceptaron su participación en los hechos, lograron un preacuerdo con la Fiscalía, en el que la abogada ofreció disculpas públicas a la comunidad, al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Restitución de Tierras.
En ese sentido, el Juzgado 1° Penal del Circuito de la capital del Meta decidió condenar a la litigante Diana a una pena de veinte cinco meses de prisión, como también a una multa de 41.32 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos de cuarenta meses, al ser hallada responsable de los delitos de cohecho por dar y ofrecer en concurso con tráfico de influencias de particular.
Asimismo se dio a conocer que el alto oficial del Ejército fue sentenciado a treinta y cinco meses de prisión, y el pago de una multa de 99.99 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos de treinta y cinco meses, por los mismos punibles.
De acuerdo a información conocida por este medio, los dos procesados están privados de la libertad en establecimiento carcelario desde el 31 de octubre de 2018, fecha en la que la Fiscalía solicitó imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva. Sin embargo, durante el avance de la investigación y en durante la última audiencia se dictó la decisión definitiva.
