General Castiblanco, enredado por irregularidades en contrato
General Castiblanco, enredado por irregularidades en contrato
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
El caso se refiere a su actuación como secretario de Gobierno del Meta en el 2013.
Un contrato para comprar equipos que facilitaran el trabajo de la Policía y el CTI de la Fiscalía terminó por enredar al general Daniel Fernando Castiblanco Mendoza, a quien un juez de Villavicencio, Meta, le ordenó casa por cárcel.
El oficial en retiro, que llegó a ser comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y fue jefe de la institución en comandos regionales como Meta y Guaviare, y del bloque de búsqueda de los Llanos, fue llevado ante la justicia por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en beneficio de terceros, falsedad en documento público y fraude procesal.
El general Castiblanco Mendoza, como secretario de Gobierno del Meta durante la administración del exgobernador del departamento Alan Jara, firmó un contrato con la firma Tecnología Informática Oriental (TIO) Ltda., por 1.379 millones de pesos para suministrar equipos con los que las autoridades iban a verificar los antecedentes penales de las personas en retenes ubicados en las carreteras del Meta.
En la investigación de la Fiscalía aparece que se adjudicó el contrato a esa empresa como único proponente, aunque “el objeto no se podría cumplir porque los equipos eran obsoletos e imposibles de conseguir”.
El oficial en retiro no solo firmó el contrato cuestionado por la Fiscalía sino que actuó como supervisor de este. Incluso le concedió a la empresa dos prórrogas para que cumplieran con lo pactado.
El contrato se firmó el 13 de diciembre de 2013 y tenía un plazo de 15 días para su cumplimiento. Sin embargo, el general en retiro Castiblanco les concedió una primera prórroga por siete días en el mes de febrero de 2014 y luego otra por 60 días.
Finalmente, en junio de 2014 se declaró el incumplimiento del contrato. Para ese momento, dice la Fiscalía, fue pagado el anticipo del 50 por ciento de este, es decir, 689 millones de pesos, que “nunca fueron reembolsados”.
Apenas en mayo de 2017, la Secretaría de Gobierno del Meta notificó oficialmente a la empresa de la liquidación unilateral del contrato.
Por los mismos hechos, la Fiscalía le imputó cargos a la contratista Angélica Solangi Chávez León, representante legal de la empresa a la que se adjudicó el contrato, y a Raúl Alberto Gasca, exgerente de una entidad bancaria investigado por la existencia de un documento, que sería falso, sobre la capacidad de endeudamiento de la empresa que hizo parte de los papeles presentados por la firma para la adjudicación.
La contratista también recibió la casa por cárcel y al exfuncionario bancario el juez le impuso medida no privativa de la libertad, consistente en presentarse los últimos viernes de cada mes ante la Fiscalía que lleva el caso, guardar buena conducta y no salir del país, mientras dure el juicio en su contra.
