Vinculan a oficial por irregularidades en contratos de FF. MM.

Hace un mes, la Fiscalía le notificó al comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía, que estaba investigando a dos oficiales de la Armada y a una civil por presuntas irregularidades en contratación.
EL TIEMPO estableció que uno de los indiciados es el capitán de navío Rafael Antonio Llinás, quien tuvo que regresar de Washington –en donde permanece de comisión– para rendir interrogatorio ante un fiscal de Bogotá por el presunto delito de peculado por apropiación en hechos ocurridos en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, de la que fue subdirector.

También está vinculado el capitán de fragata Roberto Carlos Ruiz, su segundo en la entidad y a quien, tal como lo reveló este diario, investigan dentro de la Armada por presuntos desplazamientos a Tailandia sin autorización.

La vinculación de los oficiales la emitió el fiscal 212 delegado ante los jueces penales, quien escuchó este lunes a Llinás tras varias denuncias en torno al manejo que se le dio a un contrato relacionado con la reparación de equipos electrónicos en donde también mencionan a Paola Rincón Arias, una civil vinculada al Ejército.

Los otros procesos

Pero este no es el único proceso en el que aparece vinculado Llinás, especialista en gerencia financiera y pública.

También figura en un expediente que se adelanta desde hace varios meses en Cartagena por el manejo de 8.000 millones de pesos. El caso hace referencia a las posibles irregularidades en los cruces de conciliaciones bancarias, relacionadas con las devoluciones de los contratos de alimentación de los infantes de marina.

Se indaga una posible doble generación de pagos que se habría registrado a lo largo de siete años y en los que estarían implicados contratistas, militares y civiles al servicio del Ejército.

En julio del 2017, el caso produjo cuatro capturas, pero 2 de los detenidos recuperaron su libertad sin que haya decisiones de fondo. Incluso hubo un cambio de fiscal y supuestas presiones por parte de un exfuncionario de un ente de control cuya hermana está vinculada a las investigaciones.

Para establecer responsabilidades y una posible falsedad en documentos públicos y privados se ordenaron varios exámenes grafológicos. Pero, por ahora, la Fiscalía 60, encargada del caso, aún no ha requerido al oficial para que entregue su versión de los hechos.

EL TIEMPO estableció que la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares investiga al capitán Llinás y a su otrora subalterno Roberto Carlos Ruiz.

Y las razones: posibles irregularidades en procesos de contratación en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. En uno de esos expediente aparecen, además, Carlos Elián Ligarreto Avendaño, director de la cadena de suministros, y Rubiela Moreno, supervisora de contratos.

Desde la semana pasada, EL TIEMPO ha intentado hablar con Ruiz para conocer su versión sobre estas investigaciones, pero no ha sido posible. Y, al cierre de esta edición, tampoco había respondido Llinás.

En todo caso, la propia Armada ya dispuso a un investigador para indagar los señalamientos y la Agencia Logística fue la que remitió uno de los expedientes a la Procuraduría. El otro surgió de una auditoría de la Contraloría que halló anomalías en contratos del 2014 y 2015.

Los 8.000 millones de Cartagena

​La investigación de la Fiscalía 60 de delitos contra la administración pública analizó una relación de millonarios cheques de la Agencia Logística en Cartagena, los cuales habían sido anulados y, no obstante, fueron cobrados. Se trata de 25 cheques en el 2015 y 68 en el 2016, que estaban relacionados con los procesos de alimentación de los infantes de marina.