Condena por desfalco con 41.821 alumnos fantasmas en Buenaventura
Condena por desfalco con 41.821 alumnos fantasmas en Buenaventura
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
Contraloría condenó a responsables del detrimento de 61.137 millones de pesos en el 2011.
En uno de los fallos más grandes que ha proferido la Contraloría General, el organismo acaba de emitir una condena por el registro de 41.821 alumnos falsos en Buenaventura, hecho que le permitió al distrito recibir irregularmente más dinero para la educación.
El caso por los alumnos fantasmas de Buenaventura comenzó en el 2012, cuando el Ministerio de Educación encontró que el año anterior el puerto había reportado tener más de 117.000 alumnos registrados en colegios públicos.
Tras cruzar los registros del Sistema Integrado de Matrículas (Simat) y visitar al distrito, se encontró que al menos el 36 por ciento de esos estudiantes eran falsos. La información se verificó con los que tenían 112 instituciones educativas en 476 sedes de Buenaventura en las que aparecieron las irregularidades por las que hubo un detrimento de $61.137 millones.
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Del total de matrículas, al menos 23.602 ya estaban cubiertas por colegios privados, otras 12.856 eran nombres inventados y 5.363 correspondían a nombres repetidos.
El caso de Buenaventura es uno de los fraudes más grandes que se han cometido con alumnos fantasmas, en detrimento de la educación de quienes realmente lo necesitan.
Por ejemplo, la suma que Buenaventura recibió de más habría servido para cubrir tres veces la población de estudiantes en Zipaquirá, o para pagar la educación de municipios como Tuluá o Yopal, que recibieron este año, respectivamente, 61.996 millones de pesos y 73.310 millones del Sistema General de Participaciones (SGP) para la educación.
Uno de los huecos que habrían llevado a que se realizaran registros falsos es que Buenaventura es un distrito especial turístico que tiene cierta autonomía en el manejo del presupuesto que recibe del SGP. Además, dicen investigadores de la Contraloría, por ser una entidad certificada, Buenaventura puede decidir sin intermediarios en qué se gasta el dinero que pide para educación.
La condena fiscal se da contra la exsecretaria de Educación del municipio Yolanda Amu Vente, quien certificó a los supuestos alumnos que se debían atender en el departamento. También fue declarado como tercero civilmente responsable la Compañía de Seguros Previsora para que responda con una póliza que se suscribió para casos de pérdidas.
Sobre Amu Vente, quien fue destituida por la Procuraduría en el 2012, la Contraloría General aseguró que era su deber “informar esta situación irregular y en todo caso remitir la información de matrícula, debidamente actualizada, por otro medio para evitar lo que a la postre terminó sucediendo, que fue sobredimensionar la matrícula del año 2010 con alumnos a los que no se les prestó el servicio educativo, lo que conllevó que para el año 2011 el Ministerio de Educación girara recursos de más por las deficiencias de la información”, dice el fallo fiscal.
En el proceso no fue declarado culpable el exalcalde de Buenaventura José Félix Ocoro Minotta (condenado a 18 años de prisión por otro caso de corrupción) porque no tuvo manejo directo del sistema de matrículas.
Un capítulo pendiente para las autoridades penales será investigar en qué se gastaron los recursos que recibió de más el municipio.