Condenada exinvestigadora del CTI por desvío de pruebas por homicidio del Fernando Cepeda
Condenada exinvestigadora del CTI por desvío de pruebas por homicidio del Fernando Cepeda
Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original)
Se le acusó de hacer giros de dinero a la esposa de un paramilitar con el fin de desviar la investigación
Mediante preacuerdo, el Juzgado 30 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá condenó a 4 años y 9 meses de prisión a la exinvestigadora del CTI Martha Lucía Pinilla Díaz, por los delitos de soborno en concurso homogéneo con fraude procesal.
La Fiscalía General de la Nación advirtió que mediante su actuar delictivo, la entonces funcionaria lesionó la recta y adecuada impartición de justicia.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la delegada de la Fiscalía en este caso, fueron al menos 3 desmovilizados de las Autodefensas que recibieron dinero para involucrar a la señora María Paulina Ceballos en la muerte de su esposo, el ganadero Fernando Cepeda Vargas.
“Entre los paras que declararon contra Ceballos están Rafael Julio Peña, alias Chiqui; Eliécer Ramón Orozco, alias Cochebala, y Sergio Barrios Alemán, alias El Zaya”, anotó la Fiscalía.
Estas personas no conocían el verdadero motivo por el cual ocurrió el deceso del ganadero, afirmó el delgado del ente acusador.
Del mismo modo, se autoamenazó con un sufragio, un papel blanco y una caja de chocolates pagando 100.000 pesos a una persona que sirvió de testigo a la Fiscalía.
“Esta funcionaria desconoció las obligaciones propias de su cargo, elaboró el 30 de diciembre de 2013 un reporte, un documento para engañar al fiscal especializado, y desvió la investigación para relacionar a María Paulina Ceballos con ese homicidio”, sostuvo el juez al proferir la condena.
El juez le concedió el beneficio de cumplir la pena en su lugar de domicilio, por tratarse de una persona sin antecedentes judiciales y por acreditar una arraigo durante varios años con su familia.
En la misma decisión, la exinvestigadora fue sentenciada a cancelar con multa de 333 salarios mínimos legales mensuales vigentes, (Smlmv) y a la prohibición para ejercer cargos públicos durante 4 años.
