El Reino Unido obligará a sus territorios de ultramar, incluidas las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y otros conocidos paraísos de secreto corporativo, a revelar los nombres de los propietarios finales detrás de las empresas en estos lugares remotos.
A sorpresiva medida, que hasta hace poco tiempo no contaba con el apoyo del gobierno de la primer ministro Theresa May, es una victoria para quienes buscan una mayor transparencia corporativa que han sostenido durante mucho tiempo que el secreto offshore fomenta y permite la corrupción, la evasión fiscal, el lavado de dinero y otros delitos en todo el mundo.
La noticia sale a la luz dos años después de que la investigación conocida como los Panamá Papers realizada por el Consorcio de Periodistas Internacionales de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, mostrara que una de cada dos compañías encontradas en los archivos de Mossack Fonseca –la polémica firma de abogados que se encontraba en el centro del escándalo—era constituid en las Islas Vírgenes Británicas, por un total de 113.000. La segunda jurisdicción favorita era Panamá, donde la firma, que cerró sus operaciones en marzo, tenía su sede.
Global Witness, una organización sin fines de lucro que apuntala la lucha contra la corrupción, señala que la intervención del Reino Unido es “una gran victoria en la lucha contra la corrupción, la evasión de impuestos y el lavado de dinero”.
Muchos activistas atribuyeron el trabajo de investigación de ICIJ, incluyendo los Panama Papers y los Paradise Papers, y sus socios por traer a la luz las prácticas controvertidas en el mundo offshore.
Andrew Mitchell, miembro conservador del parlamento británico que propuso la iniciativa de transparencia junto a la legisladora laborista Margaret Hodge, rechazó las sugerencias de que era suficiente que los territorios de ultramar del Reino Unido mantuvieran registros confidenciales sobre la propiedad de la empresa.
“Los Panamá y Paradise papers lo expresan en forma muy clara: es solo a través de la apertura y la fiscalización, al permitir que las organizaciones benéficas, ONG y los medios de comunicación que aten los cabos, que podemos exponer este dinero sucio y las personas detrás de esto, y los registros cerrados no nos permiten hacer eso”.
La medida del Reino Unido, que forzará a sus territorios de ultramar a hacer públicos a los propietarios de todas las compañías registradas en cada uno de éstos para fines de 2020, se incluye en una propuesta de enmienda a un proyecto de ley gubernamental contra el lavado de dinero que será enviado al parlamento.
La propuesta no fue apoyada por los ministros hasta que se hizo evidente que probablemente serían derrotados en una votación. El ministro de Asuntos Exteriores, Alan Duncan, dijo a los parlamentarios que el gobierno había “escuchado la firme opinión en la Cámara de los Comunes”.
Aquellos que representan a la industria de servicios corporativos en algunos territorios de ultramar del Reino Unido no recibieron con agrado las noticias. Según publica ICIJ en su sitio, por ejemplo, Robert Briant, presidente en funciones de BVI Finance, dijo que el Reino Unido se había “pegado un tiro en el pie” y argumentó que podría cuestionar la viabilidad de la industria financiera de las Islas Vírgenes Británicas.
A pesar de tener una población de menos de 31.000, las Islas Vírgenes Británicas actualmente tienen alrededor de 417.000 compañías activas en su registro y mantienen activos en todo el mundo por un valor estimado de US$1,5 billones, señala ICIJ.
Los territorios de ultramar son ex colonias británicas que funcionan en forma autónomas y que establecen la mayoría de sus propias leyes. Sin embargo, mantienen fuertes vínculos constitucionales con el Reino Unido.
Pocas veces Gran Bretaña ha impuesto su autoridad en los asuntos de sus territorios de ultramar. Utilizó sus poderes intervencionistas, conocidos como “órdenes en consejo”, para prohibir la pena de muerte y despenalizar actos homosexuales en sus territorios de ultramar en 1991 y 2000.
Los 14 territorios de ultramar del Reino Unido también incluyen Anguila, Gibraltar, Bermudas, Montserrat y las Islas Turcas y Caicos. Su relación constitucional con el Reino Unido es ligeramente diferente a la de las Dependencias de la Corona de Jersey, Guernsey y la Isla de Man, ninguna de las cuales estará sujeta a las nuevas reglas.
