Las empresas que a través de redes acaparan la contratación

En medio de esas redes, según la Contraloría General, Ómar Gómez Carreño, por ejemplo, ha conseguido en los últimos tres años 120 contratos por 66.996 millones de pesos. Su experiencia es tan diversa hasta el punto en que en unas regiones se encarga de adquirir maquinaria, y en otras, como Arauca, dota calzado y vestido, entrega de refrigerios estudiantiles, u organización el reinado del Cacao.

En las redes hay otros contratistas como Andrés Zuluaga Quintero, con 120 contratos por 35.974 millones. En algunos casos aparece suministrando materiales para el Sena Aprende, y en otros, apoya procesos electorales o se encarga de actualizar el estatuto tributario en Arauca. También está Jimmy Leonardo Palacios, que suma 138 negocios por $ 9.560 millones. A través de uniones y consorcios ha logrado tener negocios tan distintos como la rehabilitación de cubiertas de pabellones en Bogotá, hasta la alimentación escolar en Albán (Cundinamarca).

Entre los contratistas, según la Contraloría General, también aparece Jorge Guillermo Ramírez, en Nariño. Tiene 51 contratos que suman 2.788 millones de pesos.

Para identificarlos, la Contraloría General revisó 4.5 millones de contratos que cuestan 441 billones de pesos. De esa suma, encontró que 147 billones (el 33,7 por ciento de la contratación del país) están concentrados en esas mallas empresariales que se tejen como si se tratara de una colcha de retazos.�

Con la revisión de estos archivos, el organismo de control constituyó la plataforma Océano, una central de información contractual que permitirá conocer en tiempo real quién contrata, a quién se contrata, y dónde están los recursos, y que será de acceso público a partir del próximo año.�

Esta central unió todos los sistemas de información de la contratación estatal que existe en el país como el Secop, el Sireci, o el sistema de información del Distrito, para depurar todos los registros. Así fue como se obtuvo la información de quiénes son los contratistas que se repiten, concentrando la contratación.

En esta minuciosa revisión, la Contraloría identificó que la más grande de las mallas, con 13.203 integrantes, tiene 113.000 contratos y mantiene su poder sobre negocios que suman los 60 billones de pesos. Solo esta red tiene el 13.8 por ciento de la contratación del país de los últimos tres años.

Aunque la unión de empresas y personas naturales no es ilegal, resulta una práctica con la que unos pocos particulares terminan acaparando los procesos de contratación a nivel nacional. Así, el contralor general Carlos Felipe Córdoba le dijo a EL TIEMPO que “es curioso que la contratación se concentre en tan pocas manos y que la transparencia brille por su ausencia”.

Asegura que “las mallas nos están mostrando que hay contratistas que actúan con vocación de carteles, mafias rapaces que se organizan metódicamente para que esa contratación sea de ellos y de nadie más”.

Como dice el Contralor, además de la poca pluralidad en la contratación, la concentración de contratistas es perjudicial por dos razones: la primera, porque la cartelización puede llevar a que se incumplan proyectos y contratos claves, por la falta de idoneidad de quienes resultando siendo contratados pues se unen para acreditar experiencia y cumplir con requisitos,�pero al final los consorcios no necesariamente son los mejores para desarrollar una iniciativa pagada con recursos públicos.

Y la segunda, porque los pocos contratistas que se quedan con los negocios podrían estar imponiéndole al Estado sus condiciones, y no al contrario.

¿Dónde están?

La Contraloría identificó por regiones cómo funcionan estas mallas y cuántos contratos han conseguido en los últimos tres años.

En la región Caribe, por ejemplo, está una de las mallas más grandes que tiene 41.029 contratos por 20 billones de pesos. Allí el mayor contratista, asegura la Contraloría, es la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Informacón de Colombia, que tiene 6 contratos que superan los 3 billones de pesos.

En el top de contratistas de la región Caribe está el Consorcio Dragados, con un contrato por 1.7 billones, y la Compañía de Arquitectura e Ingeniería Alsosa S.A.S, con 21 contratos por 1.5 billones. También está la Fundación Cardiovascular, que tiene 30 contratos por 594.503 millones de pesos.

En la Región Centro Oriente, uno de los mayores contratistas (tiene 210 contratos que suman 87.772 millones de pesos) es la Fundación Vive Colombia, que en el pasado ha estado en la lupa por contratos del Programa de Alimentación Escolar. También figura HMV Ingenieros Ltda., con cuatro contratos por 95.325 millones de pesos.

Otra de las firmas que llama la atención en este región es la Asociación de Prestadores de Servicios y Suministros de Salud,�que tiene 201 contratos que suman 59.285 millones de pesos.

En la región Centro Sur el mayor contratista es el Consorcio DEUS 2018, con dos contratos por 120.045 millones de pesos.�Por la cantidad de contratos, otro organismo que resalta es el Fondo Mixot de Cultura y Turismo del Huila, con 144 contratos por más de 19.000 millones de pesos.

En el Eje Cafetero, la Unión Temporal Consultorías de Colombia aparece con un contrato por 1.417 millones de pesos, y la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente Edeso tiene 45 contratos por 156.002 millones de pesos.

Y en la zona Pacífico uno de los mayores contratistas es la firma Palmira, con 10 contratos por 218.020 millones de pesos.

Sancionados, inhabilitados y hasta muertos, entre los contratistas

Entre los contratistas, la Contraloría identificó a personas que, pese a tener sanciones fiscales por parte de ese organismo de control, o inhabilidades por parte de la Procuraduría General, siguieron obteniendo contratos. Incluso, el organismo de control identificó a personas muertas con contratos.

Entre los casos de los sancionados por procesos de responsabilidad fiscal, situación en la que no podrían contratar con el Estado, la Contraloría detectó a Ramón Iván Arenas Castillo. Aunque tiene un fallo fiscal en su contra de diciembre del 2016, después de esa fecha aparece con 10 contratos después de que la sanción tiene fecha de ejecutoría. El contratista, tras ser sancionado, suma negocios con el Instituto Nacional de Vías (Invías) por 1.488 millones de pesos.

Otro caso particular es el de Ana Elvia Carranza Acosta, sancionada en noviembre del año pasado por falta de planeación�en un contrato del 2010 para optimizar un acueducto en Meta. Después de ese fallo se pueden encontrar a su nombre 34 contratos por 838 millones. Y Sergio Eliécer Bastidas Solarte, sancionado en abril de este año por irregularidades en un contrato para un proyecto de riego en Albán (Nariño), aparece con tres contratos por más de 800 millones.

Entre los inhabilitados que siguen contratando están Alexander Mena Reina, destituido en el 2016 para ejercer funciones públicas y quien supuestamente no podía contratar por 11 años. Sin embargo, tras esa inhabilidad ha obtenido contratos por 83 millones.

Y la Contraloría detectó por lo menos 13 casos de personas que, pese a haber fallecido, después de su muerte aparecen contratos firmados a su nombre.�

Uno de esos casos es el de Rafael Manuel Ángel Mahecha. Murió en abril del 2016, pero después apareció con un contrato por 25 millones de pesos con la Empresa Aguas Andaki para el suministro de insumos químicos para potabilizar el agua.

O Humberto Pernet Montaño, quien murió en agosto del año pasado y tras su deceso, en los registros hay dos contratos a su nombre por 21 millones de pesos con el Barrio Simón Bolívar

Lo mismo ocurre con Gerardo Jaramillo, que murió en noviembre del 2017, pero después de morir firmó supuestamente 9 contratos por 6 millones de pesos, principalmente con el hospital San Carlos E.S.E.

‘Hay contratistas que actúan con vocación de carteles’: Contralor General�

Con el proceso que la Contraloría inició se identificaron importantes mallas de contratación. ¿Qué tan grave es la concentración de contratación en el país y por qué estas mallas deberían generar alerta?

Lo primero es entender que la única forma para ejecutar los recursos públicos es bajo la contratación pública, por ello es clave poder ver cómo, cuándo, dónde, con quiénes y para qué se contrata. Esas mallas evidencian realidades que deben prender alarmas e incentivar a poner lupas sobre ellas. Muestran, por ejemplo, situaciones de concentración de la contratación pública que nos deben hacer reflexionar por las causas y los antídotos de esos fenómenos.

Cómo explicar que 60 billones de pesos de esa contratación pública, de 400 billones analizados de los años 2016, 2017 y 2018 , se concentren en manos de un poco más de 13 mil contratistas que alternan su nombre en consorcios y uniones temporales y que solo cambian de razón social de un proceso a otro. Es curioso que la contratación se concentre en tan pocas manos y que la transparencia a la que obligan la Constitución y la ley brillen aparentemente por su ausencia.

Hay que evaluar en esas dinámicas en dónde quedan principios como la libre concurrencia de oferentes, la economía, la eficiencia y la publicidad en la contratación, principios esos que por lo que se ve se han convertido en convidados de piedra, en letra muerta.

Las mallas nos están mostrando que hay contratistas que actúan con vocación de carteles, de mafias rapaces que se organizan metódicamente para que esa contratación sea de ellos y de nadie más.

La Contraloría detectó que un mismo contratista termina haciendo proyectos muy distintos, desde programas de alimentación, hasta reinados. ¿Esa es una muestra de que no se está contratando a las personas idóneas?

Las mallas evidencian los “toderos” contractuales, es decir, personas que son expertas en preservativos y en construcción de vivienda, y lo digo porque encontramos que un señor dueño de una farmacia era al mismo tiempo el encargado de proveer preservativos para el desarrollo de programas de educación sexual y el encargado de los programas de vivienda del lugar.

Estas situaciones son una grave evidencia de que no estamos reparando suficientemente en la experiencia, capacidad y aptitud de los contratistas que contratan con el Estado, irrespetando el Estatuto de Contratación Pública, y abriendo las compuertas al saqueo, al despilfarro, al perjuicio fiscal. ¡Por Dios, eso hay que frenarlo! Y sólo lo podemos hacer si somos capaces de detectarlo a tiempo, si logramos generar un sistema de información abierto y confiable como el que estamos presentando.

¿Cómo se explica que inhabilitados por la Procuraduría, la Contraloría y hasta personas muertas hoy tengan contratos?

Lo primero es que, o hay complicidades en el tema o hay filtros insuficientes en las administraciones. Es inadmisible que cosas así sucedan. Hay alcaldes que le adjudican contratos a personajes a los que menos de un mes atrás les han impuesto destituciones o sanciones, o lo que es peor, contratistas muertos, que están ¡muertos! Eso no puede seguir sucediendo.

La plataforma Océano que ponemos al servicio del país es una herramienta para que situaciones como esas no vuelvan a presentarse y si se presentan es simple y llanamente porque la entidad es cómplice del contratista mañoso. En un país sin memoria aspiramos a que Océano se convierta en la gran memoria de la contratación pública en Colombia.

¿Por qué a pesar de que se insiste en la pluralidad en la contratación, en las licitaciones, una buena parte de los contratos se hace en forma directa?

No se puede satanizar la contratación pública en el país, ni la contratación directa. Hay es que perseguir a quienes están haciendo las cosas mal. Vamos a vigilar con mucho rigor aquellos contratos cuyo objeto se podría haber asignado a través de un proceso de convocatoria pública. Se revisará la capacidad e idoneidad del contratista y el valor de los contratos. La contratación directa no puede ser un instrumento para evadir los procesos de licitación pública y para contratar con firmas inexpertas y con sobre costos.

Pero también lo que buscamos a futuro es poder predecir con las nuevas tecnologías, a quien posiblemente le irán a entregar una licitación según la inteligencia artificial.

¿Cuál cree que será el principal beneficio que la plataforma Océano le traerá al país?

Que OCÉANO alerte concentración de contratación es importante para prender alarmas y hacerle seguimiento a esa contratación. Sin embargo, también es importante señalar que OCÉANO también pretende implementar un mecanismo para alertar si una obra, por ejemplo, en su ejecución está teniendo o tuvo un sobrecosto o un valor mayor del inicialmente previsto.

El sobrecosto de una obra, cuando ello no obedece a riesgos y contingencias evidentes, es sinónimo de falta de planeación y por supuesto algunos casos de corrupción. La corrupción está desangrando el erario con la práctica de las mayores cantidades de obra que en muchas figuras contractuales ni siquiera requieren contratos adicionales.

A esta alerta del sobrecosto hay que sumarle otra que debe arrojar OCÉANO: la de adición de los contratos. Los contratos son para cumplirlos, no para adicionarlos, salvo razones excepcionales plenamente justificadas. Con un adecuado control fiscal, aspiramos a que en Colombia podamos tener certeza de que con la plata con la se contrata la obra, con esa misma plata se logrará culminarla.