El escándalo de chuzadas llega al corazón del búnker

El escándalo de chuzadas llega al corazón del búnker

Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)

Unas 100 líneas interceptadas desde la Fiscalía, ligadas a red de exmilitares presos por espionaje.

En la Fiscalía están seguros de que Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Augusto Martínez Lugo, dos de sus más curtidos fiscales, no son los únicos funcionarios de esa entidad vinculados a las interceptaciones ilegales de teléfonos que se vienen haciendo desde la plataforma Esperanza, el llamado cerebro de la inteligencia del búnker.

Alguien más, desde adentro, le filtró al exjefe de inteligencia del DAS Laude Fernández el interrogatorio reservado de uno de los dos coroneles implicados en el caso. El documento apareció en su celular, luego de que fuera desencriptado por expertos forenses y sirvió de base para su captura hace solo ocho días.

Y hay otra prueba más contundente. Al menos 100 líneas que aparecen oficialmente interceptadas desde las diferentes salas del sistema Esperanza coinciden con los números encontrados en las 1.200 carpetas de chuzadas ilegales que estaban ejecutando el coronel (r) Jorge Humberto Salinas y su red criminal.

En ese paquete aparecen personas ligadas a Prosegur, una empresa de valores española; a la multinacional Pepsico; a la firma de mensajería Servientrega y al ingenio azucarero Incauca.�

Además, está el celular del capitán Julián Pinzón, piloto sindicalizado de Avianca. Y hace un par de semanas se encontraron otros casos relevantes. EL TIEMPO estableció que Jorge Hernán Flórez Lema, subdirector de Mercadeo y Crédito de Colsubsidio durante 27 años, estaba interceptado al igual que su esposa. Incluso, les tenían rastreada su finca en Subachoque, Cundinamarca. Y con ellos, venían siendo monitoreadas tres mujeres de una misma familia.

A ese inquietante listado se suma la cabeza de Enel-Codensa, Lucio Rubio, y el abogado Felipe Jaramillo, con quien el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) tiene pleitos judiciales activos. Y aunque el GEB se declara ajeno a los hechos, aparece como uno de los clientes que Laude Fernández atendió a través de Berkeley Research Group (BRG).

¿Hay más gente chuzada ilegalmente desde las salas oficiales de la Fiscalía sin que aún se sepa?

Los investigadores creen que la respuesta es sí, y por eso desde antes de que saliera Néstor Humberto Martínez de la Fiscalía, armó un equipo con los mejores fiscales e investigadores para revisar 2.700 procesos en los que Gómez Góngora y Martínez Lugo pidieron interceptar teléfonos.�Hasta ahora, todo indica que en investigaciones legales de secuestro, desplazamiento y hasta robo agravado se camuflaron nombres de otros clientes de la red de exmilitares e, incluso, de grupos de chuzadores que el país aún no conoce.

Una juez de control de garantías acaba de acceder a que la Fiscalía conozca los nombres de los abonados, que podrían superar las 2.000 personas.

“Hasta bandas criminales pagan para interceptar. Nadie ha hecho nada a pesar de que el primer caso se conoció desde 2014, cuando se supo que el celular del magistrado de la ‘parapolítica’ Iván Velásquez se chuzó, mimetizándolo en una investigación por extorsión”, le dijo a EL TIEMPO uno de los detenidos dentro de la red de exmilitares.

El socio de Efromovich

En ese momento (2014), los señalados fueron un investigador del CTI, un centinela y dos policías del Gaula, que tenían acceso a la Sala Escarlata de interceptaciones, sin que la investigación escalara. Pero esta vez ya se manejan nombres cuyo poder explicaría por qué si bien Gómez Góngora aceptó cargos, no quiso colaborar con la Fiscalía, a pesar de que se le ofreció protección para él y su familia.

“Uno de los rastros que se sigue es el de oficiales del Ejército y de la Policía. Recuerde que en el mismo expediente está el general (r) Humberto Guatibonza y que, antes de ingresar a la Fiscalía, Fabio Martínez Lugo estuvo ligado a la defensa de militares. También se menciona a exfuncionarios de la entidad y a abogados”, dijo una fuente del búnker.

Y aunque para la Fiscalía es claro que las chuzadas al piloto Julián Pinzón y a las personas enfrentadas judicialmente al GEB vinculan a Laude Fernández con la red, la juez que lo envió a prisión domiciliaria no aceptó imputarle concierto para delinquir: solo interceptación ilícita de comunicaciones y violación agravada de datos personales.

“Laude es un simple comodín de la Fiscalía que les coincide dentro de la investigación: de 1.200 carpetas de interceptaciones, él aparece tan solo en dos y es una desafortunada coincidencia. Laude no era el único interesado en interceptar a detractores de Avianca y del GEB. A él lo capturaron sin tener soporte probatorio”, dijo un allegado al exjefe de inteligencia del DAS.

Su caso, sin embargo, tomó relevancia el lunes pasado, cuando el CTI allanó las oficinas de la reputada multinacional BRG, a la cual Laude Fernández ingresó hace cuatro años.

EL TIEMPO estableció que la decisión de acceder a sus computadores, para sacar copias espejo, y llevarse varios teléfonos de sus ejecutivos en Bogotá�se debe a que, además de Colombia, la oficina de BRG en Estados Unidos estuvo al servicio de Avianca y, posiblemente, de otros clientes, con el propósito de cumplir tareas confidenciales.

El 27 de mayo de 2017, BRG empezó a trabajar para una firma de abogados estadounidense, dentro de un caso por posibles hechos de fraude en las oficinas de la aerolínea en Centroamérica.

“Cuando Laude Fernández firmó el contrato con Avianca Holdings, la primera misión fue la de apoyar el litigio contra Roberto Kriete, el ahora hombre fuerte de la aerolínea, enfrentado en ese momento a Germán Efromovich. La oficina de Nueva York de BRG tomó imágenes forenses de información de computadores que analizaron en Bogotá para establecer si Kriete y su firma Kingsland Holdings violaron normas anticorrupción”, aseguró una persona enterada del tema.

Y aquí entran los pilotos. Luego le encomendaron evaluar riesgos por la avalancha de tutelas y litigios contra Avianca durante la huelga: “Laude encontró vínculos de familiaridad entre varios funcionarios que están llevando o han llevado procesos contra Avianca. Además, que magistrados a cargo de esos casos estaban inmersos en escándalos de corrupción, incluido el ‘cartel de la toga’. Ni en ese trabajo ni en el del caso Kriete hay nada ilegal”.

Pero la Fiscalía dice tener cómo demostrar que tanto en el tema del piloto como en los de las otras 1.200 carpetas se violó la ley. “Los interceptaron ilegalmente desde el sistema Esperanza, siguieron a sus hijos, esposas y hasta hermanos,�incluso rastrearon sus inclinaciones políticas y sexuales. Deben responder por eso y aún no se sabe por cuántos casos más”, sentenció uno de los investigadores.

¿Qué se llevaron de la poderosa firma BRG?

El Grupo de Energía de Bogotá (GEB) ya completa la tercera audiencia ante la Cámara de Comercio, en un proceso precontencioso en el cual le está pidiendo explicaciones a Berkeley Research Group (BRG) sobre la conducta de su representante en Colombia, Laude Fernández. Además, fue aceptado como perjudicado dentro del proceso que se le sigue a Fernández por supuestamente haber ordenado interceptar a personas que tenían pleitos con el GEB y al menos a un piloto de Avianca.

De hecho, abogados del GEB no estuvieron de acuerdo con que a Fernández se le diera casa por cárcel, y fuentes dicen que no descartan entablar una demanda contra la reputada multinacional.

Incluso, buscarán que BRG explique por qué Fernández permanecía en su nómina a pesar de estar vinculado en la investigación y, además, qué hay detrás del allanamiento de más de 16 horas a su sede en el norte de Bogotá.

Avianca surte un proceso idéntico luego de que la Fiscalía conminó a cuatro de sus directivos, entre ellos a Renato Covelo y Germán Efromovich.

Pero voceros de BRG también se declararon desconcertados por el allanamiento. Y aunque después de la diligencia separaron del cargo a Fernández, dejaron claro que colaboran con las autoridades, que sus procedimientos son transparentes y legítimos y que no les han notificado acerca de ninguna vinculación al caso.

De hecho, abogados de BRG calificaron de irregular el operativo y no entienden por qué los investigadores del CTI inspeccionaron varias oficinas, se llevaron celulares de ejecutivos, el contrato con Pepsico e imágenes espejo de computadores con información sobre otros clientes: una multinacional, una oficina de abogados, una firma colombiana y una petrolera. EL TIEMPO se reserva sus nombres para no afectar el caso.

En cuanto a Fernández, allegados insisten en que él le solicitó a Luis Carlos Gómez un análisis de riesgo de un paramilitar (Jairo Iván Galvis), no de un piloto.

“Ahí no hay nada ilegal. Lo están usando de distractor y la Fiscalía no ha explicado por qué no avanzan los casos de interceptaciones que implican a laboratorios, ingenios y otras firmas. No hay nada que lo incrimine”.�En similar sentido se ha pronunciado la defensa de Humberto Guatibonza.