El desacato del general Nicacio Martínez por no entregar a periodistas información pública

A los sucesivos escándalos de corrupción y las derogadas directivas sobre éxitos operacionales que reencaucharon el fantasma de los falsos positivos, se suma otro dolor de cabeza para el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez. Esta vez por cuenta de un fallo que lo declaró en desacato por negarse a entregar información sobre los convenios administrativos que tiene su entidad con empresas de hidrocarburos en Colombia. En desarrollo de una investigación sobre este tipo de contratos, los detalles alrededor de las unidades militares beneficiadas y el posible conflicto de intereses que generarían estos pagos, el colectivo de periodistas Rutas del Conflicto, que hace parte de la Liga contra el Silencio, lleva más de un año escarbando el tema.

En ese contexto, el 14 de febrero pasado presentaron un derecho de petición al Ejército para que les informara cuántos convenios había suscrito con empresas del sector de hidrocarburos. Tras un silencio de más de un mes, el colectivo de periodistas interpuso una tutela en el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá, el cual le ordenó el 29 de marzo al comandante Nicacio Martínez que le informara a Rutas del Conflicto, en un plazo máximo de 48 horas, los números de radicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública de los convenios de cooperación con empresas de hidrocarburos desde 2002 hasta 2019, así como la información “del accionar del Ejército Nacional frente a los convenios de dichas empresas”.

Cuatro días después, el 2 de abril, el Ejército contestó que no podía entregar lo requerido por una cuestión de reserva y seguridad nacional. Los periodistas insistieron y el 30 de julio pasado el director de convenios del Ejército, teniente coronel Carlos Humberto Hernández, les respondió que le daría trámite a la petición. Sin embargo, según Rutas del Conflicto, no entregaron la información solicitada. De esta manera, se inició un incidente de desacato que el 23 de agosto pasado derivó en nuevos líos para el comandante Martínez. El juzgado requirió al comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, para que “haga cumplir en su integridad la decisión del 29 de marzo”.

En ese sentido, ordenó que se “inicie el correspondiente procedimiento disciplinario contra el general Nicacio Martínez” y que el general Navarro rinda un informe en el que manifieste “si procedió a hacer cumplir el fallo” y “si procedió a la apertura del respectivo proceso”. Para ello, le dio dos días contados a partir de la fecha de notificación. Los términos van corriendo. Pero ¿por qué los reporteros de Rutas del Conflicto requieren esos datos? La respuesta la da el director del proyecto, Óscar Parra, quien asegura que, pese haber avanzado en bases de datos públicas, aún no tienen claro la trazabilidad del dinero, las inversiones que se hicieron y la rendición de cuentas del Ejército.

A pesar de las evasivas de la entidad, Rutas del Conflicto revisó más de 200 contratos de este estilo que encontró publicados y, aunque sospechan que hay muchos más, sus primeros hallazgos resultaron inquietantes. Por ejemplo, descubrieron que estos convenios se firmaron para garantizar la seguridad y perseguir delitos en diversas partes de Colombia. Sin embargo, en los territorios donde se ejecutaron los proyectos, las comunidades han denunciado abusos y persecuciones. Además, constataron que parte de esos dineros entregados al Ejército se fueron en inversiones de paquetes turísticos para militares y policías, instrumentos musicales y hasta el mantenimiento de la capilla de la Séptima Brigada, en Villavicencio.

Otro hallazgo de Rutas del Conflicto sobre estos convenios muestra que, entre el 4 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2016, Ecopetrol y el Ministerio de Defensa invirtieron $1.430 millones en el “mejoramiento de la infraestructura de alojamientos de la guarnición militar de Bogotá”. “La investigación también arrojó que los dineros están siendo invertidos por fuera de los territorios donde dicen tener vigencia. Es el caso del convenio 12-031 para Arauca, Putumayo y Nariño, que destinó $3.700 millones a la construcción de la Escuela de Helicópteros Cacom 4 en Flandes, Tolima”, dice la investigación.

El Espectador consultó a Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto, quien explicó por qué se interesaron en este tema. “Hicimos un reportaje con líderes ambientales en el Meta y empezamos a darnos cuenta de que había una relación desigual entre la presencia de la Fuerza Pública y la justicia, en espacios en donde había discusiones entre líderes sociales y empresas petroleras. Las empresas petroleras les pagan directamente dinero a Ejército, Policía y Fiscalía. Eso es legal desde los años 90. En medio del clima de violencia del país, nos pareció complicado. Hallamos denuncias puntuales de una comunidad y del sindicato de la USO”.

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Parra contó que la semana pasada el Ejército les envió otra respuesta, de nuevo incompleta: “Les hicimos 12 preguntas y solo contestaron tres. Estamos estudiando los pasos a seguir”. Al cierre de esta edición, el Ejército no había contestado las preguntas de El Espectador. Entre tanto, Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), se pronunció respecto de esta controversia: “En este caso está en juego el derecho a la información, una que es publica y que no debería ocultarse bajo ningún motivo. Además, aquí ya existe la decisión de un juez que le ordenó al Ejército entregar todos los datos, sin ninguna excusa. Nos preocupa que hasta ahora no se ha cumplido con esa orden y, en consecuencia, se está infringiendo la ley”.