Con megasubasta de bienes la SAE espera recaudar $ 2 billones
Con megasubasta de bienes la SAE espera recaudar $ 2 billones
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
Se pondrán al mismo tiempo en el mercado 5.837 propiedades ocupadas por las autoridades.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administra los bienes decomisados a personas vinculadas a negocios ilegales, viene trabajando en una subasta sin antecedentes que sacará al mercado más de cinco mil bienes en poder del Estado, los cuales generan altos costos de manutención.
La presidenta de la SAE, María Virginia Torres, explicó cómo será esa megaventa de bienes que estaban bajo el control de redes de narcotráfico, minería ilegal y hasta casos de corrupción y que saldrán al mercado a más tardar a mediados de 2020.
¿Cómo funcionará esta megasubasta?
La SAE, desde hace más de un año, viene trabajando en la preparación de la megaventa de 5.837 inmuebles.
La subasta es solo una pequeña parte de este proceso, el cual incluye, además, la elaboración de avalúos comerciales, una auditoría de los mismos, revisión jurídica de los inmuebles, alistamiento tecnológico y la participación de un equipo multidisciplinario, compuesto por más de ochenta personas que han contribuido a que este ejercicio tenga altos estándares de calidad.
Este proyecto se viene realizando con el apoyo técnico de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL, por su sigla en inglés), que, a través de la agencia implementadora Cherokee Nation, acompaña el proyecto.
¿Quién podrá presentarse para comprar bienes?
Todos aquellos empresarios, inversionistas, fondos soberanos, fondos de private equity, desarrolladores de real estate y en general todas aquellas personas que tengan capacidad y experiencia en la venta y compra de portafolios de estas características. La SAE, con el apoyo de Cherokee Nation, hará un proceso de divulgación los meses previos a la subasta para contar con la participación de las mejores empresas.
¿Qué controles hay para garantizar la transparencia?
Con el fin de aplicar medidas anticorrupción y lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, el proyecto de venta masiva de inmuebles, la INL y la Sociedad de Activos Especiales S. A. S. invitaron a la Procuraduría General, la Contraloría General y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República para contar con su acompañamiento.
El propósito de la entidad es generar un task force de seguimiento y acompañamiento de forma que se garantice la mayor transparencia posible. Además, la INL dispondrá una auditoría independiente para un seguimiento minucioso a todas las etapas del proceso.
Más de 25.000 bienes han entrado a extinción de dominio este año. Cifras hasta el 8 de noviembre del 2019.
¿Cuánta plata se proyecta recaudar?
Con la venta masiva, esperamos recaudar alrededor de dos billones de pesos, que serán invertidos en programas antinarcóticos y la lucha contra la criminalidad en Colombia.
¿Cuáles son algunos de los bienes que se van a vender?
En el inventario de comercialización hay de todo tipo de bienes. Contamos con apartamentos, casas, bodegas y lotes. Existen bienes que fueron incautados por diferentes actividades ilícitas. Existen inmuebles muy atractivos, como lotes de gran extensión en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Montería, entre otras.
¿Hay joyas, obras de arte?
No. La venta masiva está enfocada a la comercialización de inmuebles. Las joyas y obras de arte se subastarán en procesos aparte.
La venta masiva está enfocada a la comercialización de inmuebles. Las joyas y obras de arte se subastarán en procesos aparte.
¿Qué participación hay de agencias internacionales?
La sección de Asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley de la embajada de Estados Unidos (INL) ha sido un aliado en la construcción y desarrollo de este proyecto. Nos han brindado apoyo técnico y financiero. Es un voto de confianza con el país y la Sociedad de Activos Especiales S. A. S.
¿Por qué venderlos y no seguir su administración?
La ley señala que los bienes deben ser productivos, por ello se fortaleció el mecanismo de enajenación. Además, la administración de inmuebles de manera unitaria es uno de los principales gastos del Frisco. En promedio, al año se pueden gastar alrededor de tres millones y medio de pesos en los pagos de servicios públicos, seguridad, impuestos, entre otros, por inmueble. A través de la venta masiva, la SAE le ahorraría al Estado alrededor de 447.355 millones de pesos. Además, la generación de recursos por medio de la venta masiva es más efectiva, ya que la venta uno a uno toma más tiempo. Para el país, la venta masiva significa más eficiencia y eficacia.
¿Qué pasa si luego los jueces consideran que los predios deben ser devueltos?
La ley ya se pronunció sobre esto, así como la Corte Constitucional. La entidad debe dejar una reserva técnica del 30 % de los recursos generados por la comercialización de activos que estén en proceso de extinción de dominio, para cuando la justicia considere improcedente la extinción de dominio, la SAE devuelva el valor del bien que fue comercializado. Por lo tanto, los bienes se entregan totalmente saneados y sin limitación alguna al dominio.
Más de 25.000 bienes han entrado a extinción de dominio este año. Cifras de la SAE hasta el 30 de agosto del 2019.
Ocupaciones del año van en $ 5,5 billones
El lunes, unidades de la Policía, la Fiscalía y el Ejército ocuparon con fines de extinción de dominio bienes de Pedro Luis Herrera, capturado hace un mes y señalado de financiar a la guerrilla del Eln y al ‘clan del Golfo’ con dineros provenientes de la minería ilegal.
Según la investigación, Herrara era uno de los mayores explotadores ilegales de oro en Antioquia y había comprado bienes avaluados en 24.336 millones de pesos con dinero de rentas ilícitas. Las autoridades entregaron a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) seis establecimientos de comercio, 11 vehículos y 20 inmuebles ocupados en ese operativo.
Este es solo uno de los golpes que las autoridades han dado a personas vinculadas a investigaciones penales este año y que a la fecha dejan 25.969 bienes ocupados, los cuales están avaluados en 5,5 billones de pesos. En todo el año pasado, los bienes que pasaron a manos del Estado fueron avaluados en 5,9 billones de pesos, en 2017 las ocupaciones llegaron a los 4,2 billones y en el 2016 la cifra ascendió a los dos billones de pesos.
Entre los bienes ocupados este año hay 486 propiedades, que cuestan 351.000 millones de pesos y están asociadas a investigaciones penales por casos de corrupción. Hace menos de una semana se ocuparon 11 propiedades por alrededor de cinco mil millones de pesos que serían de la prófuga excongresista Aida Merlano Rebolledo.
Igualmente se tomó posesión de 161 bienes, por $ 65.000 millones, que estarían a nombre de miembros del ‘clan del Golfo’ o sus testaferros. A otras redes criminales como la banda ‘la Cordillera’, que delinque en el Eje Cafetero, le han ocupado predios por $ 4.740 millones.
Así mismo, este año, al Eln le han ocupado 74 propiedades avaluadas en $ 24.000 millones. Entre esos bienes, las autoridades llegaron a 20 predios de Álvaro José Mateus Vargas, alias Quesero, señalado de dar apariencia de legalidad a dineros de esa organización ilegal y que habría financiado el atentado contra la escuela de la Policía perpetrado a finales de enero.
A redes dedicadas a actividades como la minería ilegal, que afectan el medioambiente, se les han incautado propiedades por 32.627 millones de pesos, a la temida ‘Oficina’, que delinque en el área metropolitana de Medellín, dedicada al microtráfico y sicariato, bienes por 50.000 millones de pesos y a la delincuencia común se le han quitado 998 propiedades por $ 699.000 millones.
En este último eje temático se llegó a bienes comprados con dinero de fleteos y atracos a bancos, y hasta a una sofisticada red que hurtaba bicicletas de alta gama, de la que se detuvieron a 15 de sus miembros. A ellos les ocuparon bienes por $ 3.500 millones.
Beneficios para los delatores
La Fiscalía trabaja hace meses en la reglamentación de una directiva que permitirá la aplicación plena del Código de Extinción de Dominio, específicamente en el punto de dar beneficios a quienes denuncien a personas que tengan bienes comprados con dineros de actividades ilegales.
El ente investigador trabaja en las formalidades que permitirían, por ejemplo, dar garantías de seguridad a los delatores que quieran beneficios económicos por información.
El código, en la llamada retribución, menciona la posibilidad de proteger la identidad del denunciante, y por razones de seguridad se determinó que tendría que darse una reglamentación del tema.
La norma establece que para los denunciantes podría darse un beneficio de hasta el cinco por ciento del valor de los bienes ocupados gracias a la información proporcionada a las autoridades. La información tendría que ser puntual y acompañada de evidencias que puedan permitir que tenga éxito el proceso de extinción de bienes.
En todo caso, la valoración inicial de la retribución la realizaría el ente acusador, bajo los criterios que está examinando, y sería el juez de extinción de dominio el que tome la decisión final guardando reserva de la identidad del particular.
