Antonio Guerra “aceptó adherirse a la empresa criminal” de Odebrecht: Corte Suprema
Antonio Guerra “aceptó adherirse a la empresa criminal” de Odebrecht: Corte Suprema
Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original)
El Espectador revela los motivos del alto tribunal para llamar a juicio al excongresista Antonio Guerra de la Espriella por el caso de Odebrecht: el testimonio del “Ñoño Elías”, chats y un incremento patrimonial injustificado.
Las millonarias coimas de Odebrecht a integrantes del Congreso a cambio de utilizar su cargo en favor de los intereses de la multinacional tienen, hasta el momento, a un condenado: Bernardo Elías Vidal, más conocido como ÑoñoElías. Con el exsenador Otto Bula como principal testigo, hay otros dos excongresistas con procesos avanzados. Se trata de Plinio Olano, en juicio ante la Corte Suprema, y Antonio Guerra de la Espriella, quien fue acusado en septiembre pasado, decisión confirmada la semana pasada por la Sala de Instrucción de ese alto tribunal. ¿Por qué? Porque, según la Corte, fue parte, a sabiendas de lo que hacía, de la empresa criminal que montó Odebrecht. Guerra ha negado estos hechos tajantemente.
La acusación que la Sala de Instrucción, en poder de este diario, afirma que el excongresista de Cambio Radical, amigo en la política de Ñoño Elías, “aceptó adherirse y participar en la empresa criminal conformada por directivos de Odebrecht en Colombia, lobistas, servidores públicos de distintos niveles de la Administración nacional, congresistas, contratistas y particulares”. Sus actos, se supone, fueron para acceder ilegalmente a contratos y proyectos de infraestructura aprovechando las conexiones políticas de Guerra de la Espriella y, en especial, su pertenencia a la Comisión Tercera del Senador que debate los temas económicos de la Nación.
En particular, en la reforma tributaria del año 2012 que, según la Corte Suprema de Justicia, “fue aprovechada para presionar la firma de un contrato de estabilidad jurídica requerido por Odebrecht”. Se trata de un contrato que firmó el Ministerio de Transporte y la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, sobre el proyecto de la Ruta del Sol II que eximía a la constructora de pagar más impuestos a partir de 2013 -así vinieran luego reformas tributarias- y por el cual, según la Fiscalía, se habrían pagado $4.000 millones en sobornos. El documento se firmó el 31 de diciembre de 2012, un día antes de que entrega en vigor una nueva ley que impedía que este tipo de contratos se volvieran a firmar.
Para lograrlo, Federico Gaviria contactó a Bula para que hiciera las gestiones correspondientes que incluyeron, según el testimonio de este último, al ÑoñoElías, para que él, a su vez, contactara a otros congresistas. Ahí entra en juego Antonio Guerra. La estrategia, se supone, fue obstaculizar la aprobación de la reforma como presión ante el Ministerio de Hacienda para lograr el contacto. De ello quedaron conversaciones vía Blackberry entre ambos, que Ñoño reenviaba a Bula por WhatsApp y, como contraprestación, Bula dio a Elías $2.4000 millones, de los cuales, presuntamente, $200 millones llegaron a los bolsillos de Guerra en febrero y marzo de 2013 en efectivo.
El alto tribunal les dio valor a los testimonios de Bula y Elías Vidal que hablan de varias reuniones con el entonces ministro Mauricio Cárdenas para insistir en la firma del contrato. “La posición de Guerra le permitía relacionarse con el ministro de Hacienda, lo cual acepta el propio procesado al afirmar que conocía a Cárdenas y haber hablado con él. No puede pasar desapercibido que dicho funcionario, en oficio del 27 de diciembre de 2017, señaló que, aunque no recuerda si Guerra se reunió con él para hablar del Conpes 3817 de octubre 2 de 2014, no descartó que se haya reunidos en otras ocasiones con él”.
Según informe de Policía Judicial del 11 de abril de 2018, Guerra de la Espriella ingresó 16 veces el Ministerio y en dos de ellas accedió al tercer piso, donde queda el despacho del ministro, entre el 25 de septiembre y el 31 de octubre de 2012, cuando transcurría la etapa final del trámite del contrato de estabilidad jurídica. Guerra dijo en su indagatoria que no hay ningún sustento del pago de los $200 millones, y que el exsenador Elías declaró buscando beneficios judiciales. La Corte desestimó ese argumento con los testimonios de Gabriel Dumar Lora y Otto Bula, quienes aseguran que las gestiones en favor de Odebrecht sí existieron y que incluyeron la adición del tramo Ocaña – Gamarra de la Ruta del Sol.
Elías dijo: “Otto Bula se presenta con José Ignacio Burgos (uno de sus asistentes ) en mi apartamento, Otto Bula me dice ahí están $700.000.000 en un morral grande (…) Otto me había dicho a mí que de sus honorarios como lobista él ganaba algo sí salía la estabilidad jurídica y de ahí me daba a mí una parte (…) fue un dinero en efectivo, entonces de ese dinero pagué muchas cosas y le di al senador Antonio Guerra $200.000.000 y le regalé al señor Luis Miguel Pico 50 millones [Pico aceptó cargos en junio de este año]. Yo le dije al senador Antonio Guerra que eso era una vuelta para la firma Odebrecht, que tenía un amigo que estaba representando eso en lobby y que (….) yo le ayudaba a él con algo”.
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“No es posible plantar que la intervención del aquí vinculado operó apenas de manera coyuntural o aislada, sin trascendencia penal alguna como de manera obstinada lo quiere hacer notar el sindicado, pues, lo que hasta ahora reporta de manera amplia, suficiente y contundente la prueba es que si bien Guerra se adhirió a la organización criminal con posterioridad a su creación (si se quiere en los últimos años de existencia – 2012 a 2016), por solicitud del también senador Bernardo Miguel Elías Vidal (…) el sindicado se constituyó en acto importante del conglomerado económico para acceder a los contratos en las condiciones requeridas por la multinacional”.
El llamado a juicio también incluye las gestiones que habría hecho Guerra para buscar a un banco que respaldara financieramente a la empresa europea Afavias para la concesionaria Navelena, en relación con el proyecto de mejoramiento de la navegabilidad del río Magdalena. Según las pruebas, Guerra habría buscado una reunión con Santiago Perdomo de Colpatria a la que, dice el documento, asistieron Guerra, Elías y personal de Afavias para proponerle a la entidad financiar la compra de la participación de Odebrecht. Guerra habría buscado una reunión más con el gerente de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para el mismo propósito. Las pruebas son unos chats de WhatsApp entre ambos.
En uno de ellos, Vidal le pregunta a Guerra: “¿Cómo es tu relación con los bancos que son AVAL, Colpatria, BBVA o Davivienda? Los necesitamos para una operación rápida”. Guerra responde: “Los dos últimos”. Más adelante, Elías le dice que saque “directo” la cita con Santiago Perdomo de Colpatria, por lo que Guerra le pregunta qué decir. Elías afirma: “Un crédito urgente para una empresa amiga portuguesa, de cara a crédito para cierre de Navelena. Río Magdalena, que se vence el lunes de hoy en 8”. Las conversaciones siguen mostrando, según la Corte, preocupación por parte de Guerra porque los “europeos” supuestamente no fueron a una reunión con Clemente del Valle, presidente de la FDN.
En otro chat, Guerra pregunta a Elías “cómo salió todo con los europeos” y este responde que iban bien, a la espera de resultados bancarios. Para la Corte, es claro que Guerra participó activamente en estas gestiones y que “hasta el último momento se mostró sumamente interesado en conocer los resultados de su gestión”. Guerra dijo a la Corte que no tuvo que ver en la reunión entre Afavias y Perdomo, y Elías no es claro en afirmar si fue Guerra quien gestionó el encuentro. No obstante, con chats entre Ñoñoy Jaime Luis Lacouture, la Corte precisa que este último concretó la entrevista pero que Guerra “sí estaba interesado en que se realizara”.
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“Ya hablé con Santiago. (…) Le dije que íbamos tú, Toño, Ariel (Aduén director de Fonade) y yo. Y le hablé de los dos temas. El tema de la unión de Colpatria con otra empresa y a ponerle a Fonade a la orden”, le dijo Lacouture a Elías. Aunque Guerra aseguró que sí solicitó una entrevista con Perdomo, pero para presentarle al director de Fonade, y que su encuentro con Ñoñoy los directivos de AFA fue una casualidad, para la Corte esa versión no es creíble. Lacouture es actual magistrado del Consejo Nacional Electoral y le manifestó a la Corte en certificación jurada desconocer los hechos investigados. Admitió relaciones comerciales con Colpatria cuando fue director del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales.
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El alto tribunal también tuvo en cuenta supuestas gestiones que habría hecho Guerra para que se agilizara la suscripción del contrato de adición del proyecto de la Ruta del Sol II, acompañando al entonces senador Bernardo Elías a entrevistarse con el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade. Aunque, dice la Corte, no hay prueba de que por ello se haya pactado alguna coima. “El concierto para delinquir que se le atribuye no está referido únicamente en haber formado parte de la asociación delictiva, sino que dicha actividad se extiende al acuerdo tácito para promover los objetos que pretendía alcanzar la multinacional Odebrecht, que no era otro que expandirse”, dice el documento.
De lo que sí hay prueba para la justicia es de que Guerra hacía parte del “grupo de congresistas” que apoyaba a Elías en sus gestiones en favor de Odebrecht, aprovechando su alto cargo y la cercanía con el ministro de Hacienda o con directivos de bancos. Por eso fue acusado tanto de tráfico de influencias (por valerse de su cargo para defender los intereses de Odebrecht ante terceros a cambio de dinero), como de cohecho propio, por sus actos como miembro de la Comisión Tercera del Senado. “El procesado prestó su ayuda a Bernardo Elías Vidal para que este pudiera materializar los objetivos de Odebrecht, para lo cual fue necesario ‘vender’ su función, poniéndola al servicio de los intereses de la multinacional”.
Por otra parte, la Corte lo acusó del delito de enriquecimiento ilícito, al encontrar un patrimonio injustificado de $1.160 millones: “Se infiere con claridad que las declaraciones de renta correspondientes a los años 2013 al 2017, inclusive, no reflejan la realidad de los ingresos obtenidos por el sindicado durante ese lapso, con lo cual, de una parte, podría inducir, eventualmente, en error al perito o al funcionario que en un momento dado efectúe el análisis de las mismas; y de otro lado, con ese comportamiento, además de haber evadido las obligaciones fiscales que legalmente le correspondían al no declarar la totalidad de los ingresos recibidos, se está haciendo aún más evidente el acrecimiento patrimonial injustificado que se cuestiona”.
