En 2019 EE. UU. revocó más de 1.700 visas obtenidas con fraude
En 2019 EE. UU. revocó más de 1.700 visas obtenidas con fraude
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
Entre 2016 y 2019, grupo habría ganado más de $ 1.300 millones. Seis personas fueron capturadas.
A mí no me amenace que yo también tengo su dirección y ahí nos embalamos somos todos. Aquí lo que hay es un concierto (para delinquir) y del concierto no nos saca nadie. (…) Piense para hablar, hermano, que lo que yo estoy haciendo es colaborándole”.
Este extracto de una conversación telefónica fue una de las pruebas con las que la Fiscalía argumentó a un juez la razón de la captura de Germán Arturo Vanegas Cardozo, de 39 años de edad, su esposa, Liliana Patricia Herrera, y cuatro personas más, sindicadas de integrar una red dedicada a la falsificación de perfiles para obtener visas a Estados Unidos.
Tras una investigación que comenzó en diciembre del 2018, los seis fueron capturados a finales del año pasadoen trabajo articulado entre el servicio de seguridad diplomático de la embajada de Estados Unidos, la Fiscalía y el grupo del servicio de seguridad diplomática de la Dijín.
“La investigación permitió que Estados Unidos les revocara la visa a 1.735 personas que la lograron a través de las maniobras irregulares de esta red criminal. Dos personas ya fueron ubicadas y deportadas desde Estados Unidos, y en este momento el servicio diplomático está verificando otras 500 visas”, dijo a EL TIEMPO el coronel Gelber Hernando Cortés Rueda, director (e) de la Dijín.
Según las investigaciones, la banda ofrecía asesoría para lograr la visa estadounidense. “Ellos ayudaban desde diligenciar el formulario (en inglés), que es un trámite que se hace por la página web de la embajada hasta a falsificar y sustentar la información que se solicita, como el nivel de estudios, formación académica y salario devengado”, señaló el oficial.
De hecho, en el expediente hay cuenta de que la red entregaba a sus clientes certificados laborales falsos de reconocidas empresas, con cargos y salarios que daban la ilusión de un nivel económico y social que los alejaba de la posibilidad, “a los ojos del cónsul, de quedarse viviendo en EE. UU.”, resaltó Cortés. Para obtener la documentación fraudulenta, la organización criminal usaba una imprenta ubicada en el barrio Ricaurte, de Bogotá, cuyo propietario fue capturado.
La red era liderada por Vanegas y su esposa, quien manejaba el dinero de la organización. Durante el allanamiento al apartamento de la pareja, la Dijín encontró más de 1.200 documentos como visas, diplomas, pasaportes, cartas de referencia y certificados bancarios, pruebas que ya hacen parte del expediente en su contra.
De acuerdo con los investigadores, la organización inicialmente exigían al cliente un pago de 800.000 pesos para cumplir con los derechos consulares, en ese momento se realizaba la adulteración de los perfiles de los aspirantes.
Si los clientes obtenían la visa, tres meses después tenían que entregarle a la banda un millón de pesos más, por lo que se estima que desde 2016 hasta que fueron capturados lograron ganancias por más de 1.300 millones de pesos.
Ellos ayudaban desde diligenciar el formulario (en inglés), hasta a falsificar y sustentar la información que se solicita, como el nivel de estudios, formación académica y salario devengado
Una cuarta persona, conocida como ‘William’, fungía como el financiador, prestando su tarjeta de crédito para el pago de la visa, y en un periodo de 12 meses reportó movimientos por más de 470 millones de pesos en gastos consulares.
La red también estaba integrada por ‘Andrés’, quien se encargaba de falsificar documentos como diplomas y tarjetas profesionales; y ‘Andrea’ y ‘Xiomara’, que se encargaban de atraer a posibles clientes.
Los seis capturados fueron cobijados con detención intramural mientras continúa el proceso en su contra por falsedad en documento público y privado, concierto para delinquir y tráfico de migrantes.
De otro lado, autoridades en EE. UU. analizan solicitar su extradición, aludiendo que la red cometió delitos que afectan la seguridad nacional.
Y tanto la Policía como la Fiscalía adelantan un proceso de extinción de dominio de los bienes de los capturados, pero aún no han encontrado nada a sus nombres, por lo que se rastrea a posibles testaferros.
