“Esta persona continuará vinculada dentro del juicio que se le va a adelantar ante el juez especializado de Barranquilla”, detalló en rueda de prensa la vicefiscal, Martha Mancera, que aseguró que la audiencia de acusación contra Saab, programada para marzo de este año, no se pudo hacer por la pandemia del coronavirus.
El anuncio de la detención de Saab se produjo después de que el pasado 9 de junio la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de extinción de dominio (expropiación) a 7 inmuebles que harían parte del patrimonio ilícito que constituyó el empresario a través de operaciones financieras irregulares.
“Con relación al proceso de captura en Cabo Verde, nosotros no participamos en ese procedimiento”, aclaró Mancera al explicar que Colombia tampoco tiene vínculos en sus actividades de investigación con las autoridades de Venezuela.
El abogado del empresario, José Manuel Pinto Monteiro, dijo este martes a Efe desde Praia, capital de Cabo Verde, que ve indicios de irregularidad procesal en la detención de su cliente en ese país.
Saab, nacido en la ciudad caribeña de Barranquilla y de ascendencia libanesa, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, tanto el empresario colombiano como tres hijastros de Maduro al parecer se lucraron con “cientos de millones de dólares”.
Las autoridades de Estados Unidos también presentaron cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusan de blanquear hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EE.UU., entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
