Organizaciones de víctimas insisten a la JEP que expulse al general Mario Montoya

Por medio de un oficio de 48 páginas, nueve organizaciones que representan a las víctimas de los mal llamados “falsos positivos” ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le pidieron a los magistrados que el general Mario Montoya, excomandante del Ejército Nacional entre 2006 y 2008, sea expulsado del Tribunal de Paz.

No es la primera vez que las víctimas, a través de sus abogados, solicitan que se le abra un incidente de incumplimiento, para que el General pierda los beneficios que le brindó la JEP, entre ellos, su libertad condicionada. Posterior a su única versión voluntaria, el 12 y 13 de febrero de este año, las organizaciones asistentes manifestaron su rechazo sobre la permanencia del general Montoya, después de que este optara por el silencio ante las preguntas de la magistratura.

“Lo que haremos hoy es reiterar la solicitud porque hasta el momento la JEP no se ha pronunciado”, dijo Sergio Arboleda Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, una de las organizaciones firmantes de la solicitud. Este martes, dichas organizaciones junto con las víctimas realizarán un plantón frente a la sede de la JEP en Bogotá, para expresar su inconformismo por la poca contribución a la verdad de Montoya, que atenta contra los derechos de las víctimas, expresó Arboleda.

Las organizaciones, en el documento que entregaron a la JEP y que fue conocido por Colombia2020, esbozaron varios argumentos para pedir la expulsión del General. La primera, que el uniformado hasta el momento no se ha referido a los casos que las víctimas aseguran sucedieron bajo su mando. Y cuando le preguntaron del fenómeno, en criterio de las víctimas, se escudó en mentiras.

“Todas mis órdenes fueron sujetas a la constitución, al derecho operacional, al Derecho Internacional Humanitario (DIH) a los Derechos Humanos. Una vez conocidos los contenidos de las versiones voluntarias a los comparecientes se les ha interrogado insistentemente por mí, identificando una orientación de establecer mi responsabilidad. Ejerzo mi derecho a guardar silencio”, dijo el general en la diligencia judicial.

De acuerdo con la petición de las organizaciones, guardar silencio tiene una interpretación restrictiva frente al derecho a la verdad que tienen las víctimas y que prioriza esta justicia. “Dentro de la JEP él no puede tomar una decisión así. Es cierto que en la Constitución uno tiene derecho a guardar silencio, pero cuando uno suscribe el acta de comparecencia y sometimiento está renunciando a esto. Debe generar la mayor verdad plena que ayude a identificar la responsabilidad de otras personas para esclarecer los hechos”, agregó Arboleda.

Las víctimas y sus abogados aseguran que la respuesta de Montoya es una bofetada, teniendo en cuenta que en las 220 diligencias de versiones voluntarias que ha habido en el caso 03, conocido como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, alrededor de 20 militares lo mencionan como responsable de las ejecuciones extrajudiciales.

El general Montoya ha sostenido que nunca dio una orden de este tipo. Además, señaló que con los subordinados se comunicaba vía radiogramas o vía microondas, para transmitir las órdenes, y en ningún momento tuvo información sobre estos casos, pues las denuncias sólo llegaron hasta 2008. «El conocimiento de irregularidades se obtuvo mucho tiempo después de la ocurrencia de los hechos y en ese momento se tomaron las medidas para que se investigaran las acciones y no se repitieran”, aseguró en la versión.

Sin embargo, los representantes de las víctimas también le presentaron a los magistrados cuatro declaraciones de funcionarios de la Procuraduría, Fiscalía, funcionarios de las gobernaciones y la Defensoría del Pueblo en las que se le advirtió al alto mando sobre los hechos. Ese fue el caso de la directora del comité departamental de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, Rocío de Jesús Pineda García, quien en 2006, en medio de una reunión con el vicepresidente Francisco Santos, José Obdulio Gaviria y varios mandos militares, habló de su preocupación por la desaparición de las personas. «El vicepresidente dijo que tomaba la información al respecto y que iba a tomar medidas sobre el asunto porque le parecía algo muy delicado”.

Incluso, ocho días después, advirtió Pineda, se reunió con la cúpula del Ejército: «Allí estuvieron el General Mario Montoya, el General Pico, el general González, y como 13 militares más. Allí se planteó que había una circular que estaba por salir donde les daban una premiación a los oficiales que tuvieran los mejores resultados y el comandante del Ejército se comprometió a que esa circular no saliera”.

Igualmente, frente a esta controversia, también existe una comunicación del 8 de mayo de 2006 en la que el entonces comandante de la VII División del Ejército Nacional, mayor general Óscar Enrique González Peña, le dio cuenta al general Montoya de las denuncias existentes en el Comité de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia y en Naciones Unidas.

Dentro de la solicitud también se menciona el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, correspondiente al año 2006, en el que expresó: “El derecho a la vida se vio afectado por la persistencia de homicidios con características de ejecución extrajudicial atribuidos a miembros de la Fuerza Pública, en particular del Ejército, habiendo observado la Oficina en Colombia un incremento en el número de quejas recibidas con respecto a 2005”.

Estas conductas, según Naciones Unidas, se registraron en 21 departamentos, especialmente en Antioquia, Nariño, Valle, Putumayo, Cesar, Atlántico, Tolima y Guajira. «En muchos de los casos reportados se identificaron tres elementos comunes: la presentación de las víctimas civiles como muertas en combate, la alteración de la escena del crimen por los autores del mismo y la investigación de los hechos por la justicia penal militar”.

Las Naciones Unidas no pararon de hacer alertas. De acuerdo con las denuncias de las víctimas, en 2007 también hicieron un llamado al Estado: “La ausencia de un control eficaz por los comandantes militares pudo favorecer la ocurrencia de estas graves violaciones de derechos humanos. Los incentivos económicos, días de descanso y reconocimientos otorgados sin control ni supervisión previa a quienes presentaron como resultados “muertos en combate” pudieron también alentar la repetición de esta preocupante práctica. Al mismo tiempo, la ausencia de un claro mensaje de condena al interior del Ejército pudo haber permitido la perpetuación de estas violaciones”.

Pero no sólo las advertencias podrían demostrar que el general Montoya conocía los hechos. Las versiones de otros militares sometidos a la JEP darían cuenta, según las organizaciones, de su responsabilidad. Uno de los testimonios de uniformados resaltó que «en el mes de agosto de 2006, el Comandante del Ejército General Mario Montoya hizo una reunión con todos los Comandantes de Unidad Táctica y Brigada de la Cuarta División, en Villavicencio, donde todos hicimos una presentación sobre los resultados operacionales. Ahí dijo el general Montoya que los que no tuvieran resultados que fueran muertos, o sea medallas de orden público, no iban al exterior. Y debían tener cuidado porque si no hay muertos no hay ascensos. Y si no hay muertos nos iban a relevar del cargo”.

Otro militar además explicó cómo “existía el top 10, el cual fue impuesto por mi general Montoya en 2006, cuando hacía un programa radial que se transmitía para todo el Ejército a través de una línea de comunicación que utiliza repetidoras y llamado QSO. En ese programa se nombraba las 10 unidades que más bajas llevaran. Ese top 10 era nacional, los resultados se sumaban cada semana como los puntos del fútbol y se tomaban las mejores unidades sin importar a que (sic) divisiones o brigadas pertenecieran. Mi general Montoya mencionaba esas 10 unidades en el programa de radio, llamaba a los comandantes y los felicitaba en el programa radial. Ser mencionado era un honor y hacía subir el estatus del comandante en la división”.

Esta declaración es respaldada por otro militar de rango más bajo: “Él tenía que tener en línea a todos los comandantes de batallón, y yo me imagino que tenía un orden, un seguimiento a la batalla al momento en que hacía el programa y en general decía: Tal batallón, oiga, ese batallón tal! No da bajas, litros de sangre hermano, aquí nos están evaluando es por litros de sangre. Entonces obviamente la política del comandante del ejército era esa, entonces de ahí para abajo todo el mundo era pues litros de sangre y litros de sangre. Y entonces el comandante del batallón: Litros de sangre hermano, en las reuniones, en los programas: ¡Litros de sangre! ¡Guerra! ¡Bajas!”.

Las organizaciones manifestaron que hay cinismo y revictimización por parte del general Montoya en las declaraciones que ha hecho ante la JEP. Esto sucedió, por ejemplo, aseguran, cuando se habló sobre el término de “bajas”. En la versión voluntaria, el uniformado señaló que “exigir resultados operacionales no es ilegal, bajas en combate significaría muertes si se toma el término peyorativo. Pero nosotros hablamos de resultados operacionales constantemente. Para nosotros la baja no es un término maquiavélico, está en nuestros manuales. Pero dadas las circunstancias hablamos de resultados operacionales”.

Para las víctimas, esto va en contravía de lo que ha dicho en reiteradas ocasiones la Corte Suprema de Justicia. “El significado de bajas o resultados operacionales no era distinto al de suprimir la vida de quienes fueran retenidos. La orden era terminante, perentoria e inequívoca. Era en razón del cumplimiento de la misma que se otorgaban los incentivos (ascensos, condecoraciones, traslados, permisos, licencias y vacaciones, entre otros)”, expusieron en la solicitud.

Otro episodio que marcó a las víctimas de este caso fue cuando el general Montoya aseguró que quienes cometieron estos hechos atroces pudieron haber sido los soldados de bajo rango, quienes malinterpretaron sus órdenes, pues no sabían ni leer o escribir y ni siquiera entrar al baño, actividades que se les enseñaba dentro del Ejército. Luego el general ofreció excusas por estas aseveraciones.

Dentro de las organizaciones solicitantes están el Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación Yira Castro, el Comité de Solidaridad de Presos Políticos, la Asociación Minga, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Tejiendo Memorias, la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

Esta solicitud se suma a la que también hicieron estas organizaciones a la JEP el pasado 8 de septiembre, para que el coronel Hernán Mejía y el sargento Efraían Andrade pierdan los beneficios por acogerse a este tribunal.�Ambos fueron, respectivamente, comandante y jefe de Inteligencia del Batallón La Popa en el César en los años 2002 y 2003. Según las organizaciones, para esta época se han documentado 72 víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de este Batallón.

Aunque por estos hechos los dos militares fueron condenados en la justicia ordinaria, sobre todo por las alianzas con paramilitares de la Costa Caribe, han negado cualquier responsabilidad o conocimiento de estos delitos, e incluso señalan que son víctimas de montajes judiciales. Por esta razón, abogados y víctimas hicieron la solicitud a la JEP para que evalúe el compromiso con la verdad de los militares y su pérdida de beneficios como la libertad condicionada.