La mujer acusada de recibir US$ 1 millón por colar capos en las Farc
La mujer acusada de recibir US$ 1 millón por colar capos en las Farc
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
Testigos delataron a la abogada Maritza Lorza, quien será extraditada. ExFarc no se ha pronunciado.
Perfumada, impecablemente arreglada y con varios años de experiencia, la colombiana Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez se movía como pez en el agua tanto en cárceles de Estados Unidos como de Colombia, buscando clientes.
Incluso, a la atractiva abogada la precedía la fama de haber colaborado en casos exitosos con la DEA y de conocer muy bien el sistema americano.
En enero de 2017, agentes de la DEA le entregaron a EL TIEMPO la primera evidencia, que desencadenó la expulsión de varios mafiosos en las listas avaladas por las Farc. De hecho, algunos intentaron insistir y han sido atajados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que continúa con la depuración.
‘Vienen más casos’
Pero la DEA cree que el tema es más de fondo. “En su país, algunos opinan que es un caso legal de conexidad entre el narcotráfico y el delito político. Para Estados Unidos es una trampa”, aseguró un agente, que anunció más casos.
De hecho, en el de Lorza hay dos testigos en su contra. Por eso, el 21 de mayo de 2019 se pidió su detención preventiva con fines de extradición, para que responda por obstrucción a la justicia, que incluye haber supuestamente pedido (junto con otras personas) cerca de un millón de dólares por estos trámites, según acusación 4:18CR76 de la Corte para el Distrito Este de Texas.
(Además: ¿Qué hay detrás de citación a versión libre a magistrada de la JEP? )
La abogada fue capturada en el aeropuerto El Dorado y llevada a la cárcel El Buen Pastor, desde donde solicitó varias pruebas para frenar su extradición e incluso acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Empezó por pedir que la Oficina del Comisionado de Paz, la JEP y la Fiscalíacertificaran si ella había realizado trámites para hacer pasar como guerrilleros a Juan Carlos Melo Guerrero, alias Aurelio; Ramiro Figueroa Legarda, alias Rocco; Gerardo Obando Montaño, alias Cheko, y a Tomás Martínez Minota, alias Patas.
Además, pidió que se indagara si ella estaba en el país cuando los testigos dicen que les ofreció dichos beneficios. Y hasta solicitó la declaración del exministro de Justicia Enrique Gil Botero, para que él dijera si ella intentó influenciarlo, amenazarlo o presionarlo para frenar extradiciones de capos.
Pero nada le sirvió. Ni señalar que en Colombia no existe el cargo de obstrucción a la justicia ni las medidas cautelares que pidió ante la CIDH bajo el argumento de que el caso es un ‘entramado falso’ de la DEA.
Según Lorza, se le está vulnerando su derecho a ejercer como abogada, pues solo a uno de los mencionados capos –Tomás Martínez Minota– lo ayudó a tratar de hacerle el quite a la extradición por la aplicación de la conexidad entre el delito político y narcotráfico.
Y solicitó que se indagara si hay otras personas, incluidos funcionarios, investigados por este caso. Nadie le contestó.
No obstante, en Estados Unidos buscan llegar a intermediarios e integrantes de las Farc y hasta a abogados de excombatientes que habrían certificado la supuesta pertenencia a esa guerrilla de capos en busca de beneficios, tal como pasó con los paramilitares.