Hidroituango: la Contraloría ordena embargo de cuentas a contratista
Hidroituango: la Contraloría ordena embargo de cuentas a contratista
Luego de haber imputado cargos, en diciembre de 2020, a 19 exfuncionarios y funcionarios por un presunto detrimento de más de 4 billones de pesos por las irregularidades en la contratación y ejecución del proyecto Hidroituango, la Contraloría General de la República ordenó, mediante una medida cautelar, embargar las cuentas de uno de los contratistas encargado de diseño y asesoría.
La medida cautelar la decretó la contralora delegada intersectorial n.° 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General, sobre las cuentas bancarias y bienes inmuebles de la empresaIntegral S. A.
En las consideraciones que tuvo en cuenta esa contraloría delegada está, precisamente, la imputación que en diciembre pasado se hizo a diferentes personas naturales y jurídicas, entre esos al exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial Sergio Fajardo, al exgobernador Luis Alfredo Ramosy al exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria.
En el auto que ordena las medidas cautelares el órgano de control señala que en 2019 y 2020 se ordenó a un grupo específico buscar los bienes de la empresa Integral. Esa búsqueda arrojó 13 cuentas bancarias y 12 bienes inmuebles sobre los que se dictó el embargo.
El documento decreta entonces el embargo y retención «de los dineros depositados o que lleguen a depositarse en las cuentas bancarias de titularidad de Integral S. A. hasta por la suma de $ 4.230.000.000.000».
La misma disposición se dictó frente a los 12 bienes inmuebles identificados, y ubicados dos en Fredonia, Antioquia, y los restantes en Santa Bárbara.
Estas medidas cautelares estarán vigentes mientras dure el proceso de responsabilidad fiscal. Pero el auto mediante el cual se decretan las medidas puede ser objeto de reposición y apelación por parte de los afectados.
Este proceso de responsabilidad fiscal, al igual que todos los procesos de este tipo que lleva la Contraloría, tiene reserva. Sin embargo, se pudo conocer del embargo de Integral por fuentes externas al órgano de control.
De otra parte, fuentes de la Contraloría señalaron que ni los constructores ni EPM han sido objeto, por ahora, de medidas similares.
La investigación de la Contraloría
En abril de 2018 colapsó el tercer túnel de desviación de Hidroituango. En septiembre de 2019 EPM mostró cómo iban los trabajos tras un año de la contingencia.
Para el órgano de control en la contratación y ejecución de la hidroeléctrica de Ituango, Hidroituango hubo una cadena de errores que llevó a que en este proyecto se atrasara y tuviera graves sobrecostos, riesgos sociales y ambientales, y pérdidas de recursos públicos.
Tras una investigación de varios meses, la Contraloría le imputó cargos, en diciembre de 2020, a 28 personas naturales y jurídicas, entre ellas 19 funcionarios o exfuncionarios como los exgobernadores de Antioquia Fajardo, Ramos, y Gaviria.
Ellos fueron llamados a responder por un presunto detrimento de 4,075 billones de pesos, que es el daño al erario que se habría generado por las irregularidades de Hidroituango entre el 2008 y 2015, en las que el órgano de control señaló responsabilidades individuales.
Entre las personas jurídicas imputadas, además de Integral S. A., están: Construcoes e Comercio Camargo Correa, Constructora Conconcreto S.A., Coninsa Ramon H S.A., Ferrovial Agroman Chile S. A., Sainc Ingenieros Constructores S.A., Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A. Ingetec, Sedic S.A., e Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S.
Para el órgano de control, que hizo su imputación en un documento de más de 1.000 páginas, hubo problemas en varias etapas del proyecto
Líos en distintas etapas del proyecto
- Entre 2008 y 2009, sostiene la entidad, se comenzó a notar que la planeación del proyecto era débil, que tenía fallas en su administración, dirección, control técnico y financiero. Por ejemplo, en esos años se inició la construcción de las vías de acceso al proyecto, sin que existieran los diseños definitivos. También se modificó la altura de la presa que inicialmente había sido diseñada y aprobada en la licencia ambiental, lo que le puso más trabas a la construcción.
- Entre 2010 y 2011, recoge la imputación de la Contraloría, hubo ajustes a los contratos en los que terminó eligiéndose a EPM de forma directa -suspendiendo una subasta- como la empresa encargada de desarrollar el proyecto, en lugar de otras firmas. El contrato se firma como BOOMT con EMP Ituango, lo que libera a esta empresa de responsabilidad y modificar la distribución de los riesgos.
- Entre 2011 y 2012, dice el órgano de control, comenzó la construcción de los túneles de desviación sin que existieran las vías de acceso necesarias, por lo que se generaron planes para acelerar el proyecto, situación que incrementó los costos.
A pesar de que el proyecto venía atrasado, en esos años la Contraloría encontró que Hidroituango consiguió en una nueva subasta vender 9.5 millones de kilovatios al día, para el periodo del primero de diciembre del 2021 hasta el 31 de noviembre del 2038.
- Entre 2013 y 2015, sostiene la imputación de responsabilidad fiscal, las fallas acumuladas llevaron a que no se cumpliera con uno de los hitos del proyecto, que era desviar el río Cauca.
Por ello se modificó lo que, dice la Contraloría, era inmodificable, y se permitió, por ejemplo, un tercer túnel de desviación (GAD) que colapsó en el 2018 y generó una grave contingencia.
Todos estos problemas, sostiene la Contraloría, llevaron a tres consecuencias graves. La primera: no se cumplió con el objetivo de generar energía que ya había sido contratada y acordada para el 2018. Según el proceso fiscal, Hidroituango había prevendido 2.9 millones de kilovatios de energía al día, para un periodo entre diciembre del 2018 y el 30 de noviembre del 2038, con un valor de 13,99 dólares por cada megawatio-hora.
Por ello, se estimó que ese incumplimiento causó un detrimento de 1,1 billones de pesos de pérdida por el lucro cesante ya que la hidroeléctrica debía estar operando en el 2018, pero no fue así.
En segundo lugar, hubo aumentos de costos, pues se había estimado que Hidroituango costaría 6 billones, pero, señaló la Contraloría, en 2020 ya iba costando 13 billones de pesos. Sobre estos el organismo de control determinó un detrimento de 2,9 billones de pesos.
La tercera grave consecuencia se relaciona con la contingencia que el proyecto sufrió en abril del 2018, cuando se derrumbó el tercer túnel de desvío del río Cauca, lo que causó alertas en la estabilidad de la presa, riesgos sociales y medioambientales.
