El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, instructor del caso Tandem-Villarejo, ha acordado pedir a la Fiscalía Anticorrupción que dé su criterio «sobre la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas Repsol y CaixaBank» por los hechos que se investigan en la pieza número 21, de acuerdo con una resolución conocida este viernes.
La pieza 21 del caso Tándem se refiere a la contratación del excomisario José Manuel Villarejo por Repsol y CaixaBank en 2011 para investigar los movimientos del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, tras el acuerdo de sindicación de acciones que alcanzó con la mexicana Pemex, lo que le hubiera dado el control de la petrolera española.
Del Rivero
García-Castellón ha cogido, así, el guante tendido por la defensa de Luis del Rivero, que está personado en la pieza como acusación particular, esto es, en condición de perjudicado.
La ley permite ampliar la instrucción y, a juicio de la acusación particular, es lo que procede dado «el volumen y la complejidad de las presentes actuaciones«, respecto a la que siguen aflorando nuevos datos procedentes de las agendas de Villarejo incautadas el pasado octubre, aún pendientes de analizar por la Policía.
El escrito hacía referencia, además, a la necesidad de seguir practicando diligencias dado que las declaraciones prestadas por los empleados del departamento de seguridad de Repsol «evidenciaron, más aún si cabe, la ausencia de una verdadera cultura de cumplimiento normativo penal por parte de las empresas para las que los testigos prestaban sus servicios». A preguntas de Campaner, estos empleados aseguraron que en aquella época no tenían conocimiento ni nadie les informó de la existencia de un programa de cumplimiento normativo.
«En este escenario», indicaba el escrito, «esta acusación considera que devendrá inevitable solicitar la investigación de las personas jurídicas que mantuvieron la ilícita relación contractual con la empresa controlada por el comisario de Policía en activo Villarejo».
Nuevas declaraciones
Para la acusación que ejerce Del Rivero, existen argumentos adicionales para prorrogar la instrucción y es que, a su parecer, es preciso tomar declaración como testigo a María Luisa Retamosa, directora ejecutiva de auditoría interna de CaixaBank, que participó en la investigación interna relativa a los hechos que se tratan de esclarecer en la pieza 21.
El escrito se refiere a la declaración prestada el pasado 5 de mayo como investigado por Antonio Massanell, exdirectivo de CaixaBank del que dependía el departamento de seguridad de la entidad bancaria, el que trataba con Villarejo.
«Las declaraciones de Massanell determinan la necesidad de que Retamosa sea oída para que aclare si, como afirmó aquel, le llamó para decirle que tenía que tomar un café en una cafetería de Barcelona y hacerle unas preguntas y que otro día, ya llevada a cabo semejante entrevista, le mandaron un resumen de esa charla de café para firmar», señala la defensa de Del Rivero.
En su opinión, es relevante que la directora de auditoría explique al juez por qué hizo constar en ese “resumen” que Massanell habría manifestado que “también reportaba a otras personas de la organización” cuando, según este investigado, él habló de Fainé, nombre que no consta en el ‘resumen’ de la conversación mantenida con el exdirectivo por la directora de auditoría interna de CaixaBank.
En concreto, el interrogatorio del fiscal fue del siguiente tenor:
– Fiscal: En este resumen [hecho por Retamosa] se dice, se pone en su boca, que usted [Massanell] había manifestado a la Sra. Retamosa que el sr. Fernández Rancaño, director de seguridad, aunque jerárquicamente dependía de él, también reportaba a otras personas de la organización. ¿A quién se estaba refiriendo con otras personas de la organización? ¿Al presidente?
– Massanell: Al presidente, sí.
– Fiscal: Y eso, que aquí no se hace constar, en esa charla de café se lo dijo expresamente a la directora ejecutiva de auditoría interna?
– Massanell: Pues no recuerdo si lo comentamos, pero se puede deducir, sí
