Mintic: los tentáculos de firmas del escándalo en gobernaciones y alcaldías
Mintic: los tentáculos de firmas del escándalo en gobernaciones y alcaldías
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
Hay contratos en Córdoba, Chocó, Arauca, Atlántico y Bolívar. Con Invías suman $ 599 mil millones. Aún el país no conoce la dimensión ni los efectos del escándalo por el contrato firmado entre la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).
El FBI ya está investigando si dineros públicos fueron sacados o no ilegalmente del país y movidos a través de su sistema financiero, mediante la empresa Nuovo Security LLC, afincada en Delaware, Florida.
Asesores jurídicos de institutos, gobernaciones, alcaldías e incluso organismos de control están evaluando si tienen que caducar o ceder los contratos suscritos con las empresas que conforman la UT
Y la Fiscalía avanza en interrogatorios a varios de los implicados para tomar las primeras decisiones en torno a la aparición de garantías calificadas como falsas, por el Banco Itaú, que aparecen respaldando el contrato de conectividad por 1,07 billones de pesos.
Pero el caso ya empezó a tener otras consecuencias. No solo se está buscando una cantera de documentos falsos que estarían siendo usados en otras licitaciones y procesos públicos, como el que EL TIEMPO encontró en la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), por 18 millones de dólares.
Asesores jurídicos de institutos, gobernaciones, alcaldías e incluso organismos de control están evaluando si tienen que caducar o ceder los contratos suscritos con las cuatro empresas que conforman la UT: Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Novotic), ICM Ingenieros S. A. S., Intec de la Costa y Omega Building Constructora S. A. S.
El invías ya le envió cartas a los consorcios para la cesión de parte de los contratos.
EL TIEMPO
El primero en enfrentar el tema fue el Instituto Nacional de Vías (Invías).Primero, congeló anticipos. Y ahora le dio plazo hasta el próximo 25 de agosto a cuatro consorcios para que cesen la participación que tienen ICM Ingenieros S. A. S. e Intec de la Costa en contratos que ascienden a 599.000 millones de pesos.
En entrevista con este diario, el director del Invías, Juan Esteban Gil, fue enfático en que los contratos se adjudicaron vía licitación. Y en que la ley 80 (en su artículo 9) no permite la caducidad sino la cesión de esas participaciones.
La aclaración se debe a afirmaciones del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, según el cual debía proceder la caducidad inmediata.
“Los consorcios pondrán a consideración nuestra a quién cederle su participación. El Invías hará la evaluación jurídica y técnica para saber si cumplen los requisitos”, explicó.
Si no cumplen, se procede a su terminación.
Y no se trata de obras medianas. El primer contrato con el Invías en el que figura ICM, con un 50 por ciento, es el mejoramiento, gestión social, predial y ambiental del proyecto Transversal Quibdó – Medellín, sector 2.
Aparece como fecha de inicio el 29 de diciembre de 2017, y de terminación, el 31 de diciembre de 2022.
El monto es de 117.630 millones de pesos. En ese consorcio también figura Intec de la Costa S. A. S., con un 25 por ciento.
En el mismo lío están las obras en el corredor Vado Hondo-Labranzagrande-Yopal, en Boyacá y Casanare.
El contratista es el Consorcio Corredores Viales, en donde ICM Ingenieros tiene un 30 por ciento. La fecha de inicio fue el 14 de julio de 2021, y el monto: 137.479 millones de pesos.
Finalmente, el Invías deberá probar la cesión de un cuarto contrato en el que también figura ICM, con un 45 por ciento: las obras de estabilización, mantenimiento y rehabilitación de la carretera Altamira-Florencia, en Huila y Caquetá.
El monto es de 44.533 millones de pesos.
Gobernaciones y alcaldías
“Los cuatro consorcios deberán poner a consideración nuestra a quién cederle su participación. El Invías hará la evaluación jurídica y técnica para saber si cumplen”. Juan Esteban Gil, Dir. Invías
Pero EL TIEMPO estableció que hay departamentos y municipios evaluando también los efectos del escándalo en sus contratos. En efecto, según el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, las empresas que hacen parte de Centros Poblados tienen contratos con otras entidades públicas.
En un primer barrido, este diario estableció que, de manera individual, Intec de la Costa S. A. S. ha suscrito este año cinco contratos por más de 2.400 millones de pesos. Y el año pasado, uno por 1.800 millones.
Por su parte Novotic, antes conocida como Funtic, aparece con contratos en las gobernaciones de Arauca, Bolívar, Cesar, Tolima, La Guajira, Sucre, Norte de Santander y Chocó. Sin embargo, se verifica si ya fueron ejecutados, pues la mayoría data de entre 2018 y 2015.
También ha suscrito contratos con Planeta Rica, Lorica, Quibdó y Maicao.
Igual pasa con ICM Ingenieros, que aparece suscribiendo contratos con un par de municipios de Cundinamarca.
En el barrido, Intec de la Costa registra contratos con los municipios de San Juan Nepomuceno, Bolívar; La Apartada y San José de Uré, Córdoba, que suman 2.000 millones de pesos.
Denuncia de Efraín González Hamburger a Juan Carlos Cáceres
Fuentes de Centros Poblados le aseguraron a EL TIEMPO que eran más de 10 billones de pesos los contratos que las cuatro empresas tenían en Colombia, Panamá e incluso Emiratos Árabes. Pero no entregaron listados.
En cualquier caso, la UT y sus miembros insisten en que van a demandar al Mintic por haberles caducado el contrato –según ellos– de manera ilegal, “dejándolos al borde de la quiebra”.
“Están buscando a quién cederle los contratos. Y en dos días le pedirán permiso al Ministerio de Trabajo para despedir gradualmente a cerca de 2.000 personas”, explicaron.
También insisten en que ellos le encomendaron a terceros las garantías. Y será un juez quien establezca si son falsas.
“La Unión Temporal es tercera de buena fe”, asegura su apoderado, Jorge Pino Ricci.
En cuanto a las supuestas firmas falseadas en el contrato entre Centros Poblados y Nuovo Security (la firma en Delaware), advierten que Juan Carlos Cáceres descarta cualquier irregularidad y dice que su socio (Efraín González) sí estaba enterado (ver recuadro).
La Fiscalía alista decisiones.
Las citas de la ministra Abudinen en el Congreso
La ministra de las TIC, Karen Abudinen, se jugará días cruciales en el Congreso.
Por causa del escándalo de contratación del consorcio Centros Poblados y la pérdida de $ 70.000 millones que iban destinados a construir 10.000 centros digitales en zonas rurales, la ministra deberá asistir a tres citaciones en el Legislativo en apenas dos semanas.
La primera de ellas será hoy, a instancias de la Comisión Sexta del Senado, donde deberá responder a un debate de control político.
Su agenda continuará mañana en la Comisión Sexta de la Cámara, donde deberá responder a un ejercicio similar al del Senado.
Y, finalmente, Abudinen deberá acudir el viernes 3 de septiembre a la Plenaria de la Cámara para un debate de moción de censura, en el que se jugará su continuidad en el cargo. Máximo diez días después de ese debate se deberá convocar al pleno de la corporación para que vote si la ministra debe seguir en su cargo.
¿Quién está buscando un acuerdo con la Fiscalía?
El caso de Centros Poblados también se viene moviendo en la Fiscalía.
Mediante interrogatorio, el despacho 79 de la Unidad Especializada contra la Corrupción ya ha citado a cerca de una decena de implicados.
El primero fue Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, quien ofreció entregar documentos y soportes de que el anticipo –por 70.000 millones de pesos– no está perdido.
“Se ordenaron embargos a cuentas de las firmas que hacen parte de la Unión Temporal. Pero esa plata es para pagar salarios. El dinero del anticipo se invirtió en equipos que están instalados o en bodegas. Pero ni la Fiscalía, ni el ministerio ni la Contraloría han querido ir a inspeccionar”, asegura uno de los miembros de Centros Poblados.
La Fiscalía también citó a Juan Carlos Cáceres. Se trata del socio fundador de Nuovo Security LLC (en Delaware), empresa que recibió parte del anticipo para la compra de equipos.
Si bien hay una serie de facturas que respaldan el uso de es edinero en la adquisición de equipos, Efraín González (el otro socio de Nuovo Security) dice que su firma fue usada sin su autorización para expedirlas.
Pero Cáceres les ha asegurado a otros miembros de Centros Poblados que lo va a explicar todo y que tiene como probar que su socio sí conocía el negocio.
Otro de los empresarios emplazados es Robert Gómez, representante legal de Novotic, otra de las empresas que conforman la UT.
Él también aparece en la denuncia interpuesta por Efraín González por el supuesto uso ilegal de su nombre y firma.
En la lista de citados por la Fiscalía 79 se encuentra, además, Juan José Laverde, gerente suplente de la firma Rave Agencia de Seguros Ltda.
Centros Pobladosasegura que a través de Laverde se consiguieron las garantías que el Banco Itaú califica de falsas.
Pero Laverde ha dicho que quien las tramitó fue Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, otro contratista que también ha anunciado que lo va a explicar todo. Sin embargo, aún no se sabe si la Fiscalía lo ha podido localizar.
Quien ya fue a dar la cara tanto a la Fiscalía como a la Contraloría es el representante de la firma interventora: el consorcio PC2020 Centros Digitales, conformado por las empresas Telemediciones, PMO Solycom S. A. S. y Eurocontrol S. A. Sucursal Colombia.
La interventoría insiste en que no estaba dentro de su rol verificar las garantías. Pero aún no es claro si aprobó la entrega del anticipo con el lleno de todos los requisitos.
EL TIEMPO estableció que al menos uno de los mencionados en la trama ha buscado un acercamiento con la Fiscalía. Pero su nombre no ha trascendido.
Esta semana continuarán los interrogatorios y se espera que se tomen las primeras decisiones de orden penal.
