Juez de EE.UU. desestima la mayoría de cargos de lavado de dinero contra Saab

La lectur de cargos en el caso de Alex Saab estaba prevista para esta jornada, pero se aplazó por dos semanas, según los documentos judiciales. El juez Robert N. Scola Jr. accedió a retirar la mayoría de cargos tras una solicitud hecha por escrito por el fiscal Kurt Lunkenheimer. El fiscal pidió retirar siete cargos de lavado de dinero y dejar solo el de conspiración para cometer ese delito, basado en las “garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición”.

La extradición se concretó el pasado 16 de octubre, después de una batalla judicial de más de un año de duración. Según señala por Twitter el periodista venezolano exiliado Roberto Deniz, que ha denunciado a Saab en sus escritos, parte del acuerdo con Cabo Verde era desestimar casos para no superar en Estados Unidos la pena máxima de ese país africano. La Fiscalía señala, además, que la petición incluye solamente a Saab y no al otro implicado, en referencia al empresario colombiano Álvaro Pulido, incluido en el mismo proceso criminal.

A la cita de hoy la prensa no tuvo acceso a través de Zoom ni de forma presencial, después de que algunos medios publicaran fotos de Saab durante la primera audiencia, tomadas de esa plataforma el pasado 18 de octubre, lo cual es ilegal.

Sobre la audiencia, que hoy fue presidida por el juez Edwin G. Torres, no hubo detalles. Los archivos judiciales de Estados Unidos también publicaron un documento firmado por Saab y por su abogado, Henry Bell, en el que el empresario colombo-venezolano renunciaba a comparecer este lunes tanto en persona como en la versión de internet de la audiencia, a través de la plataforma Zoom. En la audiencia, en la que Bell anticipó a Efe que se iba a declarar “no culpable”, se preveía también que la defensa iba a solicitar la libertad bajo fianza.

Saab, de 49 años, fue extraditado el pasado 16 de octubre desde el archipiélago africano de Cabo Verde y desde entonces está encerrado en una prisión federal de Florida a la espera del juicio, en el que es acusado de ocho cargos relacionados con lavado de dinero (junto con Pulido). Por Pulido, que está prófugo, presumiblemente en Venezuela, según el Gobierno estadounidense, hay una recompensa de 10 millones de dólares para quien ayude con información sobre su paradero.

Desde mayo de 2019, más de un año antes de su captura en Cabo Verde, en razón de una orden dictada a través de Interpol, el empresario nacido en Barranquilla (Colombia) está sujeto a sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los fiscales consideran que lavó más de 350 millones de dólares para pagar corruptelas del presidente venezolano a través del sistema financiero estadounidense.

Entre tanto, sus abogados en Cabo Verde insistieron este fin de semana en que al empresario colombo-venezolano se le violó la inmunidad diplomática. “A pesar de estar debidamente informado de la condición diplomática de Alex Saab, y a pesar de las protestas de varios Estados (entre ellos Venezuela, Irán y Rusia), Estados Unidos se negó a retirar su solicitud de extradición”, señaló en un comunicado el abogado nigeriano Femi Falana.

El Gobierno de Venezuela, que afirma que Saab tenía inmunidad diplomática cuando fue detenido en Cabo Verde, mostró su rechazo a la extradición, suspendiendo unilateralmente el diálogo que llevaba a cabo con la oposición en México. Previamente, Saab había sido nombrado en ausencia representante del Gobierno en esas conversaciones.

Mientras se espera que Saab colabore con la Justicia de Estados Unidos y ponga así en evidencia a Maduro, desde Caracas, portavoces oficiales y la esposa del empresario insisten en que no se va “doblegar”.

El Gobierno del demócrata Joe Biden ha mantenido la decisión tomada durante la Presidencia de Donald Trump de desconocer a Maduro como presidente y ha corroborado el reconocimiento al opositor Juan Guaidó como presidente interino. Tampoco ha modificado la presentación de cargos por narcoterrorismo contra el presidente venezolano, hecha en 2020, ni la oferta de 15 millones de dólares por cualquier información que lleve a su captura.