Capturan a alcalde de Galeras (Sucre) por irregularidades en entregas de alimentos

Según las autoridades, José Ignacio Hernández y su secretaria de Gobierno, habrían omitido sus funciones de revisión y correcta ejecución de un contrato para la entrega de 2.461 kits alimentarios para las familias más afectadas por la pandemia.

El actual alcalde de Galeras (Sucre), José Ignacio Hernández Vega, y su secretaria de gobierno fueron capturados en ese municipio por ser parte de una presunta red de corrupción que habría causado un detrimento patrimonial de más de $200 millones. Según las autoridades, los dos señalados más un contratista habrían omitido sus funciones en la ejecución de un contrato para la entrega de 2.461 kits alimentarios para las familias más afectadas por la pandemia.

De acuerdo con la Policía, la captura de estas personas se dio en el marco la lucha contra la corrupción, en los municipios de Galeras (Sucre), Granada (Magdalena) y Montería (Córdoba). Según las autoridades, los tres capturados harían parte de “una estructura delincuencial conformada por servidores públicos y agentes corruptores”.

Esta red de corrupción en contratación funcionaría buscando beneficiar a contratistas que no contaban con las condiciones requeridas para adjudicarles los contratos, pero que igual se les otorgaron “presentando certificaciones de experiencia falsas para participar en el proceso de selección”, según anunció la Policía.

Durante la investigación, dicen las autoridades, “se logró establecer que de los 2.461 kits alimenticios o mercados pactados en el contrato, solamente fueron entregados 1.500 y, como soporte, estas personas presentaron facturas falsas de la adquisición de los mismos”. Aunado a eso, se habrían generado sobrecostos en el transporte, empaque y alquiler de los vehículos.

En las pruebas que aseguran tener las autoridades, quedaría en evidencia que algunos de los servicios que aparecían con sobrecostos finalmente no fueron cancelados. Con estas presuntas acciones, dice la Policía, los tres capturados se habrían apropiado del “41% del valor total del contrato por más de 200 millones de pesos”.

Asimismo, la Policía asegura que “mediante peritaje contable que las cantidades de productos entregados fueron inferiores a las pagadas y pactadas en la minuta del contrato”, lo cual causa el incumplimiento del mismo. Según las averiguaciones que adelantaron las autoridades, el mencionado contrato lo ejecutó un familiar del contratista, quien, al parecer, aceptó el incumplimiento del contrato y explicó la forma de facturación. A estas personas se les imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.