Imputaron por lavado de activos a dos hijos del juez Bento
Imputaron por lavado de activos a dos hijos del juez Bento
Fuente: CLARIN (Ver Noticia Original)
La Justicia Federal imputó por el delito de lavado de activos y citó a declaración indagatoria a dos hijos del juez federal de Mendoza, Walter Bento. Se trata de Nahuel Agustín y Luciano Ezequiel Bento, hijos del magistrado que está procesado por liderar una asociación ilícita que supuestamente cobraba coimas a cambio de conceder beneficios judiciales.
La decisión de citarlos, según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, fue del juez federal subrogante Leopoldo Rago Gallo quien hizo lugar al pedido formulado por el fiscal general subrogante de Mendoza Dante Vega, en conjunto con Mario Alberto Villar y María Laura Roteta, cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Los hijos del juez están acusados de ser coautores, junto a su padre y su madre, Marta Isabel Boiza, del delito de lavado de activos de origen ilícito, por lo que fueron citados a declarar el próximo 30 de marzo. Por otra parte, la Fiscalía solicitó la prohibición de salida del país de los dos acusados, así como la retención de sus documentos de viaje.
El 26 de julio pasado el juez Walter Bentofue procesado por el delito de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo en calidad de autor por diez hechosen concurso ideal con el delito de prevaricato, también en calidad de autor.
Al mismo tiempo, se resolvió también su procesamiento y el de su esposa, por enriquecimiento ilícito en concurso real con lavado de activos de origen delictivo, en calidad de coautores.
Según la investigación, el patrimonio familiar comenzó a evolucionar de manera ostensible a partir del año 2010, incrementando sus operaciones vinculadas a la compra de inmuebles, vehículos, participaciones en fideicomisos inmobiliarios y muchos viajes al exterior, por lo que los delitos de carácter económico están centrados en el análisis de estas actividades desde ese año.
Según se informó, del análisis global de la prueba valorada surgen elementos indicadores de la existencia de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen delictivo, ya que el patrimonio de los procesados y de su grupo familiar no es compatible con los ingresos que legítimamente podrían disponer.
De acuerdo con la imputación, Bento y su esposas incrementaron su patrimonio mediante la realización de actos jurídicos concretos (compras, ventas, donaciones, participación en fideicomisos, administración) con un grado de simulación suficiente para aparentar su legalidad, con la finalidad de diversificar y distribuir los activos entre sus tres hijos, a cuyo nombre han sido inscriptos la mayor parte de los bienes adquiridos, para lograr su desvinculación con los delitos investigados.
Según la acusación, los dos hijos imputados participaron activamente de la puesta en circulación de los fondos de procedencia ilícita, todas maniobras que tenían la finalidad de darle apariencia lícita al dinero.
El fiscal Vega y los cotitulares de la PROCELAC remarcaron que el juez Bento está acusado de liderar una organización que tenía como principal objeto beneficiar ilícitamente a personas imputadas por graves delitos federales en procesos penales sustanciados en el juzgado a su cargo, para lograr la obtención de la libertad o la desvinculación de la causa, en principio a cambio de la entrega de sumas de dinero.
De esto se desprende también la inferencia de un supuesto delito de lavado de activos con la finalidad de canalizar el dinero en el mercado formal para darle así apariencia lícita.
Para la Fiscalía, estas ganancias se tradujeron en un incremento patrimonial; y en relación a las inversiones realizadas en fideicomisos, señalaron que si bien el juez Bento y Boiza a la fecha no detentan derecho alguno sobre esos contratos comerciales ya que se encuentran a nombre de sus hijos, los fondos utilizados para su adquisición provienen en parte del patrimonio de la sociedad conyugal en el que se confunden los ingresos lícitos (sueldos del Poder Judicial) y fondos de origen ilícito(supuesto cobro de coimas para obtener una resolución determinada de parte del juez federal).
En reiteradas oportunidades el juez Bento ha negado los cargos, y como ninguna de las medidas en su contra está totalmente firme salvo uno de los procesamientos, y el Consejo de la Magistratura mantiene paralizada la investigación, sigue ejerciendo como juez federal en nuestra provincia.
