La paz se esfuma y la guerra por la cocaína se intensifica en Putumayo, Colombia
La paz se esfuma y la guerra por la cocaína se intensifica en Putumayo, Colombia
Fuente: INSIGHT CRIME (Ver Noticia Original)
La rápida avanzada de grupos disidentes de las antiguas FARC acabó con el fugaz periodo de tranquilidad en Putumayo. El temor crece mientras la cocaína alimenta la guerra que se vive en el territorio.
Los actos de violencia no han cesado en las últimas semanas. El 25 de abril, un exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue asesinado en Puerto Guzmán, Putumayo. Unas semanas atrás, el 18 de abril, tres hermanos fueron asesinados a tiros en Puerto Leguízamo, municipio del que ya han salido cientos de desplazados.
Sin embargo, el hecho que ha provocado más controversia llegó el 28 de marzo, cuando el ministro de Defensa de Colombia anunció en Twitter que la fuerza pública habían matado a nueve disidentes de las FARC y arrestado a otros cuatro, también en Puerto Leguízamo. Al día siguiente, el Presidente Iván Duque declaró que el número de criminales presuntamente asesinados se había elevado a 11.
Sin embargo, los resultados de esta operación han sido altamente cuestionados. El operativo estaba dirigido contra Carlos Emilio Loaiza Quiñones, alias “Bruno”, jefe de finanzas de Comandos de la Frontera, una de las principales disidencias de la extinta guerrilla de las FARC que operan en el sur del país; y la cual surgió después la firma del Acuerdo de Paz en el 2016 entre las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Sin embargo, en el operativo no capturaron a Bruno, quien habría salido del lugar el día anterior, ni tampoco debilitaron a la disidencia. Por el contrario, dejaron varios interrogantes sobre supuestos abusos cometidos contra la población.
Varias organizaciones sociales e internacionales cuestionaron la operación debido a que se habría ejecutado en medio de un bazar de la comunidad y porque al menos cuatro civiles fueron asesinados, entre los cuales se encuentran el gobernador de un cabildo indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa embarazada y un menor de edad, según ha informado la comunidad.
La maniobra no solo ha expuesto las falencias del Ejército para realizar este tipo de operaciones y debilitar a las organizaciones criminales, sino que además dejó en evidencia la crítica situación de seguridad que está atravesando Putumayo.
Pese a que la firma del acuerdo había traído una llamarada de esperanza a este departamento, la calma solo duró hasta 2018, cuando se confirmó la aparición de la disidencia del Frente 48, y un año más tarde, se advertiría que el Frente Carolina Ramírez, también disidente, proveniente de Caquetá tendría intenciones de disputarse el territorio.
Putumayo nunca dejó de ser apetecido por actores ilegales y los enfrentamientos que estaban previstos desde entonces, permanecen actualmente por el control de los enclaves de procesamiento de coca y las rutas del narcotráfico.
En el departamento hay casi 20.000 hectáreas de cultivos de coca, según el último reporte de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD), lo que significa que se produce un poco más del 10 por ciento del total de la cocaína de Colombia, aproximadamente 157 de las 1.228 toneladas de cocaína que potencialmente produce el país. Además, en Putumayo hay corredores terrestres y rutas fluviales, que permiten que la cocaína salga hacia Ecuador, Perú y Brasil.
Ante este panorama y como resultado de nuestra última visita a Putumayo, InSight Crime presenta un análisis de la situación del departamento.
La lucha entre las disidencias de las FARC
Los Comandos de la Frontera y el Frente Carolina Ramírez, dos grupos disidentes de las antiguas FARC, se están enfrentando en Putumayo. El Frente Carolina Ramírez ha aumentado sus incursiones en el departamento en su afán por apoderarse del narcotráfico y del territorio.
Esta facción es patrocinada por Miguel Botache Santanilla, alias “Gentil Duarte”, y Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, está conformado aproximadamente por 500 miembros, entre ellos algunos excombatientes de los departamentos de Caquetá y Putumayo.
El grupo ejerce influencia en la ribera del río Caquetá, y desde allí se moviliza hacia territorios claves para el tráfico de drogas como Puerto Leguízamo, uno de los municipios donde ambas facciones disidentes se han enfrentado y donde se encuentra el punto más angosto entre el Río Caquetá y el Río Putumayo y donde, además, confluyen los límites entre Colombia, Perú y Ecuador.
Aunque el Carolina Ramírez es un enemigo temible porque supera en número y experiencia militar a los Comandos de la Frontera, estos últimos conocen mejor el territorio y tienen una mayor influencia sobre la población civil. Además, los Comandos han logrado una penetración estatal que les ha permitido y facilitado seguir operando, según relató un funcionario público del territorio, cuya identidad no es revelada por su seguridad.
Los Comandos de la Frontera están compuestos por las disidencias del Frente 48 y La Constru, un reducto paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Bajo el mando de Giovanny Andrés Rojas, alias «Araña”, y con aproximadamente 200 miembros, los Comandos han establecido una presencia dominante a lo largo del Río Putumayo y en casi todo el departamento.
“Antes La Constru era grupo sicarial y el frente 48 de las FARC negociaban la cocaína, cometían secuestros y volaban oleoductos. Ahora trabajan juntos y la disidencia tiene una presencia dominante especialmente en la zona rural. Están fortalecidos porque tienen más hombres y más armas. Sin embargo, hay otros [actores] que quieren tomarse el territorio”, le contaron a InSight Crime dos fuentes gubernamentales del departamento, que no se mencionan por razones de seguridad.
Los Comandos de la Frontera se han enfocado en controlar los casi 23 kilómetros que componen el corredor Puerto Vega-Teteyé, un lugar estratégico para la producción y tráfico de cocaína hacia Ecuador. Además, allí hacen presencia empresas petroleras, las cuales deben pagarle una cuota extorsiva al grupo criminal para poder operar.
El grupo ha aprovechado las porosas fronteras y han ubicado su centro de operaciones en el municipio de San Miguel, a tan solo 21 kilómetros de Ecuador, según información recolectada en campo por InSight Crime. De acuerdo con testimonios de habitantes de estas zonas, en Ecuador el grupo tiene centros de formación militar para sus nuevos reclutas y sus líderes se mueven constantemente de un país a otro.
Los Comandos de la Frontera intensifican el control social
Anticipando otras incursiones en otros municipios por parte del Carolina Ramírez, los Comandos de la Frontera aumentaron el control social sobre las poblaciones del Bajo Putumayo, específicamente en los municipios de Orito, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel y Puerto Leguízamo.
En los cascos urbanos de los municipios de esta región, los grupos utilizan a civiles como informantes, quienes deben reportar al grupo sobre quiénes entran y salen de los territorios.
Y en las zonas rurales la situación es aún más tensa. “Están secuestrando, amenazando y amarrando a las personas que no siguen sus reglas. Incluso, se han escuchado de asesinatos en donde los dejan [el cadáver] con una mano fuera de la tierra para que se sepa que ahí hay una persona muerta”, relató un habitante a InSight Crime.
Además, el grupo está carnetizando a los habitantes de las veredas y son los presidentes de las Juntas de Acción Comunal quienes deben dar aval, a través de listados, de quiénes ingresan al territorio. Aquel que no aparezca en las listas corre el riesgo de ser asesinado. Adicionalmente, después de las seis de la tarde nadie tiene permiso para moverse entre las veredas, según aseguraron fuentes en el terreno.
Aunque las desapariciones y el reclutamiento de menores también han ocurrido, no se tienen cifras ni denuncias oficiales de estos hechos, pues el temor a represalias por parte de los grupos armados hace que las comunidades prefieran callar. “Acá la forma de manejar las cosas es el miedo”, aseguró un funcionario público de Puerto Asís a InSight Crime.
La respuesta militar ante el caos
Frente a este escenario, la fuerza pública se ha enfocado en debilitar, por un lado, a las disidencias y por el otro al narcotráfico. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados.
Como evidenció el más reciente operativo militar en Puerto Leguízamo, las fuerzas militares parecen desconocer o ignorar el nivel de injerencia de los grupos criminales en la vida cotidiana de las comunidades. Esto ha aumentado el riesgo de la población civil, que ha quedado en el medio, no solo de las operaciones que ejecuta la fuerza pública, sino también entre los enfrentamientos de las facciones disidentes.
Este tipo de acciones militares ha dado resultados contradictorios. Por un lado, ha hecho que se cuestione la legitimidad y hasta la efectividad de estas acciones para acabar con las disidencias. Y, por otro lado, ha aumentado la desconfianza de las comunidades hacia la fuerza pública.
“Lo que ocurrió en Puerto Leguizamo es lo que está pasando el departamento. Las comunidades están siendo cada vez más permeadas por actores armados por el vacío estatal y no les quedan más opción que someterse a lo que los grupos armados les dispongan. Mientras tanto el Estado somete a las comunidades y manipula las evidencias. Este es el hecho más notorio que demuestra la fractura de la situación de seguridad en nuestro departamento”, aseguro un defensor de derechos humanos a InSight Crime.
En cuanto a la lucha contra las drogas, aunque los cultivos de coca en Putumayo no han aumentado, tampoco han desaparecido. Las campañas de erradicación manual por parte del ejército continúan y el temor a que se presenten nuevos choques entre campesinos y militares no deja espacio para el diálogo entre ambos sectores.
En definitiva, la delicada situación que se vive en Puerto Leguízamo es un espejo de lo que podría ocurrir en otros municipios del departamento. Mientras las dos facciones disidentes se disputan el territorio, la fuerza pública intenta fallidamente debilitarlas y a merced de estos actores legales e ilegales, se encuentra la población civil.
