Defensa de exdirector del Inpec en líos judiciales pedirá nulidad de proceso
Defensa de exdirector del Inpec en líos judiciales pedirá nulidad de proceso
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
El general (r) Gustavo Ricaurte Tapia es procesado por un contrato de educación para ‘exparas’. La defensa del general en retiro Gustavo Ricaurte Tapia, exdirector del Inpec, procesado por líos en contratación,anunció que solicitará la nulidad de todo el proceso penal, incluso desde la imputación de cargos que se le hizo en abril de 2021.
Así lo dijo su defensa ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en medio de la diligencia en la que se pretendía hacer la acusación del alto oficial y que fue suspendida sin que pudiera finalizarse esa acción.
El caso está relacionado con el convenio interinstitucional 047 que suscribió el Inpec con Ana Cristina Pedraza, rectora de la Corporación Universitaria de Colombia Ideas, para ofertar el programa de derecho a los reclusos, sin que tuvieran el aval del Ministerio de Educación.
Así se graduaron varios exparamilitares como Edwar Cobos Téllez, conocido como ‘Diego Vecino’, entre otros. Por estos casos, tres reclusos demandaron al Inpec y ganaron el pleito en primera instancia.
Aunque la corporación universitaria le solicitó al Ministerio que aprobara los registros del programa de derecho que ya tenía, pero para poder ofrecerlos en la cárcel La Picota de Bogotá, y en prisiones de Villavicencio e Itagüí, esta petición fue negada en enero de 2012 por no cumplir con las condiciones de calidad necesarias.
La Fiscalía indicó que el Ministerio en 2014 hizo una visita al Inpec que evidenció que ese centro educativo siguió desarrollando el programa sin tener la autorización para hacerlo. La entidad reprocha que se haya ofertado un programa académico en condiciones de calidad diferentes a las que tenía avaladas la entidad.
“Se evidencia la ausencia de cumplimiento de un deber funcional por parte del señor Ricaurte Tapia, consistente en evaluar la idoneidad de la institución educativa que ofrecía el programa de derecho en la penitenciaría, así como hacer las verificaciones en materia de permisos y calidad del programa”, dice el expediente.
“Es así que, pese a la ausencia de la autorización requerida, se ejecutó el convenio impartiendo las clases a los internos inscritos en La Picota, permitiendo que en 2016 se surtiera el proceso de grado de algunos de los inscritos”, se lee en el expediente.
La Fiscalía le endilgó al general (r) Ricaurte el delito de trámite y celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legalesen calidad de autor por haber supuestamente obviado el deber funcionar de vigilar todas las etapas contractuales de un proyecto que pretendía beneficiar a los internos.
