Propietario de empresa de construcción se declara culpable de manipulación de licitaciones y soborno

Según un acuerdo de declaración de culpabilidad presentado hoy en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de California en Sacramento, Bill R. Miller participó en una conspiración, desde abril de 2015 hasta al menos diciembre de 2019, para frustrar el proceso de licitación competitiva para los contratos de Caltrans en numerosos ocasiones para asegurarse de que las empresas controladas por los co-conspiradores o por él mismo presentaran la oferta ganadora y se les adjudicara el contrato. Como parte de la conspiración, Miller reclutó a otros para que presentaran ofertas falsas en los contratos de Caltrans, incluido el coconspirador William D. Opp, un ex socio comercial que�se declaró culpable en el caso el 3 de octubre de 2022.�

Además de declararse culpable de manipulación de licitaciones, Miller también se declaró culpable de pagar sobornos a Choon Foo “Keith” Yong, el exgerente de contratos de Caltrans que administró los contratos involucrados en nombre de Caltrans, una agencia estatal de California que recibe importantes fondos federales. El 11 de abril de 2022, Yong�se declaró culpable de su papel en el esquema de soborno y manipulación de licitaciones. Según el acuerdo de culpabilidad de Yong, Yong recibió los sobornos en forma de pagos en efectivo, vino, muebles y servicios de remodelación de su casa. El valor total de los pagos y beneficios que recibió Yong superó los $800,000.

“El propietario de esta empresa constructora es la tercera persona que se declara culpable y el contratista de más alto nivel que enfrenta la justicia en la investigación de la División Antimonopolio sobre soborno y manipulación de licitaciones en Caltrans”, dijo el Fiscal General Adjunto Jonathan Kanter de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia. “La infraestructura de transporte es fundamental para nuestra nación, por lo que castigar los esquemas de soborno y manipulación de licitaciones que tienen como objetivo las obras públicas sigue siendo una de las principales prioridades para la división y sus socios de Procurement Collusion Strike Force”.

“California tiene muchos proyectos gubernamentales que comprometen el dinero de los contribuyentes, por lo que es importante erradicar la corrupción y proteger la integridad del proceso de contratación”, dijo el fiscal federal Phillip A. Talbert para el Distrito Este de California. “Mi oficina se compromete a investigar y enjuiciar a quienes intenten sobornar a funcionarios públicos o participen en otros actos de corrupción pública que socaven la confianza del público en la integridad del gobierno”.

Miller está programado para ser sentenciado el 6 de febrero de 2023 por la jueza federal de distrito Kimberly J. Mueller. Por la conspiración de manipulación de licitaciones, Miller enfrenta una pena legal máxima de 10 años de prisión y una multa de hasta $1 millón o el doble de la pérdida pecuniaria bruta resultante del delito. Por soborno relacionado con programas que reciben fondos federales, Miller enfrenta una sanción legal máxima de 10 años de prisión y una multa de hasta $250,000 o el doble de la pérdida pecuniaria bruta resultante del delito. Sin embargo, la sentencia real se determinará a discreción del tribunal después de considerar cualquier factor legal aplicable y las Pautas de sentencia de EE. UU. Además de su declaración de culpabilidad, Miller acordó pagar una restitución.�

La declaración de culpabilidad de hoy es el resultado de una investigación conjunta realizada por la oficina de San Francisco de la División Antimonopolio, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de California y la División de Sacramento del FBI como parte de la Fuerza de Ataque de Colusión de Adquisiciones (PCSF) del Departamento de Justicia.�

En noviembre de 2019, el Departamento de Justicia�creó la Fuerza de Ataque de Colusión de Adquisiciones (PCSF, por sus siglas en inglés) , un esfuerzo conjunto de aplicación de la ley para combatir los delitos antimonopolio y los esquemas fraudulentos relacionados que afectan la financiación de programas, subvenciones y adquisiciones gubernamentales en todos los niveles de gobierno: federal, estatal y local. En el otoño de 2020, Strike Force amplió su presencia con el lanzamiento de PCSF: global, diseñado para disuadir, detectar, investigar y enjuiciar esquemas colusorios que tienen como objetivo el gasto del gobierno fuera de los Estados Unidos. Para obtener más información sobre PCSF, o para reportar información sobre asignación de mercado, fijación de precios, manipulación de licitaciones y otras conductas anticompetitivas relacionadas con gastos relacionados con la defensa, visite �https://www.justice.gov/procurement-collusion-strike-force .