Tres empresas españolas, tras el desfalco en los Juegos Nacionales
Tres empresas españolas, tras el desfalco en los Juegos Nacionales
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
Las irregularidades por más de $ 6.187 millones detectadas por la Contraloría en un contrato con la firma española Typsa para diseñar los escenarios de los Juegos Nacionales del 2015 en Tolima –la competencia más importante del país en categorías abiertas–, son apenas la punta del iceberg.
Por ese capítulo de la etapa precontractual, la Fiscalía ya ha llevado a varios funcionarios y contratistas presos, entre ellos al exasesor de la Alcaldía Orlando Arciniegas Lagos, condenado a 36 años de prisión por peculado y enriquecimiento ilícito.
Pero EL TIEMPO conoció que el verdadero desfalco implica a otros protagonistas que hasta ahora habían pasado de agache. Por eso la Contraloría General abrió 11 procesos de responsabilidad fiscal para recuperar los más de 60.153 millones de pesos que se perdieron en la construcción de los escenarios deportivos, obras que hoy en Ibagué son columnas de concreto abandonadas y barrizales en donde se propagan los zancudos y la maleza.
El desgreño, la falta de controles y los incumplimientos hicieron que ese torneo no se realizara en el Tolima.
La investigación de la delegada del Sector Social de la Contraloría determinó que en los 11 procesos aparece en 7 casos como presunto responsable el exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez Ramírez.
Y además de Typsa, en los expedientes figuran dos firmas españolas con reconocimiento mundial: Vera Construcciones sucursal Colombia y Ortiz Construcciones y Proyectos sucursal Colombia. El exalcalde y las dos firmas hacen parte de un grupo de más de 30 funcionarios, interventores, contratistas y supervisores a los que la Contraloría investiga.
Los investigados
Rodríguez, quien terminó su periodo a finales del 2015 y ha tenido otros líos por supuestos malos manejos de recursos públicos, es investigado por la Contraloría porque fue quien autorizó que los dineros que la Nación le giró al municipiopara levantar los escenarios terminaran en el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Indri), entidad que, según fuentes, no tenía la capacidad técnica para contratar y vigilar los recursos.
Vera Construcciones, cuya sede principal está en Málaga (España) fue constituida en Colombia –según registros de la Cámara de Comercio– en febrero del 2012, y su representante legal es Juan Ramón Hernández González. Información que el directivo relaciona en sus redes sociales muestra que esta empresa ha ganado en el país 20 contratos en cinco años, que suman 100 millones de euros.
La investigación dice que esta firma hizo parte de la Unión Temporal Parque Deportivo Ibagué que se ganó el contrato 119 del 2015 por $ 82.231 millones. Ese dinero se debía usar para construir el patinódromo, canchas para atletismo, el complejo de tenis, la cancha de ‘softball’, piscinas, entre otros. Pero el proceso da cuenta de que al menos 37.130 millones se le entregaron al contratista por anticipo y actas parciales por supuestos avances, a pesar de que las obras nunca se construyeron. Incluso, las dejó abandonadas en abril del 2016.
De ese dinero, nunca justificó en qué usó $ 11.275 millones, y lo poco que hizo ni siquiera puede ser utilizado porque, según estudios de la Universidad Nacional, no cumple con las normas de sismorresistencia. Los investigadores dicen que si esos escenarios hubieran visto la luz, pudieron correr el riesgo de derrumbarse.
El contratista también cobró la instalación de estructuras metálicas a un precio más caro del que inicialmente pactó. El precio era de 9.212 la unidad/kilo, pero las cobró a 9.870 pesos. Nada más por esas barras con sobrecostos recibió 12.190 millones. También cobró 458 millones por trabajadores que nunca puso en las obras.
“Dada la gravedad de las falencias encontradas, las obras no pueden ser recibidas. Para llevarlas a buen término deben desmontarse, repararse y volverse a montar siguiendo especificaciones técnicas”, dice la Contraloría.
Y Construcciones Ortiz, la segunda firma española vinculada, tiene su sede principal en Madrid y fue constituida en Colombia en abril del 2010, en donde ha ganado licitaciones para autopistas. Su representante es Carlos Bueno Morales.
En el proceso figura que esta firma hace parte del Consorcio Escenarios Unidad Deportiva que se quedó con el contrato 974 del 2015 para construir una unidad deportiva en la calle 42 de Ibagué. El negocio se suscribió por 37.299 millones de pesos de los cuales se giraron 11.474 millones de pesos que hoy constituyen el detrimento, pues “la obra quedó inconclusa”.
Los auditores aseguran que el Indri le reconoció al contratista gastos administrativos del 20 por ciento del contrato, un 4 por ciento más de lo que se había pactado, dinero que pudo usar a sus anchas sin invertirlo en las obras.
Mientras estos contratistas y funcionarios tendrán que afrontar el proceso fiscal para retornar los dineros públicos perdidos, por lo que se ordenó seguir la pista de sus bienes, esos hechos tienen pendiente un capítulo judicial en la Fiscalía General.
Otros procesos por el elefante blanco
Dentro de los casos que abrió la Contraloría también está el contrato para las obras del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, con un detrimento de 3.206 millones. Este caso involucra, además del exalcalde de Ibagué, a la Unión Temporal Murillo Toro.
En otro caso está el contrato para construir un sendero náutico en donde hubo un daño fiscal de 1.518 millones, obras que tenía la Unión Temporal Juegos Nacionales.En otros casos, también están involucrados los exalcaldes del Líbano Jesús Antonio y de Chaparral Hugo Arce Hernández, por detrimentos de 31 y 1.897 millones, respectivamente.
