Caso Mintic: Procuraduría sanciona a exfuncionaria con nueve años de inhabilidad
Caso Mintic: Procuraduría sanciona a exfuncionaria con nueve años de inhabilidad
Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original
El Ministerio Público dio a conocer las primeras sanciones por el escándalo de Mintic, en el cual el Gobierno anterior entregó $70.000 millones de anticipo a una empresa que jamás construyó 7.000 centros digitales en las zonas más vulnerables del país.
En 2021, durante la presidencia de Iván Duque, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic) dio por terminado un contrato con el que se había comprometido a llevar internet a las zonas más apartadas del país. Dos años después, en un fallo de primera instancia, la Procuraduría sancionó a tres exfuncionarios del Mintic, y a dos contratistas. Todo por las irregularidades en la etapa de revisión de los papeles para ejecutar el contrato y en la ejecución del mismo, firmado con la Unión Temporal (UT) Centros Poblados 2020, para conectar a internet a más de 7.000 comunidades rurales.
Los servidores que recibieron la sanción disciplinaria de primera instancia fueron: la exsubdirectora de Gestión Contractual del MinTIC, Sandra Orjuela Méndez; el exdirector de Infraestructura del MinTIC, Camilo Alberto Jiménez Santofimio; y la exsecretaria General del MinTIC y exdelegada de la contratación, Adriana Vanessa Meza Consuegra. Además, los contratistas sancionados fueron, el exrepresentante legal de la UT Centros Poblados 2020, Luis Fernando Duque Torres; y la exrepresentante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales, Paola Andrea Izquierdo Rivera.
El Mintic cerró el contrato, luego de encontrar que Centros Poblados incumplió lo pactado y presentó documentos falsos para quedarse con el negocio, por el que, incluso, recibió un anticipo de $70.000 millones. Por esto, la primera sanción corresponde a la exsubdirectora de Gestión Contractual del Mintic, Sandra Orjuela Méndez, quien fue destituida e inhabilitada por el término de nueve años y un mes. Según el Ministerio Público, la exfuncionaria no revisó estrictamente, antes de dar su aprobación, las garantías de cumplimiento del contrato que la UT Centros Poblados presentó, y que resultaron falsas. El mismo ente de control también calificó su falta como gravísima.
A juicio de su defensa, Orjuela Méndez no era culpable, ya que no afectó sus funciones dentro de la entidad. “En ambos casos, se trataría de conducta omisiva por no verificar diligente y oportunamente que la respectiva garantía hubiese sido expedida por el Banco Itaú. Dijo que eran conductas atípicas y que no había culpabilidad de su defendida”, señala la Procuraduría sobre la defensa de la exsubdirectora.
El segundo sancionado es el exdirector de Infraestructura del Mintic y estructurador de la licitación, Camilo Alberto Jiménez Santofimio. Fue suspendido nueve meses por permitir que se modificaran, sin sustento, las recomendaciones de un consultor. Su falta fue calificada como gravísima a título de culpa grave. Ante esto, la defensa de Jiménez Santofimio indicó que el exdirector sí informó de las irregularidades oportunamente, antes de la cancelación del contrato. Sin embargo, para la Procuraduría “el imputado no se interesó en los desembolsos ni verificó si el contratista realmente cumplía con los requisitos para los mismos”.
La otra exfuncionaria sancionada de Mintic, es la exsecretaria General del MinTIC y delegataria de la contratación, Adriana Vanessa Meza Consuegra. El Ministerio Público también la suspendió por cinco meses “por incluir una cláusula en el pliego de condiciones de la licitación, sin haber sido avalada por el Comité de Conciliación de la entidad, con lo cual cometió una falta gravísima”, señala el ente de control. Su defensa indicó que, en referencia a los estudios previos del contrato, no era un deber funcional de ella como secretaria general, sino que correspondía al área que requería la contratación, que era la Dirección de Infraestructura.
Los dos contratistas sancionados fueron: el exrepresentante legal de la UT Centros Poblados Colombia 2020, Luis Fernando Duque Torres; y Paola Andrea Izquierdo Rivera, exrepresentante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales. Duque Torres fue señalado por el ente de control de incurrir en el delito de falsedad en documento privado, por firmar y utilizar ante el Mintic las garantías de cumplimiento del contrato, a sabiendas de que habían sido falsificadas. Este hombre fue multado con 90 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLV) para la época de los hechos e inhabilitado para ejercer funciones públicas por 15 años.
Luis Fernando Duque Torres fue imputado en 2022, por una fiscal especializada contra la corrupción, junto con otros cinco empresarios, por delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal; debido a que estarían involucradas en la apropiación ilícita de parte de los $70.000 millones del anticipo del citado contrato. Se trata de los empresarios Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres; Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Agencia de Seguros; y Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá.
Debido a esto, Duque aceptó, junto a Emilio Tapia y en 2022, un preacuerdo con la Fiscalía con el fin de obtener beneficios en su condena por este caso. El pacto al que llegaron lo condenó a una pena de cuatro años y tres meses (52 meses) por solo algunos de los delitos que le imputaron.
Por su parte, Paola Andrea Izquierdo Rivera fue sancionada por omitir la verificación y validación del cumplimiento de requisitos para la realización del primer Comité Fiduciario en el que se autorizó la utilización y pago del anticipo por valor superior a $70.000 millones. La mujer fue multada con 50 SMLV e inhabilitada para ejercer cargos públicos durante los 11 años siguientes a la sanción.
Sin embargo, estas sanciones podrían cambiar a partir de los fallos que respondan a los recursos de apelación que ya interpusieron las defensas de los cinco exfuncionarios contra el fallo de primera instancia, que fue el anteriormente detallado. Ahora, estará en manos de la Sala Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría para definir si mantiene o modifica tales sanciones.
