El titular de la UIF, Pablo Gómez, informó en julio de 2022 sobre las denuncias penales presentadas contra Peña Nieto y varios miembros de su familia, relacionadas con las empresas Plasti-Esteril, SA de CV, y Desarrolladora Homex, SAB de CV; además, se están revisando las empresas Impulsora Agrícola La Laguna, SPR de RL, y Expectras, SA de CV, por posibles delitos de lavado de dinero y evasión fiscal.
Entre los involucrados se encuentran el propio Peña Nieto, su madre María del Perpetuo Socorro Nieto Sánchez, sus hermanos Arturo, Ana Cecilia y Verónica Peña Nieto, y su exesposa Angélica Rivera Hurtado. También están implicados Maritza Díaz Hernández, madre de uno de los hijos de Peña Nieto. Así como Rocío Aurora Narváez Lugo, cónyuge de Germán Horacio Arturo Peña Del Mazo; Luis Arturo Peña Némer, accionista de Impulsora; Abril Tammy Mendívil Carbajal, esposa de Arturo Peña Nieto; Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, accionista de Homex; Felipe Alfredo Casahonda Cortés, accionista de Impulsora; Juan José Chimal Velasco, accionista de Impulsora; María del Pilar Némer Fernández, accionista de Impulsora; Germán Horacio Arturo Peña Del Mazo, accionista de Plasti-Esteril, y sus hijos Rocío, Claudia Alejandra, Angélica y Luis Arturo Peña Narváez.
Las autoridades han elaborado diagnósticos fiscales y financieros de cada uno, exponiendo cómo se beneficiaron de recursos supuestamente ilícitos a través de facturación y movimientos financieros nacionales e internacionales.
Plasti-Esteril, también conocida como Baxter Atlacomulco, fue constituida en 1991 con Enrique y Arturo Peña Nieto, su padre Enrique Peña el Mazo y su tío Arturo Peña Del Mazo como accionistas. Un año después, la empresa fue vendida a Esquisflex, que en 1997 fue absorbida por Baxter International, Inc. Durante el mandato de Peña Nieto, Baxter recibió contratos del gobierno federal por más de 10 mil 500 millones de pesos, principalmente de instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), hospitales dependientes de la Secretaría de Salud, de Pemex, de la Defensa y de otras dependencias.
Consultado sobre las acusaciones, Peña Nieto, a través de un intermediario, afirmó que no se le ha permitido ofrecer pruebas o documentación en su defensa. Desde España, donde reside para evitar y protegerse de los procesos penales, el expresidente ha presentado documentos para demostrar la legalidad de sus bienes, aunque se queja de que no se le ha permitido defenderse legalmente.
En redes sociales, Peña Nieto ha expresado su confianza en que podrá aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio y demostrar la legalidad del mismo. Sin embargo, cinco años después, la situación legal del exmandatario se ha complicado, al punto de que podría convertirse en el primer expresidente del periodo neoliberal en enfrentar la justicia.
La FGR ha abierto tres carpetas de investigación por delitos federales contra Peña Nieto, incluyendo denuncias relacionadas con la empresa OHL (hoy Aleatica) y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, hay una investigación por enriquecimiento ilícito, con dictámenes fiscales y patrimoniales en proceso.
El presidente López Obrador ha declarado que no ha frenado ni frenará ninguna investigación contra Peña Nieto, y que la Fiscalía, como órgano autónomo, puede informar sobre el estado de las investigaciones en cualquier momento.
La UIF ha documentado transferencias financieras sospechosas desde 2013, incluyendo depósitos en efectivo por más de 30 millones de pesosde origen desconocido. Según la UIF, las alertas se activaron en octubre de 2021 por actividades vulnerables al lavado de dinero, revelando que Peña Nieto y sus familiares obtuvieron beneficios económicos a través de dos empresas con irregularidades fiscales y financieras.
Las investigaciones han encontrado que, entre 2015 y 2021, una de las empresas vinculadas a Peña Nieto envió transferencias internacionales por más de mil 500 millones de pesos y casi 5 millones de dólares a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido. La información completa ha sido entregada a la FGR para continuar con las investigaciones.
Vuelve Andorra a investigar al abogado de Peña Nieto
Por si fuera poco, Andorra ha vuelto a iniciar una investigación contra Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, y a Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del exmandatario Carlos Salinas de Gortari, de acuerdo con El País.
La Operación Monterrey, en la cual la jueza Canòlic Mingorance investiga un posible caso de lavado de dinero relacionado con una transferencia de 450 mil dólares realizada en noviembre de 2008 a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA).
La investigación revela que Collado utilizó una sociedad instrumental holandesa para ocultar la transacción, mientras que Salinas Pasalagua recibió los fondos en una cuenta cifrada en la BPA. Collado justificó la transferencia como una comisión por la venta de una empresa vinculada al Grupo Radio Digital Siglo XXI, pero la policía andorrana cuestiona la legitimidad de esta explicación debido a la falta de documentación.
Salinas Pasalagua, cliente de la BPA desde abril de 2008, recibió fondos provenientes de transferencias internas y una casa de cambio mexicana. Los investigadores critican la falta de control por parte de la BPA, que permitió a Salinas Pasalagua abrir una cuenta a pesar de su condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP). La BPA fue intervenida en 2015 por presunto lavado de dinero.
Collado, quien ha estado en prisión en México por cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal, también enfrenta cargos por blanqueo de dinero en Andorra, donde movió más de 120 millones de dólares. Collado ha trabajado con varias figuras prominentes de México, incluidos Mario Villanueva y Raúl Salinas de Gortari.
El abogado de Collado insiste en que la transferencia fue legítima, pero la investigación sigue en curso. El diario El País no pudo obtener la versión de Salinas Pasalagua.
