Cargos a exjefe Jurídica de Cartagena por aparente conflicto de intereses en proceso de conciliación por más de $4.700 millones
Cargos a exjefe Jurídica de Cartagena por aparente conflicto de intereses en proceso de conciliación por más de $4.700 millones
Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra la exjefe de la Oficina Jurídica de la alcaldía de Cartagena, Myrna Elvira Martínez Mayorga (2020 – 2021), por intervenir en un proceso de conciliación extrajudicial por más de 4.700 millones de pesos sin informar un aparente conflicto de intereses.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena la investiga porque en el desempeño de su cargo participó, con voz y voto, en el Comité de Conciliación de la alcaldía con la empresa Aseo Urbano de la Costa S.A., sin aparentemente informar que entre 2010 y 2011 se desempeñó como directora Jurídica de esa misma empresa, y por lo tanto no podía intervenir en la discusión de las decisiones que adoptara la administración municipal en ese proceso conciliatorio.
Para el Ministerio Público, el interés particular de la entonces funcionaria se da por el solo conocimiento que tenía sobre la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por Aseo Urbano de la Costa S.A., lo que “reñía y ponía en peligro el interés general de la función pública dado el anterior empleo desempeñado por ella en esa misma empresa”, independientemente si tenía o no un interés particular en el resultado de la decisión que adoptara el Comité.
Agregó el órgano de control que en virtud del empleo que ostentaba y en su condición de miembro permanente del Comité “tenía el deber legal de observar y acatar lo dispuesto en la Constitución, en las leyes y reglamentos de la entidad frente a los impedimentos previstos, y frente a un eventual conflicto de intereses debía declararse impedida y apartarse del conocimiento y decisión del asunto”.
Por esos hechos, el órgano de control señaló que Martínez Mayorga habría vulnerado los principios de responsabilidad y moralidad que rigen la función pública, y calificó su aparente conducta como una falta grave cometida a título de culpa gravísima.