Representante uribista denunciará al ministro Ricardo Bonilla ante autoridades estadounidenses: estos son sus motivos

Representante uribista denunciará al ministro Ricardo Bonilla ante autoridades estadounidenses: estos son sus motivos

Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original)

Se trata de Óscar Villamizar, del Centro Democrático, que ante la gravedad de sus denuncias que pesan sobre el titular de la cartera de Hacienda acudirá a instancias internacionales.

Tras conocerse las denuncias de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en las que se refirió a la forma en la que se habría buscado favorecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN) con la entrega de contratos en zonas en donde tienen influencia, como en Saravena (Arauca), el representante a la Cámara Óscar Villamizar anunció que tomará acciones legales.

El congresista, que hace parte de uno de los partidos en oposición al presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que pedirá que se investigue a uno de los funcionarios del Gobierno que resultó enlodado por las afirmaciones de López: Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, al que acusó de entregarle instrucciones para direccionar contratos y beneficiar así a congresistas; a cambio del apoyo al Ejecutivo.

Villamizar anunció que irá anunció que irá a la Corte de Nueva York (Estados Unidos), con el fin de presentar una denuncia penal contra el funcionario del gabinete, luego de se conociera el contenido de las declaraciones de López: entregadas a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en diligencia en la que por espacio de tres horas detalló cómo habría sido la repartija de recursos estatales.

En su explicación, el congresista indicó que pedirá que se investigue y se juzgue al ministro por supuesto financiamiento de grupos narcoterroristas, luego de que se mencionará de parte del exdirector de la Ungrd que se buscaba entregar contratos que permitieran a esta estructura al margen de la ley, inmersa en el proceso de negociación con la delegación del Gobierno, obtener recursos sin recurrir al secuestro y la comercialización de estupefacientes.

“Vamos a poner una denuncia penal, ante las Cortes de los Estados Unidos, por financiamiento de grupos narcoterroristas. Estamos con un equipo de abogados revisando el tema, por patrocinar grupos que se dedican al narcotráfico y al terrorismo en Colombia”, afirmó el representante por Santander, en diálogo con la cadena Melodía. Un anuncio que generó un fuerte impacto en las redes sociales.

Y es que Bonilla es el principal salpicado de lo revelado en las noches del martes 16 y miércoles 17 de julio por parte de Noticias Caracol, en las que el eje de las acusaciones en su contra gira en torno a los contratos que fueron viabilizados, aunque no ejecutados, para los municipios de Carmen de Bolívar, Bolívar ($11.700 millones); Saravena, en Arauca ($34.000 millones), y Cotorra, en Córdoba ($46.000 millones).

En las afirmaciones de Olmedo López y el contenido de los chats de Sneyder Pinilla, que fungió como subdirector para el manejo de desastres, se indicó cómo Bonilla habría sostenido reuniones con el primero y conversaciones con el segundo para agilizar estos contratos; además de delegar, según las informaciones, a su asesora, María Alejandra Benavides, para darle trámite a estos proyectos.

Mientras se conoció la intención de Villamizar de que el ministro de Hacienda deba responder eventualmente ante la justicia norteamericana, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación preliminar contra el funcionario y su asistente; al igual que el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) hoy titular de la DNI, Carlos Ramón González.

Según se mencionó por parte de López, los congresistas Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar y Wadith Manzur, este último presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, además de Juan Diego Muñoz, que ya renunció a su cargo, eran los destinatarios de estos montos, a cambio de votar en favor de las iniciativas del Gobierno en el Legislativo.