Fue fiscal por 13 años y ni siquiera era abogada. Llegó a altos cargos en la Fiscalía con documentos ‘chimbos’ y ahora fue condenada

Durante trece años, entre 2000 y 2013, Claudia Elena Lozano Doria�se movió como pez en el agua por las oficinas de la Fiscalía General y despachos judiciales. En todo este tiempo, llegó a solicitar órdenes de captura, abrir todo tipo de investigaciones, cerrar de un solo plumazo expedientes judiciales, absolver a presuntos culpables y condenar a supuestos inocentes.

Para no ir más lejos, siendo directora de Fiscalías en el departamento de La Guajira, solicitó en diciembre de 2008 la captura del director seccional del DAS, Yohn Carlos Cuéllar Gómez,�por presuntamente pedir 80 millones de pesos para dejar en libertad a Lady Constanza Sánchez, una mujer que era solicitada en extradición por las autoridades de Bélgica por cargos de narcotráfico.

La noticia ocupó titulares de prensa�y sacudió el ya desprestigiado organismo de inteligencia, en contra del cual ya recaían graves señalamientos por la infiltración de grupos paramilitares y prestarse para realizar seguimientos ilegales a los “enemigos” del Gobierno de turno.

La actuación de Lozano Doria no tendría nada de raro de no ser por el simple hecho que nunca había pasado por una facultad de Derecho, no contaba con tarjeta profesional y no tenía ningún certificado de abogada. Requisitos mínimos que exige la ley colombiana para ocupar estos altos cargos para administrar justicia. Hizo conejo, falseó documentos y lleva más de una década pavoneándose como fiscal.

Pero, ¿cómo llegó a ocupar estos cargos? La respuesta parece sacada de un tomo especial de situaciones inéditas que solo se presentan en Colombia. Valiéndose de una relación de amistad, la mujer tocó en septiembre de 2000 las puertas de la Fiscalía General para solicitar un trabajo como técnica judicial en la Sección Judicial de Montería, Córdoba.

Tomó la tarjeta profesional de su entonces entrañable amiga, María Consuelo Mestre, quien terminó emproblemada y convirtiéndose en la principal testigo en su contra. Copió gran parte de su hoja de vida para “acreditar formación profesional y un acta de grado con el fin de lograr su nombramiento”. En poco tiempo, y con estos documentos bajo su brazo, fue escalando rápidamente.

Fue así como llegó a posesionarse como fiscal “en doce oportunidades”, ocupando distinciones tales como fiscal local delegada ante los jueces de Barranquilla, fiscal delegada ante los jueces de Cartagena, hasta dar el gran salto de directora seccional de Fiscalía de Riohacha.

“La acusada propendió desde el momento en que anexó a su hoja de vida, un título, acta de grado y tarjeta profesional de abogada falsos, en escalar a nivel laboral en la Fiscalía General de la Nación, aprovechando su vinculación con anterioridad como técnico judicial, para evadir un nuevo esquema de seguridad”, señaló la Fiscalía en su acusación.

La respuesta a cómo nadie se dio cuenta durante esa década de esta falsedad todavía sigue en el limbo. La mentira se rompió por el lado menos esperado: tras salir de la Fiscalía General intentó ingresar a la Judicatura utilizando los mismos documentos falsos para ser nombrada como juez de ejecución de penas de Valledupar.

Tal vez confiada por su buena suerte y el hecho que no la habían descubierto, presentó la tarjeta profesional y el diploma de la Corporación Universitaria del Sinú. Sin embargo, al ingresar su número de cédula al sistema se prendieron las alertas: los datos no coincidían y en la mismísima Judicatura confirmó que en el registro nacional de abogados no aparecía nadie con ese nombre.

Con toda esta evidencia, la Fiscalía la vinculó a un proceso por fraude procesal y falsedad en documento privado. Pese a que en un momento firmó un preacuerdo para exculpar sus pecados y lograr una rebaja de pena, como lo afirma la misma fiscalía, el “desinterés de la defensa y la procesada” los llevó a sentarla en el banquillo de los acusados.

En el extenso juicio, la declaración de su ahora examiga la terminó de hundir, asegurando que tanto la tarjeta profesional de abogado como la hoja de vida que presumía Lozano Doria eran de ella. Prácticamente, lo único que modificó fue su nombre y cédula, de resto, todo era plagio.

“La testigo María Constanza Mestre Palomino, abogada de la Universidad del Sinú y examiga de la procesada, correspondía en sus datos, (que) en alguna oportunidad, entregó a la procesada junto con una copia de su hoja de vida, con el propósito de obtener un trabajo en la Fiscalía”, testificó la testigo clave.

Lo insólito alcanzó su punto máximo cuando Carmen Helena Pérez Cañón, coordinadora de planta de la Fiscalía, aseguró que se partía del “principio de la buena fe cuando se recibían todos los documentos de los aspirantes y se subían al Sistema de Información Administrativa y Financiero (SIAF)”.

Pese a que la defensa de la falsa fiscal le quiso achacar toda la responsabilidad a los funcionarios que no habían cumplido su trabajo de revisar si en efecto era abogada, la respuesta del juzgado fue tajante.

“Cuando cada uno de los funcionarios públicos suscribió la respectiva resolución de nombramiento de Lozano Doria en un cargo de fiscal, lo hizo porque tenía la certeza de que la autoridad encargada de proyectar el acto administrativo había verificado la concurrencia de los requisitos para el cargo”, señaló la decisión.

Después de una decena de recusaciones y solicitudes de nulidad que no prosperaron en ninguna instancia, la justicia –de la que hizo parte– la condenó a doce años y nueve meses de prisión. La sentencia acaba de ser ratificada plenamente por el Tribunal Superior de Bogotá que, a su vez, le remitió la decisión a la Universidad del Sinú para que adopte las medidas que considere pertinentes.

El caso es tan grave que en el sistema de la rama judicial aparecen un centenar de denuncias penales y demandas civiles en contra de Lozano Doria por las actuaciones ilegales que hizo cuando usurpó cargos en el ente investigador.

Medios regionales registraron además la existencia de un testimonio que vinculaba a la falsa fiscal de haber recibido 350 millones de pesos para devolver un cargamento de marihuana y cocaína que había incautado el DAS en Montería.

Y volviendo a los vacíos de su gestión y que aún evalúan en la Fiscalía, el proceso contra el exdirector del DAS en La Guajira se cayó en 2010 por falta de evidencia. En la decisión judicial, el juez primero penal del circuito de Riohacha advirtió que no se demostró ni la solicitud ni la entrega del dinero.

Tras ser absuelto, el exfuncionario –quien estuvo tres años en la cárcel– solo atinó a agradecer a Dios, a sus amigos y familiares que lo acompañaron en este periplo. “Perdí mi buen nombre y el de mi familia”.

De lo último que se tiene noticia es que presentó dos demandas en contra del DAS y el Inpec. La primera por sacarlo de su cargo y la segunda por mantenerlo privado de su libertad pese a la orden judicial.