Procurador Colombia pide pruebas a Brasil para evitar impunidad por Odebrecht
Procurador Colombia pide pruebas a Brasil para evitar impunidad por Odebrecht
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El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, le solicitó en una carta a su homólogo de Brasil, Rodrigo Janot, suministrar pruebas para evitar la impunidad en el caso de corrupción de la constructora Odebrecht, informó hoy el órgano de control.
Bogotá, 1 jun (EFE).- El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, le solicitó en una carta a su homólogo de Brasil, Rodrigo Janot, suministrar pruebas para evitar la impunidad en el caso de corrupción de la constructora Odebrecht, informó hoy el órgano de control.
En la misiva, Carrillo «demanda la entrega de información solicitada en la investigación por Odebrecht y advierte que el retardo en la obtención de estas pruebas representa una amenaza de impunidad dentro del proceso disciplinario por este caso de corrupción internacional», según un comunicado de la Procuraduría.
En la carta, que también fue entregada al director de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano de la Cancillería de Colombia, Javier Dario Higuera, la corporación advierte que desde febrero espera respuesta a una solicitud formal de información.
«Debo expresarle, señor Procurador, que el retardo en la obtención de los elementos materiales de prueba solicitados a las autoridades de Brasil, genera un grave riesgo en materia de impunidad», aseveró Carrillo.
Entre las razones que plantea el funcionario colombiano a su homólogo brasileño para la urgencia de la información figuran «la aplicación de los términos prescriptivos de la acción disciplinaria y la aplicación tardía de las sanciones a que haya lugar».
Carrillo Flórez sustenta su solicitud de cooperación judicial internacional para el caso de Odebrecht en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Para el procurador es «lamentable» que Brasil no levante la reserva sobre las declaraciones de 78 directivos de Odebrecht, no solo para que los procesos estén rodeadas de total transparencia, sino para que los entes de control puedan terminar sus investigaciones.
«En aras de la persecución, de la acusación y de todo el proceso disciplinario y penal que se tiene que poner en marcha, lo ideal es que se produjera ese levantamiento de esa reserva», sostuvo Carrillo.
Además, precisó, «aquí lo que necesitamos para terminar las investigaciones es tener todos los elementos de juicio para proceder en cada uno de los casos como toca. En lo disciplinario para la Procuraduría, en lo fiscal para la Contraloría y en lo penal para la Fiscalía General de la Nación».
La Fiscalía brasileña comenzará a entregar hoy las pruebas sobre los sobornos pagados por Odebrecht a autoridades de otros ocho países de América Latina, pero exigirá que la documentación se mantenga bajo sigilo hasta nueva orden.
«El 1 de junio vence el plazo de sigilo internacional previsto en la cláusula contractual del caso Odebrecht y podremos entregar las pruebas que tenemos y que nos han pedido los fiscales de otros países», dijo a Efe un vocero de la Procuraduría General de la República de Brasil.
Este miércoles, en Colombia se desvelaron unos audios en los que el expresidente de la compañía en el país Eleuberto Martorelli confirmó que la constructora pagó un millón de dólares para la elaboración de una encuesta para la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2014 a través de la sociedad panameña Paddington vinculada a la empresa Sancho BBDO.
Por este caso está detenido el exsenador Otto Bula, quien admitió haber recibido 4,6 millones de dólares por intermediar en la consecución de contratos para la firma en el país, y el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien fue sobornado con 6,5 millones de dólares.
El tercer detenido es el contratista Andrés Cardona, por su presunta participación en la celebración irregular y ejecución de un contrato entre la compañía brasileña y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la capital colombiana para obras en el río Bogotá.
Finalmente, el miércoles fue enviado a la cárcel Juan Sebastián Correa Echeverry, quien se desempeñaba como funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de Colombia, y que es acusado de los delitos de tráfico de influencias de servidor público, abuso de la función pública y falso testimonio.
También, este miércoles la Fiscalía anunció que le imputará cargos al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno por las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato a la firma brasileña. EFE
