Fiscalía logra condena a 16 años de prisión para abogado que tramitó ilegalmente la pensión gracia de 1.607 docentes de Cundinamarca

Fiscalía logra condena a 16 años de prisión para abogado que tramitó ilegalmente la pensión gracia de 1.607 docentes de Cundinamarca

Fiscalía logra condena a 16 años de prisión para abogado que tramitó ilegalmente la pensión gracia de 1.607 docentes de Cundinamarca

Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)

Se trata de Carlos Eduardo Ochoa Moreno contra quien se dictó orden de captura. La Fiscalía demostró una estafa agravada por 34.000 millones de pesos.

 

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante el juicio contra el abogado Carlos Eduardo Ochoa Moreno, permitieron que un juez de conocimiento de Bogotá lo condenara a 16 años de prisión, como responsable de los delitos de peculado por apropiación y estafa agravada.

El ente acusador demostró que Ochoa Moreno, en compañía de otras personas, dirigió durante los años 2010 a 2014 un entramado de corrupción para favorecer, de manera irregular, a 1.607 docentes de Cundinamarca.

Las pruebas aportadas evidenciaron que la red ilegal se valió de documentación falsa con la cual los docentes podrían acceder a la pensión gracia, aun sin cumplir requisitos como: I) contar con trabajo continuo por 20 años, II) tener más de 50 años de edad y III) no contar con pensión alguna u otro beneficio estatal, entre otros.

La Fiscalía demostró que el abogado, ahora condenado, tramitó ilegalmente el reconocimiento y las reliquidaciones con documentos, historias laborables y certificados salariales espurios. Los mismos que fueron utilizados para sustentar las demandas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Estas acciones causaron un detrimento patrimonial de 34.000 millones de pesos para el Estado en cabeza de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) por la estafa agravada y un peculado de 500 millones de pesos.

Dentro de la sentencia condenatoria, la juez emitió una orden de captura en contra del sentenciado para que cumpla la condena en un centro carcelario en Bogotá. También es inhabilitado para ejercer funciones públicas y la profesión de abogado por 188 meses. Adicional a esto le fue impuesta una multa equivalente a 1.631 salarios mínimos legales mensuales vigentes en 2014.

La decisión fue apelada por la defensa.

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