Más de 20 políticos bajo la lupa en caso de pagos al exfiscal Moreno
Más de 20 políticos bajo la lupa en caso de pagos al exfiscal Moreno
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
Se indaga si la red toca a magistrados activos y si cobraban por nombrar gente en Fiscalía y Fonade.
La exsenadora de ‘la U’ Piedad Zuccardi entró discretamente el miércoles pasado, a las 2 de la tarde, a la Sala Penal de la Corte Suprema.
Durante casi dos horas se le preguntó si había pagado para que le anularan evidencias en su contra, dentro del proceso que se le abrió hace 6 años por nexos con ‘paras’.Se le preguntó además si en la Corte le exigieron plata o dádivas para que le dieran libertad por vencimiento de términos, en abril del 2016, después de 3 años de permanecer detenida; y si recibió presiones de magistrados o del abogado Gustavo Moreno.
Pero Zuccardi –quien pidió plazo para responderle al alto tribunal– no es la única emplazada. EL TIEMPO estableció que al menos una veintena de procesos contra políticos están siendo revisados para establecer si forman parte o no de la monumental cadena de cobros que el fiscal Néstor Humberto Martínez destapó hace 60 días, con ayuda de la DEA, y que tiene sumergida a la justicia en una descomunal crisis que amenaza con extenderse al Congreso y a otras entidades claves del Estado.
En la lista de procesos en revisión está el del senador barranquillero Álvaro Ashton, investigado por ‘parapolítica’ y por el desangre de la Dirección de Estupefacientes, quien lleva días sin aparecerse por el Congreso. También se revisa el de su colega Hernando Padauí, amigo y cliente de Gustavo Moreno, y el de la expresidenta del Congreso y actual gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien tiene una investigación preliminar hace 5 años por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Si bien Moreno no aparece como abogado de Toro ante la Corte, fue su apoderado en una denuncia contra un supuesto falso testigo.
Las revisiones de esos casos avanzan con tal rapidez que es muy posible que el poderoso senador Musa Besaile –quien ya confesó haber desembolsado 2.000 millones de pesos, en el 2015, para frenar su captura– no regrese a su curul, luego de la ampliación de declaración prevista para este martes.
Nuevos tentáculos
“Moreno me dijo que la plata era para su ‘papá’ y me dijo con los labios que era Bustos (…); luego escribió en un papel: Leonidas Bustos, presidente de la Sala Penal”, aseguró Besaile en La W en un intento por quedar en la orilla de las víctimas. Allí también se quiere situar su abogado, Ignacio Lyons, a pesar de tener varios vínculos con los supuestos extorsionistas.
En todo caso, Besaile, que hasta hace unos días juró que no tenía nexos con el escándalo; su abogado, Ignacio Lyons, y Leonardo Pinilla, socio de Moreno, son los pilares del proceso que involucra en la red de cobros a los expresidentes de la Corte Leonidas Bustos, Camilo Tarquino y Francisco Ricaurtey que amenaza con tocar a magistrados activos.
Por decisión de la Corte en pleno, a Gustavo Malo, ‘heredero’ en ese tribunal de Ricaurte y padrino de uno de sus hijos, le están revisando varios procesos, en especial el de Besaile por ‘parapolítica’, que completa tres años en su despacho.
Además, Malo se convirtió en el protagonista de otra línea de investigación revelada hace una semana por EL TIEMPO: los posibles cobros a personas que, gracias a los buenos oficios de los magistrados, fueron nombradas en la Fiscalía y en Fonade, fortín del senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías y en donde Ricaurte acumula contratos por 700 millones de pesos.
Este diario estableció que una hija de Malo es investigada por entrar ilegalmente a sedes de la Fiscalía, y ahora una fiscal local dice que iba a cobrarle plata.
Un convenio entre el entonces fiscal, Eduardo Montealegre, y Leonidas Bustos, cuando presidía la Corte, también está bajo la lupa. En este, firmado en el 2015, se ordenó conformar un equipo del CTI para que actuara como policía judicial al servicio del alto tribunal.
Desde hace un mes, se revisan nombramientos y actuaciones de esos servidores públicos.
Y también se indaga por la conducta de otros más, ligados al exmagistrado Bustos en las conversaciones que la DEA le grabó a Leonardo Pinilla y cuyo contenido este les ratificó a agentes federales que lo visitaron en La Picota.
Uno de ellos es Raúl Acero, exfiscal delegado ante la Corte, dueño de un BMW 525i que Bustos le vendió a Gustavo Moreno y que hoy rastrea la Fiscalía.
Acero ascendió en tiempos de Eduardo Montealegre y hace un año fue declarado insubsistente por el entonces fiscal encargado Jorge Perdomo. Pero interpuso una tutela, la ganó y fue reintegrado a la institución como delegado ante los tribunales de Bogotá, cargo que hoy mantiene, al igual que una estrecha cercanía con Bustos.
Zulema y Manzur
Sin embargo, la línea más amplia, escandalosa y jugosa de la investigación es, sin duda, la de los políticos que pagaron por beneficios o fueron presionados para obtenerlos.
Moreno, en calidad de abogado titular o suplente, es el hilo conductor de la investigación. Siguiendo esa ruta, este jueves la Sala Penal desempolvó el proceso por ‘parapolítica’ contra la exparlamentaria Zulema Jattin. La cordobesa le admitió a EL TIEMPO que, además de ser su apoderado ante la Corte en un proceso por corrupción, sostuvo una relación personal de un año con el exjefe anticorrupción.
A Jattin se le quitó el privilegio de libertad electrónica vigilada, que dice nunca haber violado saliendo del país. Y si bien continúa con detención domiciliaria, se alistan decisiones de fondo en el proceso por ‘parapolítica’, abierto hace una década. Este, ha estado en manos del magistrado Eyder Patiño, hoy ponente en el proceso por ‘parapolítica’ contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos, otro cliente de Moreno bajo investigación.
El expediente del exsenador Julio Manzur Abdala, libre desde hace un mes dentro de una investigación por presuntos nexos con ‘paras’, es otro de los que se revisa.
La Corte ya lo llamó para que ratifique las declaraciones de Wadith Manzur, uno de sus hijos, según el cual Moreno los abordó para pedirles un soborno al que ellos dicen no haber accedido. De hecho, Manzur habría servido de anzuelo para que Besaile agilizara los pagos al anunciarle que la captura de aquel, también de Córdoba, era inminente y que luego seguía él.
Ricaurte, sin fuero
A pesar del bombardeo de graves acusaciones, Leonidas Bustos continúa guardando silencio, y el mismo camino ha tomado otro señalado: Camilo Tarquino.
Ricaurte, por el contrario, no solo salió a negar los señalamientos. Ante los rumores de su inminente captura, se puso a disposición de las autoridades a través de su abogado Álvaro Luna Conde, quien dijo que su cliente no tenía intención de salir del país.
De hecho, su situación es la más compleja: esta semana, la Comisión de Acusación de la Cámara advirtió que no tenía privilegios como aforado. Y la Fiscalía, entidad a la que le corresponderá investigarlo, cree tener ya elementos suficientes para resolverle muy pronto su situación legal.
De nuevo, la declaración del senador Besaile es la que más lo enreda. Este dice que fue Ricaurte quien le recomendó contratar a Moreno, en el 2014. Además, que el magistrado estuvo en la antesala de una reunión en el hotel Marriott de Bogotá en la que Moreno le advirtió que ya estaba lista su orden de captura y que era el único que podía ayudarlo.
Moreno, la pieza central del engranaje de la corrupción judicial, envió esta semana un críptico mensaje: dijo que había gente aprovechándose de su “silencio temporal”.
Por el contrario, su socio en estos negocios ilegales, Leonardo Pinilla, ya está negociando un preacuerdo con la Fiscalía.
El llamado ‘Porcino’ también aceptó colaborar con la DEA, la agencia norteamericana que los grabó a él y a Moreno en Miami en plena negociación para torcer la justicia en favor del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.
Todo eso hace que, para Ricaurte, que lleva más de una década siendo uno de los grandes poderes de la justicia en Colombia y aspiraba, además, a convertirse en magistrado de la nueva Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el panorama sea complicado, a tal punto que sus allegados no descartan la posibilidad de que se convierta en el primer expresidente de una alta corte en ser detenido.
Por el contrario, los tiempos para la investigación en contra de Bustos son diferentes, pues para la época de los hechos denunciados por Musa Besaile era miembro de la Sala Penal y también presidente de la Corte Suprema de Justicia. Así las cosas, su expediente queda en manos de la desprestigiada Comisión de Acusación de la Cámara.
Eso significa que, en el mejor de los casos, la investigación penal propiamente dicha difícilmente podría darse, incluso, en el primer semestre del 2018. La razón: una eventual resolución de acusación debe ser aprobada por la Comisión en pleno y luego por la plenaria de la Cámara, que a su vez la envía al Senado para que, también tras votación con mayorías, finalmente sea remitida a la Corte Suprema de Justicia.
Y en ese caso, todos los magistrados de la actual Sala Penal deberían declararse impedidos, pues fueron elegidos cuando Bustos era miembro de la Corte y, por lo tanto, votó en su elección. De hecho, Bustos fue uno de los que se le atravesaron a la reforma de equilibrio de poderes, que eliminaba la cuestionada Comisión de Acusación y dejaba a los magistrados en manos de un Tribunal de Aforados.
Ante la resistencia a una reforma a fondo de la justicia, el procurador general, Fernando Carrillo, propuso esta semana desde incorporar mecanismos de autocontrol en las altas cortes hasta un referendo que habilite vías para tomar correctivos.
