Alcalde y Secretaria educación de Riohacha presos
Alcalde y Secretaria educación de Riohacha presos
Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original)
Alcalde y Secretaria educación de Riohacha presos por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 81 Penal de Bogotá con función de garantías, profirió medida de aseguramiento en contra del alcalde de Riohacha (La Guajira), Fabio David Velásquez Rivadeneira, y a la Secretaria de Educación de este municipio, Dilcey Yensith Acosta Novelys, como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.
En audiencia pública de imputación de cargos los dos funcionarios se declararon inocentes de los delitos endilgados por el ente acusador.
La Fiscalía los relaciona con irregularidades cometidas en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), a través de un contrato ejecutado mediante el convenio 002 de 2016 por un valor de 5.717 millones de pesos, dirigido a la población infantil indígena y vulnerable de esta municipalidad.
La delegada de la Fiscalía argumentó que es visible el grado de desnutrición de los menores de los estratos uno al tres, aportando elementos materiales que comprueban el ilícito.
“Son delitos de la mayor gravedad por tratarse de dineros públicos, sagrados, los cuales tenían un deber de cuidado y resguardo constitucional”, sostuvo el fiscal al solicitar la medida privativa de la libertad.
Se cuestiona la contratación de cerca de 5 mil almuerzos escolares por 900 millones de pesos, y un complemento alimentario para 16 mil niños por un valor cercano a los 3.100 millones de pesos.
“Los alimentos no son aptos para el consumo humano, de mala calidad o porciones insuficientes”, entre otras anomalías reveladas la Fiscalía.
De la misma manera, advirtió que los derechos de los menores de edad y de los niños prevalecen sobre cualquier otra legislación amparados en la Carta Política y códigos de rango constitucional y en los tratados internacionales.
También aseguró que la privación de la libertad era urgente y necesaria porque existe un evidente riesgo de obstrucción a la justicia por el poder político que ellos tienen en la región.
La Fiscalía en concordancia con la Procuraduría afirmó que la sociedad civil no puede ver libres a quienes les hacen daño a los niños apropiándose de su dinero mediante maniobras corruptas que deberán demostrarse en juicio.
