Abren dos nuevas investigaciones a la exsecretaria de Cultura de Santander por presunta corrupción
Abren dos nuevas investigaciones a la exsecretaria de Cultura de Santander por presunta corrupción
Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original)
La Procuraduría investiga posibles irregularidades en dos convenios suscritos con Funsocial, los cuales superan los $2.000 millones. La exsecretaria de Cultura y Turismo de Santander Mery Luz Hernández López tiene dos nuevas investigaciones abiertas por la Procuraduría General de la Nación (PGN), relacionadas con irregularidades en la suscripción de dos convenios con la Fundación de Trabajadores para el Desarrollo Social y Pacto para el Empleo de las Comunidades (Funsocial). Se trata de dos contratos cuyo valor sumado llega a los $2.746.108.664.
De acuerdo con el organismo de control, el primer contrato por el cual se investiga a la exfuncionaria fue suscrito en 2021 y tiene un valor de $654.108.664. En el caso también estaría involucrada Leticia Salazar Santamaría, quien, para entonces, ejerció funciones como supervisora.
“Se investigan presuntos sobrecostos en la compra de artículos para los ganadores del concurso departamental de mitos, cuentos y leyendas”, explicó la PGN en un boletín informativo.
Los premios en cuestión son los siguientes: 174 juegos de parqués, los cuales habrían sido pagados a $795.200 cada uno;28 computadores de 14″ a $4.850.000 cada uno; y 42 tablets a $2.090.450 cada unidad. Estos artículos estaban destinados a premiar a quienes quedaron en los primeros tres puestos en un concurso.
“[El juego de parqués] no es de oro, es de (papel) MF de 6 milímetros, quizás, con un plastificado sencillo, un vinilo plástico encima con el que le forran, algo que perfectamente en el mercado puede valer 20 mil pesosy ellos lo cobran a 795.000 pesos”, detalló el diputado Ferley Sierra a Noticias Caracol.
El segundo convenio que presenta irregularidades entró en vigor en 2022. Su valor es de $2.092.000.000, monto que se dividió en dos partes: la Gobernación aportó $1.460.000.000 y Funsocial, $632.000.000.
En este caso, la Procuraduría investiga tres cosas: la primera, si la Fundación de Trabajadores, en efecto, contaba con la capacidad económica requerida para dar los aportes que le correspondían; la segunda, si Funsocial tiene la experiencia necesaria para ejecutar contratos cuyas cuantías superan los $2.000.000; la tercera, si esta Fundación habría falsificado datos relacionados con su domicilio.
Este último aspecto involucra a la exsecretaria en la medida en que, al parecer, habría omitido inspeccionar “el cumplimiento de las formalidades contractuales”. Por lo cual, no se identificó la presunta falsificación de información.
Según la PGN, en esta segunda investigación también están involucradas la funcionaria, Yexica Nataliza Ardila Ruiz; y a la exfuncionaria, Carmen Alicia Serpa de Laguado, puesto que ejercieron labores de supervisiónen ese momento.
“Con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de faltas disciplinarias o si las implicadas actuaron al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad frente a los hechos denunciados, la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander decretó, la práctica de pruebas documentales y testimoniales, en ambos casos”, concluyó el organismo de inspección.
Otra investigación que pesa sobre la exsecretaria de Cultura
Hace menos de un mes, la Procuraduría abrió una investigación en contra de Hernández López, quien renunció a su cargo días antes de que empezara un debate de moción de censura que se llevó a cabo el 24 de julio, por la presunta pérdida de recursos por más de $1.000.000.000.
Este caso involucra un contrato suscrito con la Fundación de Emprendimiento Juvenil Social por $2.859.740.000, el cual tenía como objetivo financiar el proyecto Memorias Históricas de Tradición.
“Se habrían pagado incentivos facturados por $ 4′500.000 (Cuatro millones quinientos mil pesos), cuando realmente se entregaban $ 100.000 (Cien mil pesos) a los beneficiarios, según lo expuesto por artesanos y artistas de distintas provincias santandereanas”, detalló el organismo de inspección.
Además de eso, una queja radicada ante el Ministerio Público alegó que más de $1.000.000.000 debían estar dirigidos al apoyo de artesanos y artistas, pero, al parecer, fueron utilizados para pagar una tarima y el mobiliario. El pago de estos artículos en alquiler habría presentado sobrecostos, al igual que los premios mencionados en una de las investigaciones. “En algunos de los casos llegaron a estar hasta treinta vecesde su valor real”, señala la queja, citada por la Procuraduría.
