Al menos 80 alcaldes terminan sus períodos con líos por corrupción

Más de 80 alcaldes que terminan sus períodos el 31 de diciembre próximo están siendo investigados penalmente por casos de presunta corrupción.

Incluso, a varios de ellos ya les imputaron cargos y otros tienen medida de aseguramiento o se encuentran suspendidos por la Procuraduría. En esa misma situación están 102 concejales y nueve gobernadores del país.El caso más reciente registrado es el del alcalde de Inírida, Guainía, Camilo Andrés Puentes Garzón, quien fue capturado el pasado lunes por agentes del CTI de la Fiscalía.

Una semana antes habían sido capturados los alcaldes Milton Cuero Tejada, de El Charco; Johan Vásquez Moreno, de Mosquera, y Federman Riascos Lerma, de La Tola, Nariño. Todos son señalados de hacer parte de una red de corrupción que habría recibido pagos de particulares para gestionar irregularmente contratos con el objeto de realizar aparentes proyectos productivos del posconflicto y de atención a las poblaciones más vulnerables.

Según cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE), desde el 1.º de enero del 2019 hasta el 31 de agosto, se han registrado 324 hechos de corrupción contra la administración pública que involucran a 297 funcionarios. Los departamentos donde más se han presentado estos hechos son Valle, con 34 casos; Antioquia, con 32; Córdoba, 26; Cundinamarca, 24, y Sucre, con 24.

Pero las irregularidades con el manejo del presupuesto por parte de funcionarios locales y departamentales no son nuevas. A finales del año pasado, el informe ‘Así se roban a Colombia”, de la MOE, señala que entre 1991 y 2017 fueron condenados por casos de corrupción 679 funcionarios que habían sido elegidos en las urnas.

De ellos, el 65 por ciento eran alcaldes; el 15 por ciento, concejales, y el 20 por ciento. gobernadores.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, consideró como “gravísimo que la administración pública sea un botín” para los políticos y advirtió que desde la misma campaña los candidatos consiguen créditos y “hacen inversiones” para luego, con la plata de las administraciones, recuperar ilegalmente esos recursos.
“Es increíble la cantidad de dinero que se roban y que comprometen recursos fundamentales para el desarrollo de las comunidades”, dijo Barrios.

Riesgo para las elecciones

A las investigaciones penales se suman las disciplinarias a cargo de la Procuraduría y las fiscales que adelanta la Contraloría General, que busca la recuperación del dinero apropiado ilegalmente.

El procurador general, Fernando Carrillo, le dijo a este diario que “el tráfico de pesos y votos es la base de la explicación de la contratación local y regional”, y que las “empresas electorales mafiosas corroboran que la política es el mejor negocio para los corruptos”.

Pero, además, Carrillo llama la atención por las amenazas que se ciernen sobre el proceso electoral del 27 de octubre próximo, como lo son mafias electorales, violación de topes electorales, violencia electoral, trashumancia, entre otros. “Cualquier esfuerzo va a ser insuficiente para contener esa avalancha de dinero mal habido, que busca apoderarse de los cargos locales de elección popular”, advirtió.

Por cuenta de decisiones del Ministerio Público ya no están en sus cargos el exgobernador de Córdoba Edwin Besaile Fayad, que fue destituido e inhabilitado por 10 años, por los hechos de corrupción que involucran también a su antecesor, Alejandro Lyons Muskus.

Pero tal vez el caso más sonado en los últimos meses es el del polémico alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien renunció a mediados de septiembre, luego de conocer una nueva suspensión por tres meses por una presunta participación indebida en política.

Rodolfo Hernández Suárez, exalcalde de Bucaramanga.

La Procuraduría también tiene procesos abiertos contra los gobernadores de Nariño, Camilo Romero; del Tolima, Óscar Barreto Quiroga; de Quindío, Carlos Eduardo Osorio; el gobernador encargado de La Guajira, Wilbert Hernández Sierra, y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, quien se encuentra suspendido del cargo por tres meses.

Y por los lados de la Contraloría General se vienen adelantando investigaciones fiscales para intentar recuperar los recursos desviados a los bolsillos de mandatarios y particulares que se han lucrado con recursos estatales.

Entre ellos está el exgobernador Edwin Besaile, quien además de los procesos penales por los que ya fue imputado ante la justicia, aparece en investigaciones fiscales que comprometen alrededor de 4.000 millones de pesos por irregularidades relacionadas con proyectos de ciencia y tecnología.

Igualmente aparece en el expediente de la Contraloría una investigación en curso contra el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, vinculado a presuntas irregularidades por 56.000 millones de pesos. En este caso también es investigado su antecesor, Luis Alberto Monsalvo Gnecco.

‘Investigaciones por corrupción deben ser más ágiles’: Gerardo Andrés Hernández, director Transparencia por Colombia

La mayoría de investigaciones a alcaldes y gobernadores son por presunta corrupción, ¿estamos condenados a tener gobernantes corruptos?
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No, no estamos condenados a esa situación. Hay que entender que las investigaciones tendrán que surtir su procedimiento; por supuesto, si al final hay sanción en firme, debería proceder el cumplimiento de esta.

En los análisis que hemos hecho identificamos que los procesos más ágiles son los disciplinarios, que toman en promedio 4 años; los penales, un poco más, entre 4 y 8 años, y los fiscales también toman entre 4 y 8 años, en promedio. No es que estemos condenados a esa situación, lo que deberíamos estar alentando es que esos procesos se puedan adelantar de la manera más ágil.

¿El alto tiempo que toman los procesos juega en contra de un control más efectivo de la corrupción?
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Por supuesto, lo ideal sería que fueran mucho más ágiles, pero aún más, que fueran más rápidos en la recuperación de los recursos que fueron robados y la reparación a las víctimas del caso de corrupción.

Lastimosamente eso, hoy en día, tarda mucho en Colombia, y junto con una capacidad relativamente débil para recuperar recursos robados, hace que de alguna manera se incentiven los actos de corrupción. Esa es la lógica que tendríamos que entrar a revertir. Y si vamos un paso más atrás, lo ideal sería que eligiéramos a las personas que estén mejor capacitadas que esperar a que haya casos de corrupción.

Lo ideal es poder prevenir, deberíamos tener una gran capacidad de identificar cómo están ocurriendo los casos, de tal manera que su forma de operación sea mucho más clara para que las autoridades puedan tener mejores mecanismos para detectar y evitar que se materialice la corrupción.

Lo otro es que, según un informe que hicimos sobre casos de corrupción, un poco más del 30 por ciento de los involucrados eran alcaldes y funcionarios de alcaldías; realmente el poder del voto es muy fuerte, y si hoy elegimos personas que ya están cuestionadas, la probabilidad de que resulten enredados en algún tipo de caso es alta.
Lo tercero es contribuir a los mecanismos de detección, hay que fortalecer la denuncia responsable. Para eso también necesitamos mecanismos de protección a denunciantes mucho más efectivos.