¿Alguien protege al capo Marquitos Figueroa?

¿Alguien protege al capo Marquitos Figueroa?

Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)

Ha estado tres veces a punto de salir de prisión. Uno de sus sobrinos ya lo logró.

En los últimos 30 días, la Policía y la Fiscalía han tenido que esculcar expedientes por homicidio y desaparición, para evitar que�Marcos de Jesús Figueroa García, alias Marquitos Figueroa, regrese de nuevo a las calles.

A pesar de ser calificado como un delincuente de alta peligrosidad, en tres procesos diferentes su defensa ha logrado que se declare el vencimiento de términos y que se ordene que el capo, de 58 años, salga de la celda que ocupa en la cárcel de máxima seguridad de La Picaleña, en Ibagué.

Nadie se explica cómo los juicios en su contra no han comenzado, a pesar de que investigadores de la Dijín y de la Fiscalía han recaudado todos los elementos probatorios para que arranquen, con imputación de cargos incluida.

Dos se realizaron desde hace cuatro años –en octubre de 2015– por su presunta responsabilidad en los asesinatos del exsecretario de Invías de La Guajira Dilger Elkin de Jesús Becerra, registrado en Riohacha en el 2011, y de la exalcaldesa Yandra Brito, ultimada a tiros en agosto de 2012 en Valledupar, sin que se tenga aún un veredicto.

De hecho, a pesar de ese antecedente judicial, hace dos semanas logró obtener otra boleta de libertad, también por vencimiento de términos, porque en el proceso que se le sigue por el homicidio de Dani Deluque Taborda, alias ‘el Venezolano’, tampoco ha podido avanzar a la etapa de juicio.

Sino es por la imputación que se le hizo a última hora y en su propia celda por el crimen de Óscar Rodríguez Pomar, el llamado hijo del prestamista –caso en el que también se menciona al asesinado esposo de María Mónica Urbina–, Marquitos Figueroa estaría hoy en las calles.

EL TIEMPO investigó qué hay detrás de estas dilaciones y encontró versiones que van desde supuestos intereses políticos de cara al proceso electoral de octubre, hasta amenazas de muerte a testigos que han declarado contra Marquitos, pasando por denuncias contra funcionarios judiciales a quienes señalan de interferir en los procesos.

En efecto, tanto la familia de la exalcaldesa Brito como la del exdiputado Efraín Ovalle Oñate, en cuyo asesinato también se menciona a Marquitos, aseguran que un funcionario judicial estaría detrás de las dilaciones judiciales en al menos ese caso.

“Nos decidimos a elevar esta denuncia ya cansados de tanta injusticia y de ver cómo un funcionario, como el fiscal encargado del caso, desacredita y deslegitima a una institución como la Fiscalía General, y que con sus actuaciones nos ha revictimizado con su falta de ética profesional”, dice uno de los documentos conocidos por EL TIEMPO.

En el señalamiento se menciona a Hernando Alberto Reyes López, fiscal Primero Especializado contra Organizaciones Criminales y que se encuentra vinculado al organismo acusador desde 1994, con una hoja de vida destacada.

Al respecto, la Fiscalía informó que el funcionario fue apartado de estos procesos. Pero también advirtieron que Reyes contrademandó a sus denunciantes, por considerar falsos los señalamientos.�Además, señalaron que el caso sigue su curso y que están pendientes de una decisión.

Paradójicamente, la defensa del capo también ha denunciado supuestas anomalías dentro de los procesos en contra de su cliente.

El abogado Diego Londoño, uno de los apoderados del capo guajiro, les dijo a reporteros de este diario que en la Fiscalía tiene desde el 2012 un testigo al que, a su juicio, siempre se acude a última hora para que declare algo contra su cliente y así se le pueda imputar algún nuevo cargo.

De hecho, aseguró que hay investigadores judiciales a los que ya denunció por supuestamente darle dádivas a esa persona para declarar en contra del capo y de su clan.

“Ya tenemos evidencias que nos permiten corroborar nuestras denuncias. Además, a ese testigo no se le puede dar credibilidad, ya que es tan dudoso que si colabora con la Fiscalía desde el 2012, por qué no ha dicho todo lo que supuestamente sabe desde ese momento sino que habla por pedazos y en distintos momentos”, enfatizó el abogado.

A estas sombras se le suman amenazas de muerte contra varios testigos, cuyos nombres EL TIEMPO se abstiene de revelar para no poner en riesgo sus vidas.

En dichas intimidaciones se hace mención explícita al supuesto poder que el clan de Marquitos tiene “en toda la Rama Judicial de la Costa Atlántica” y recuerdan que ya hay dos jueces y un fiscal condenados por supuestamente favorecerlo.

En el tema de las amenazas, se indaga si el propósito es presionar a personas que servirán de testigos contra dos familiares del capo, que tienen cuentas pendientes con la justicia. Son ellos el prófugo Dailmer Paul Corrales Figueroa, alias Parru, sobrino y señalado jefe sicarios de Marquitos Figueroa.

Corrales ya pagó 3 años de cárcel por lavado de activos y también está vinculado a los homicidios de Yandra Brito y Dani Deluque Taborda. Pero, el pasado 21 de junio, un juzgado de Valledupar ordenó su regreso a las calles por vencimiento de términos. A Corrales se le señala también de ser socio de ‘Ñeñe’ Hernández.

También quedó en libertad, por vencimiento de términos, uno de los hijos del capo, Marcos Francisco Figueroa Fonseca. Le aparecen antecedentes por homicidio, desde 2014, y en abril de 2018 fue capturado por el homicidio de Juan Bautista Pérez Ruíz, exfuncionario de la Sijín en Fonseca, el municipio natal de su padre.

A su prontuario se le suma una denuncia por el presunto abuso de un menor de 14 años en medio de supuestas orgías que realizaba con sus lugartenientes en varias regiones de La Guajira.

El regreso a las calles del hijo y del sobrino de Marquitos Figueroa se da en momentos en que Hamilton García Peñaranda, otro sobrino del capo, aspira a llegar a la Alcaldía de Fonseca.

Ahora, a través de redes sociales, la fiscal a cargo del caso del crimen del hijo del prestamista ha recibido ataques.

“Lo que se dice de la funcionaria es falso: no es cierto que tenga una camioneta de 200 millones de pesos y que se la pase en Europa. Las dilaciones en ese proceso son atribuibles exclusivamente a la defensa del imputado y no a la Fiscalía”, le dijo a EL TIEMPO una alta fuente del ente acusador.

Para despejar dudas y darle celeridad y transparencia a los casos, este diario estableció que hay un grupo interdisciplinario de funcionarios judiciales está impulsando las investigaciones y atando cabos sueltos para evitar que Marquitos Figueroa regrese a las calles.